El Reino Unido sólo permitiría el ingreso de inmigrantes de otros países europeos cuando demuestren que tienen un contrato laboral garantizado, mientras que para quien no tiene un trabajo las puertas del país estarán cerradas. La iniciativa se desprende de una reforma planteada por la ministra de Interior, Theresa May, que pidió limitar la libre circulación de las personas dentro de la Unión Europea (UE) –garantizada por tratados constitutivos del mismo bloque– mientras persista la emergencia migratoria. La idea de la libre circulación, precisó May, es la razón de fondo de la crisis migratoria que se extendió en los últimos meses también a las fronteras del Reino Unido. Por eso, el gobierno del premier conservador David Cameron auspicia abiertamente las restricciones al que representa uno de los puntos cardinales de la Europa comunitaria.

Según interpretó la ministra de Interior, no se trata de atentar contra un derecho que en Bruselas todos (o casi todos) consideran principio clave. En todo caso, la propuesta es volver a los orígenes, antes del Acuerdo de Schengen –localidad de Luxemburgo donde fue aprobada esa norma clave–, pacto que la ministra británica considera es el origen de la crisis actual. May explicó al Sunday Times que cuando fue sancionado el Acuerdo de Schengen, en vigor desde 1995, la libre circulación significaba libertad de viajar por trabajo, “no libertad de atravesar las fronteras para tratar de conseguir un trabajo o usufructuar de los beneficios sociales”. Para la funcionaria británica, el actual nivel de inmigración no es sostenible, ya que pone demasiada presión sobre la infraestructura: viviendas y transportes o sobre servicios públicos como las escuelas y los hospitales. El flujo de inmigrantes desde otros países comunitarios se duplicó respecto a 2010. “Es por ello que la voluntad del gobierno de renegociar la relación entre Gran Bretaña y la UE es algo importante”, subrayó.