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El acuerdo de alto el fuego bilateral y definitivo firmado ayer por el gobierno colombiano y las FARC es el quinto de una amplia agenda convenida previamente por las partes para lograr la paz en el país.

Las negociaciones, que comenzaron en La Habana el 19 de noviembre de 2012, desarrollan un temario que incluye el desarrollo agrario, la participación política, la lucha antidrogas, el reconocimiento, la justicia y reparación de los cerca de siete millones de víctimas y el fin del conflicto propiamente dicho. Con estos puntos, que están sometidos al modelo de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, las partes esperan sentar las bases de la transformación política, económica y social para construir un país en paz. Las negociaciones partieron del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, suscripto el 26 de agosto de 2012.

La Política de Desarrollo Agrario Integral es el primer punto de la agenda, acordado el 26 de mayo de 2013. Incluye aspectos como el acceso y uso de la tierra, en el que se destaca la creación de un fondo de tierras para campesinos desposeídos y un plan masivo de formalización de la propiedad. Además, prevé la implementación de planes nacionales rurales, con acciones para proveer bienes y servicios públicos en materia de infraestructura y adecuación de tierras, desarrollo social, estímulos a la productividad y programas de desarrollo con enfoque territorial.

La Participación Política es el segundo de los puntos, acordado el 6 de noviembre de 2013. Busca una apertura democrática con la participación de nuevas voces y proyectos políticos al facilitar la creación de partidos y fortalecer los mecanismos para promover la transparencia en los procesos electorales y la participación en estos. También incluye garantías para la oposición política, una mayor participación ciudadana y la ruptura del vínculo entre política y armas que permitirá que las FARC se conviertan en un movimiento político.

Otro de los acuerdos, anunciado el 16 de mayo del 2014, es la Solución al problema de las drogas ilícitas. Estipula la creación del programa nacional integral de sustitución y desarrollo alternativo que tendrá un capítulo especial dentro del acuerdo de reforma rural integral. Asimismo establece que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico sea parte de una estrategia integral para desarticular las redes de este delito, el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos y plantea nuevas acciones contra la corrupción asociada al narcotráfico.

También se llegó al Acuerdo sobre las víctimas, que se selló el 15 de diciembre de 2015, que incluye el apartado de justicia transicional. Contempla la creación de un sistema integral conformado por mecanismos judiciales y extrajudiciales que se implementarán para garantizar los derechos de las víctimas con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.