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El conflicto entre Bolivia y Chile vivió un nuevo capítulo luego de que La Paz afirmara que elevará una denuncia ante una presentación de Santiago por el río Silala. El presidente de Bolivia, Evo Morales (foto), adelantó que su gobierno acudirá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya con una “contrademanda” por el supuesto robo y uso ilegal de las aguas del Silala, en respuesta a la movida de la administración de Michelle Bachelet, que anunció anteayer una demanda para que el tribunal de Naciones Unidas determine si el Silala es un río internacional y, en ese caso, si sus aguas deben ser compartidas ambos países.

“¿Cuál es el argumento para la contrademanda? Para entenderlo en términos populares, nos roban, usurpan, usufructúan nuestras aguas del Silala y nos demandan”, sostuvo Morales en una rueda de prensa en la región de Cochabamba. El mandatario reconoció que no es sorpresa la demanda de Chile y resaltó el hecho de que el país vecino no ponga en duda esta vez la competencia de la CIJ para tratar el tema, contra lo que ocurrió con la demanda presentada en 2013 por su Gobierno sobre el centenario reclamó boliviano de salida al mar.

“Es una alegría que ahora el Gobierno de Chile respete el Pacto de Bogotá y que ahora el Gobierno de Chile no vaya a dar ninguna objeción a la competencia de La Haya. Es lo más importante, que respeta el derecho internacional el Gobierno chileno”, manifestó el jefe de Estado. Bolivia sostiene que el Silala, en la región andina de Potosí, no es en sí un río sino una serie de manantiales o vertientes que fluyen hacia Chile por canales artificiales construidos en 1908 para el aprovechamiento de la empresa chilena Bolivian Antofagasta Railway, por lo que varias veces reclamaron una compensación económica al Gobierno chileno y a empresarios por el uso del recurso hídrico.

Chile considera que se trata de un río internacional y que corresponde que ambos países lo utilicen. En su presentación de anteayer, Santiago pidió que La Haya ordene a Bolivia “tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile como consecuencia de sus actividades en las proximidades del río Silala”. Santiago aceptó en 2006 pagar por el 50 por ciento del uso de las aguas del Silala hasta que un equipo técnico definiera la propiedad del resto.