La carta está fechada en Zárate, 21 de abril de 2006, tiene nueve carillas, la letra de Alfredo Astiz y está dirigida al “Señor Coronel Augusto Benjamín Rattenbach”, hijo de Benjamín Rattenbach, cabeza de la comisión que investigó los errores políticos y estratégicos de Malvinas. “Con sorpresa leí en el diario La Nación de fecha 2 de abril del año 2006 un reportaje hecho a su persona haciendo comentarios sobre mi actuación en el conflicto del Atlántico Sur”, comienza la carta a lo largo de la cual Astiz discurre su actuación en las islas, luego de los dos párrafos que fueron proyectados en las audiencias del juicio de la ESMA en clave de confesión. Allí da cuenta como al pasar de su rol en la “guerra contra el terrorismo”, nombra a los organismos de derechos humanos como “organizaciones terroristas” y despotrica contra la “prensa” envuelta en una “campaña de propaganda” en su contra.

“Mi actuación en ese conflicto así como el que tuve que cumplir en el marco de la guerra contra el terrorismo fueron y son duramente cuestionados por sectores de la prensa, políticos y grupos afines a las organizaciones terroristas de ese entonces”, dice (ver imagen aparte). “Los grupos arriba mencionados fueron trasformando mi figura en algo emblemático, a pesar de ser en esa época un oficial subalterno (...). Dada la incapacidad de oponerme a la campaña de propaganda en mi contra, por estar en ese tiempo en actividad y por la desproporción de los medios (lucha que se mantiene al día de hoy), adopté como política no responder ninguna calumnia ni injuria. Pero cuando la persona que hace los comentarios es un militar, y para más un superior, me siento en la obligación de aclararle varios puntos...”.

La carta del “Angel Rubio” fue exhibida en la sala de audiencias de Comodoro Py como parte de los documentos que prueban la actuación de los 59 imputados juzgados en el megajuicio. La fiscal Mercedes Soiza Reilly, a cargo de este tramo de la lectura, señaló que la carta es parte de una serie de documentos reservados de las FF.AA. y en ella “se puede advertir el compromiso del imputado con lo que ellos llamaron lucha contra la subversión”.

Los alegatos del juicio ESMA unificada entraron la semana pasada a trabajar las pruebas sobre los marinos. A diferencia de otros debates, luego de recordar lo que cada uno de ellos dijo en su defensa, la fiscalía arrojó una enorme munición de documentos de todo tiempo cruzados con los testimonios de los sobrevivientes. En este caso la fiscalía se detuvo sobre Astiz. El juicio pasado dio por probado la infiltración en el grupo de la iglesia de la Santa Cruz, entre otros hechos, pero ahora avanza sobre uno de los casos difíciles de este debate: la imputación que pesa sobre él desde hace años por la joven sueca Dagmar Hagelin, por cuyo caso hasta ahora sólo fue condenado Emilio Massera durante el Juicio a las Juntas.

Astiz es el autor del tiro a la altura de la cabeza que la dejó mal herida antes de ser trasladada a la ESMA. Sin embargo, él sostiene que ya fue juzgado y sobreseído por esta causa. Durante el debate, la fiscalía discutió muy duramente ese punto. Reconstruyó el impresionante laberinto jurídico en el que quedaron atrapadas las denuncias que una y otra vez hizo el padre de Dagmar y el abogado Luis Zamora. Señaló qué fue lo que habilitó el sobreseimiento y cómo el caso refleja el modo en el que funcionó la Justicia: “Esta situación jurídica no debe ser dejada de esta manera”, dijo la fiscal.

Un caso emblemático

Dagmar Hagelin fue secuestrada el 27 de enero de 1977 cuando iba a visitar a su amiga, Norma Burgos, militante de Montoneros, secuestrada en la ESMA. Dagmar era sueca, tenía 17 años. El GT 3.3 esperaba a María Antonia Berger, sobreviviente de la masacre de Trelew, integrante de la organización. Astiz comandaba el operativo y, según narraron los sobrevivientes, ese día disparó a matar porque creía que Dagmar era María Antonia Berger. Los testigos vieron a Dagmar en la ESMA con la cabeza vendada, lúcida y coherente. Su padre, Ragmar Hagelin, no dejó de buscarla. Su causa movilizó hasta al primer ministro sueco Thorbjorn Falldin, que encabezó el reclamo internacional.

