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Un juez chileno pidió ayer la extradición de tres militares uruguayos implicados en el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos, un químico chileno que durante la dictadura de Augusto Pinochet trabajó como agente de la policía secreta del régimen. El juez Alejandro Madrid quiere juzgar en Chile a Tomás Casella Santos, Eduardo Radaelli Cóppola y Wellington Sarli Pose, que habrían colaborado con los militares chilenos que secuestraron a Berríos y lo llevaron a Uruguay. Allí se lo vio por última vez en noviembre de 1992, pero en abril del ‘95, su cadáver apareció en una playa de El Pinar, cerca de Montevideo. La decisión del juez Madrid deberá ser ratificada por la Corte Suprema chilena.
Durante la dictadura de Pinochet, Berríos fue agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la primera policía secreta del régimen militar, que funcionó hasta 1978. Con la vuelta de la democracia, en 1991 Berríos fue llamado a declarar por el atentado que en 1976 le costó la vida al ex canciller chileno, Orlando Letelier, en Washington. Pero para no comparecer ante la Justicia Berríos huyó a Uruguay custodiado por militares chilenos. Una vez en ese país logró escapar y pidió ayuda a la policía uruguaya, que finalmente lo devolvió a sus custodios el 15 de noviembre de 1992. Desde ese día no se supo nada más de este químico experto en gas sarín. Recién tres años después se encontró su cuerpo baleado en la arena de la playa de El Pinar. Según los forenses, Berríos murió en el ‘93.
Además de la resolución que afecta a los uruguayos, el juez Madrid agregó a otros once nuevos imputados por su responsabilidad en la causa, que pasó a llamarse “Operación Silencio”. Entre ellos figuran los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, ambos ex directores de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), y el capitán en servicio activo Pablo Rodríguez Márquez, por el secuestro y asesinato de Berríos. Para Madrid, la DINE habría coordinado con militares uruguayos un operativo para eliminar a Berríos. Según las investigaciones, Berríos pidió ayuda a la policía uruguaya porque temía que lo asesinaran por todo lo que sabía sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.
En el proceso paralelo que se reanudó en abril pasado en Uruguay, el juez Pedro Salazar investigó la participación de los ex jefes militares en el secuestro de Berríos. Si la Corte Suprema chilena ratifica el pedido del juez Madrid, este último solicitaría a la Cancillería uruguaya la extradición de estos militares. Además de los uruguayos Tomás Casella Santos, Eduardo Radaelli Cóppola y Wellington Sarli Pose, en el caso están implicados los policías Elio Hernández, jefe de la comisaría en la que Berríos quiso refugiarse, y Ramón Rivas, jefe de la Policía del departamento de Canelones, donde está la comisaría.
Según testigos que declararon en Chile en causas por los desaparecidos durante la dictadura, el gas sarín que preparaba Berríos en los laboratorios de la DINA fue utilizado para asesinar a opositores del régimen pinochetista. Además, este químico fue vinculado con la muerte del ex presidente chileno Eduardo Frei Montalva, que gobernó entre 1964 y 1970 y murió a los 71 años de una extraña infección cuando estaba internado en una clínica de Santiago, el 22 de enero de 1982. En plena dictadura de Pinochet, Frei Montalva se proyectaba como el líder de la oposición al régimen militar. En julio pasado, el tribunal de Apelaciones de Santiago instruyó al juez Madrid para que estudiara el desafuero de Pinochet para privarlo de su inmunidad y establecer su eventual responsabilidad en el caso Berríos. Pero, hasta ahora, el magistrado no se pronunció sobre esta posibilidad.