Desde Río de Janeiro

Luego de ver, en las últimas semanas, el gobierno interino de Michel Temer, nacido del golpe institucional que intenta legitimarse en el Senado, ocupar el foco central de denuncias de corrupción, Brasil asistió ayer a la vuelta de las acciones policiales contra el PT. Para Temer, que en 35 días perdió a tres ministros acusados de corruptos, ha sido un alivio.

Y el regreso se dio a lo grande: detuvieron en Brasilia, apenas amaneció el día y con el habitual despliegue tan a gusto de los medios hegemónicos de comunicación, a Paulo Bernardo, que fue ministro de Planificación de Lula da Silva y de Comunicación con Dilma Rousseff. Esta vez, la detención no partió del mediático juez de primera instancia Sergio Moro, sino de un colega de San Pablo. Con eso, quedó claro que las investigaciones ya no se concentrarán solamente en Curitiba, que seguirá cuidando exclusivamente del esquema de corrupción instalado en la Petrobras. Por tratarse de otra acusación –esta vez, el origen de desvíos estaría en el ministerio de Planificación–, el abanico judicial se extendió.

El juez encargado de esa nueva investigación, Paulo de Azevedo, optó por utilizar un recurso que se hizo habitual en las acciones de su mesiánico colega Moro: mantener sospechosos o denunciados en prisión hasta que acepten hacer la “delación premiada”, o sea, contar todo lo que saben (o que dicen saber) a cambio de la libertad o de reducción substancial de condena.

Para completar el espectáculo, la policía federal allanó la sede nacional del PT, en San Pablo, además de las residencias de Paulo Bernardo en Brasilia y Curitiba, y sus efectivos llevaron, bajo el método de ‘conducción coercitiva’, que corresponde a una detención temporal, a otro ex ministro de Dilma, Carlos Gaba. También fue detenido el secretario de Gestión de la ciudad de San Pablo, Valter Correia, uno de los más importantes auxiliares del intendente Fernando Haddad, que intentará la reelección en octubre.

Hubo al menos una evidente irregularidad en las acciones determinadas por el juez Paulo Azevedo: el magistrado se olvidó de que en los inmuebles ocupados por Paulo Bernardo también reside su esposa, Gleisi Hoffmann, que es senadora y, por lo tanto, escapa totalmente de su jurisdicción. Los allanamientos solo podrían ser determinados por el Supremo Tribunal Federal, una vez que la senadora tiene inmunidad parlamentaria asegurada por la Constitución.

Tanto el ministerio Público como la policía federal acusan a los detenidos de armar un esquema de corrupción en el ministerio de Planificación, que resultó en desvíos de cien millones de reales (algo así como unos 29 millones de dólares).

Integrantes del operativo aseguraron que parte del dinero fue destinado a gastos electorales, y parte a coimas personales.A cierta altura, dijeron que se tomó como ‘agravante’ algo que el ex senador Delcidio Amaral dijo en su ‘delación premiada’: Paulo Bernardo ‘tiene mucha fuerza política’ y es ‘muy influyente’. Bueno, hasta para las piedras de los parques de Brasilia reconocen eso. Al fin y al cabo, nadie permanecería seis años como ministro de Lula y otros cuatro ocupando un ministerio con Dilma si no tuviese fuerza política y no fuese influyente.

Para justificar la severidad de la prisión preventiva –que puede extenderse por meses– el argumento ha sido que, de mantenerse en libertad, Paulo Bernardo podría poner en riesgo toda la investigación. Cómo, no se sabe, al menos que exista alguna prueba secreta de que el ex ministro estaba interviniendo en el curso del operativo.

Los abogados de Bernardo dijeron que su prisión ha sido ilegal, y que él jamás participó de esquema alguno mientras fue ministro de Planificación. La dirección del PT, por su vez, dijo que todo el espectáculo de invasión y allanamiento de la sede nacional fue “abusiva y absolutamente innecesaria, un claro intento de criminalizar al partido” (ver recuadro).

Hay detalles curiosos. Por ejemplo: el operativo ocurrió tres días después de que el ministro interino de Justicia, Alexandre Moraes, hiciese una “visita protocolar” al juez Sergio Moro. Alexandre Moraes tiene, en su breve curriculum, algunos pocos destaques. Fue abogado de Eduardo Cunha, el bandolero que presidió la Cámara de Diputados y abrió el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Además, mientras ocupó la Secretaría de Seguridad Pública de la provincia de San Pablo, respaldó alegremente las acciones extremamente truculentas a la hora de reprimir manifestaciones de alumnos de secundaria. La imagen de los trogloditas de la policía militarizada arrastrando y agrediendo a muchachos y muchachas quinceañeras bajo aplausos de Moraes quedó pegada a su fugaz biografía.

Como en el Brasil de hoy creer en coincidencias equivale a asegurar la existencia de la Cenicienta, no habrá sido mera casualidad que la ofensiva contra el PT se concentre en el marido de Gleisi Hoffmann, que en el Senado es una de las más fervorosas defensoras de Rousseff.

Es más que evidente que al volver sus cañones otra vez contra el PT (ningún otro partido denunciado tuvo su sede allanada, ningún figurón de los partidos que integran el gobierno interino fue detenido) mientras avanza en el Senado el juicio de Dilma Rousseff no es obra del azar.

Ayer ha sido día de anchas sonrisas en el palacio interinamente ocupado por un presidente que pretende permanecer sentadito en un sillón presidencial sin haber recibido un único, miserable voto.