La primera huella judicial de esa búsqueda aparece el 15 de mayo de 1980. De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, ese día quedó asentada la denuncia en el Juzgado Federal 2 de San Martín. El juez remitió el expediente al comandante en jefe de la Armada para que lo destinara a un tribunal militar. El trámite quedó inmovilizado. El 17 de enero de 1984, el padre de Dagmar presentó otra denuncia, pero en el Juzgado Penal 4 de Morón cuyo titular también remitió el expediente al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Consufa). El Consejo, en esa ocasión, resolvió que como se trataba de los mismos hechos, debía darse por terminada la investigación.

El padre de Dagmar no frenó. El 28 de febrero de 1984 presentó una nueva denuncia en el Juzgado Federal 2 porque entendió que no obtenía respuesta de la Justicia ni del Consufa. El juzgado declinó su competencia en favor del Consejo Supremo. Ragmar insistió. Apeló a la Cámara Federal. Sus integrantes se pronunciaron en el mismo sentido. El 26 de febrero de 1985 las fuerzas castrenses recibieron el expediente y el 1º de marzo de 1985 emitieron una resolución en la que declararon el sobreseimiento de Astiz y su libertad.

Eso mismo se repitió más tarde. Con el patrocinio del abogado Luis Zamora, Ragmar apeló ante la Cámara Criminal. El 6 de junio de 1985, la Cámara declaró nula la resolución del Consufa y ordenó continuar con la investigación. El Consufa solicitó un juez de instrucción de la Armada para diligenciar la prueba. “Pero el 24 de abril de 1986 resuelve absolver a Astiz por ese delito sin siquiera mínimamente investigar lo que había pasado con la joven”, dijo la fiscal. El padre de Dagmar interpuso otro recurso ante la Cámara, que en este caso confirmó la sentencia pero modificó los fundamentos: entendió que la acción estaba prescripta por el paso del tiempo. Hagelin y Zamora insistieron. Una queja a la Corte. La Corte rechazó. La causa volvió al Consufa que dio por extinguida la acción penal.

“Como vemos, esta causa transitó por distintos tribunales, judiciales y militares, sin que ni siquiera se hayan preocupado de investigar estos hechos”, dijo Soiza Reilly. Para la fiscalía cada una de esas acciones fueron contrarias al derecho sin ningún tipo de sustento fáctico, hasta que comenzaron a transitar un camino de vuelta. “Quince años más tarde volvemos a ver a Zamora y al padre de Dagmar luchando para saber qué había pasado con su hija y cuál había sido su destino”, dijo la fiscal. Esta vez hacían una nueva presentación en el Consufa por entender que tenían nuevos elementos de prueba por los testimonios que certificaban el paso de Dagmar por la ESMA y pidieron la nulidad. El Consufa rechazó el pedido. Apelaron a la Cámara de Casación y a la Cámara Nacional de Apelaciones. Las dos se declararon incompetentes. Intervino la Corte. Resolvió que el tema debía pasar a la Sala IV de Casación. La Sala declaró la nulidad de las resoluciones de 1980 y 1995 del Consufa y corrió traslado a Hagelin padre, pero a pesar de esto declaró el recurso inadmisible.

“Zamora, apoderado de Hagelin y querellante en esta causa, al que tenemos todas las audiencias sentado en esta sala –dijo la fiscal a modo de homenaje–, presentó un recurso extraordinario por última vez ante la Corte que declaró procesalmente abierto el recurso. Es así que Casación dictó un nuevo pronunciamiento, revocó la medida de la Cámara Federal y envió el expediente al juzgado federal. Y aquí estamos –dijo ella–: 35 años después de iniciada la primera denuncia con un solo condenado por los hechos, ya que el 9 de diciembre de 1985 –durante el Juicio a las Juntas– se condenó a Emilio Massera y se dio por probada la intervención de la Armada en estos hechos”. En virtud de esto, la fiscalía entendió que “no se ha verificado la existencia entonces de un pronunciamiento judicial definitivo sobre Astiz que haya agotado la investigación y el juzgamiento sobre Dagmar Hagelin”. La Cámara de Casación, en consonancia con la obligación del Estado argentino de investigar estos crímenes, afirmó que la ausencia de una investigación y juzgamiento obliga a los tribunales a superar los obstáculos de índole formal. “El argumento de Astiz no puede prosperar” y dijo “por consiguiente solicitamos a ustedes jueces se lo condene por su participación en los hechos”.

La carta de puño y letra de Alfredo Astiz fue presentada como prueba en el juicio ESMA.