Desde Brasilia

Un golpe inminente y (mal) disimulado. Con el tono solemne de los jurisconsultos el senador Antonio Anastasia, del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), leyó ayer ante la Comisión Especial de Impeachment las 126 páginas de su dictamen a favor de la apertura de un proceso contra la presidenta Dilma Rousseff apoyado en referencias doctrinarias tomadas de la tradición consuetudinaria británica y la legislación estadounidense.

En casi dos horas de alocución el legislador del PSDB repitió la misma tesis frágil que se cita desde hace un año: la Constitución contempla el impeachment como un instituto adecuado para separar del cargo a un presidente que haya cometido algún crimen de responsabilidad (crimen de Estado) por lo tanto aplicarlo contra Rousseff es ajustarse a derecho.

Pero Anastasia no fue convincente al tratar de fundamentar por qué se echa mano de una ley “excepcional” como es el impeachment, tan grave como la que autoriza el estado de sitio –que requiere de una mayoría extraordinaria para su aprobación– contra una mandataria a quien se imputan desviaciones menores como son las “pedaleadas fiscales”. Que es así como se dio en llamar a los manejos contables con los que Rousseff se hizo de recursos a destinados, entre otros fines, a pagar planes de promoción rural y programas sociales.

Como dijo el constitucionalista Marcelo Lavenere: encuadrar a Rousseff en el impeachment por transgredir normas presupuestarias se asemeja a tratar con quimioterapia a una persona resfriada. “Los efectos terribles de la quimioterapia pueden matar al paciente”, señaló el martes en la Comisión Especial de Impeachment el experto Lavenere, al defender un argumento que contrario al utilizado ayer por el senador Anastasia, en lo que fue uno de los últimos pasos del “rito sumario”, según la definición de varios senadores del Partido de los Trabajadores. Se ve a las claras que la coreografía republicana es una justificación con vistas a la prácticamente inexorable separación del cargo de Rousseff pues no se hizo lugar a ninguno de los pedidos presentados por la Abogacía General de la Unión, que defiende a Dilma, para que se debata seriamente, y en extenso, sobre las pruebas de la parte acusatoria.

Se trata de colocar un biombo pequeño para ocultar a una verdad grande como es la del golpe en curso cuya mención es recibida como una ofensa. Así ocurrió la semana pasada cuando algunos senadores se molestaron ante la breve intervención del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel quien expresó en el recinto su solidaridad al pueblo brasileño y mencionó la palabra “golpe”. Que causó tanta irritación a un grupo opositor que debió ser borrada de la versión taquigráfica.

El laudo leído ayer por Anastasia, brazo derecho del ex candidato presidencial Aécio Neves que es uno de los referentes del plan destituyente, será votado mañana en la Comisión Especial donde la oposición se impondrá holgadamente ya que cuenta con 15 de los 21 miembros de ese organismo.

Posteriormente ese parecer se someterá al Plenario del Senado, posiblemente el 11 de mayo, donde se da por descontado que habrá un amplio respaldo a la apertura de proceso por lo que Rousseff será obligada a tomar licencia de su cargo por hasta 180 días en los que la jefatura de Estado será ejercida por el vicepresidente Michel Temer.

Por lo visto hasta el momento los senadores fracasaron en su propósito de guardar compostura para diferenciarse del grotesco visto en la sesión de la Cámara de Diputados el 17 de abril cuando decenas de congresistas apoyaron el enjuiciamiento de la presidenta con votos dedicados a sus esposas, hijos y dioses, sin fundamentar jurídicamente su decisión. Y un par en memoria de la dictadura y los torturadores. Ciertamente el mes pasado los diputados votaron para voltear a Dilma a como sea, conscientes del vacío legal de esa posición, algo que tiende a repetirse la semana próxima en la Cámara alta.

Hubo un tumulto ayer al inicio de la exposición del senador Anastasia que fue cuestionado por los colegas del PT Gleisi Hoffmann y Lindeberg Farias. La petista Hoffmann dijo que el documento presentado por Anastasia no pasaba de un fraude, pues el legislador opositor lo elaboró sin asistir a parte de los debates de la Comisión Especial cuando fueron presentados los fundamentos del gobierno.

Mientras Farias definió como “cinismo” al hecho de que se haya escogido a Anastasia como relator, siendo que cuando éste fue gobernador del estado de Minas Gerais aplicó 55 veces las medidas contables conocidas como “pedaleadas fiscales”. Horas antes de la sesión en el Senado la presidenta habló con la prensa en el Palacio del Planalto donde manifestó su sorpresa al tomar conocimiento de que el fiscal general Rodrigo Janot, había enviado a la Corte un pedido para que se la investigara.

El motivo alegado por Janot es que Rousseff habría intentado burlar a la justicia cuando designó como ministro al ex presidente Lula, cuando estaba en la mira del juez de primera instancia Sergio Moro, a cargo de la causa por corrupción a costillas de Petrobras, en el escándalo del “Petrolao”.

Por tratarse de una causa que está bajo secreto de sumario Dilma afirmó que quienes la filtraron a la prensa están movidos por intereses políticos “inconfesables”. Y no se quedó en eso: dijo que haber entregado a los medios este pedido de procesamiento demuestra que quien lo hizo busca incendiar el ambiente político justo antes de que se debata en el Senado el inicio de un impeachment.

Fue una declaración de tres minutos, los suficientes como para demostrar la sospecha de que la Fiscalía se asoció a la estrategia destituyente. En la que Dilma es uno de los blancos y Lula el otro, pues también se recomendó a la Corte que lo investigue por el “Petrolao”. Debajo de esta segunda iniciativa judicial podría soslayarse otra motivación política,la de imputar al líder del PT para proscribirlo de las elecciones de 2018.