El Senado brasileño escuchó por última vez ayer los argumentos de la defensa y la acusación en el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Ahora se apresta a dictar la sentencia definitiva, prevista para hoy. Mientras tanto, en las calles los movimientos sociales bloquearon accesos en San Pablo con quema de neumáticos con la consigna “Fuera Temer”.

En sus últimas intervenciones, la parte acusadora y la defensa no aportaron nada nuevo, reiteraron alegatos esgrimidos a lo largo del proceso. Tampoco parecieron convencer a unos senadores que, en su mayoría, dicen tener ya una opinión formada y que según sondeos que publicó la prensa local, decididamente favorable a la destitución. La presidenta, suspendida de sus funciones desde que se instauró el proceso, el pasado 12 de mayo, responde por la emisión de tres decretos que alteraron los presupuestos sin la venia del Congreso y atrasos en depósitos en la banca pública que generaron costosos intereses y se configuraron como créditos, según la acusación.

Tomó primero la palabra la abogada de la acusación, Janaina Paschoal, quien consideró probados todos los cargos contra la mandataria y exigió al Senado su destitución. “El fraude está comprobado y los senadores no pueden votar al margen de esa realidad”, declaró Paschoal, quien dijo apoyarse en declaraciones de los testigos escuchados, las “voluminosas pruebas” presentadas por la acusación y los propios balances del Estado, en los que sostuvo que se reflejan todas las irregularidades.

Paschoal también respondió con vehemencia a la tesis del golpe esgrimida por Rousseff y su defensa para descalificar al proceso. “Nada ha sido hecho fuera de la legalidad. Es un proceso que es del pueblo, de cada uno de los brasileños que se manifestó en las calles contra Rousseff”, indicó en alusión a las multitudinarias protestas que ocurrieron durante el año pasado, en las que llegaron a participar casi cuatro millones de personas.

Por su parte, el abogado defensor, José Eduardo Cardozo, le respondió indignado a Paschoal, durante su alegato de defensa. Cardozo, ex ministro de Justicia y ex Abogado General de la Unión del gobierno de Rousseff insistió en que se habrá consumado un golpe si Rousseff fuera condenada y culpó de esa conspiración a una elite política y económica. En un encendido discurso, Cardozo sostuvo que las acusaciones son tan técnicas, tan sofisticadas y tan confusas, que la enorme mayoría de los brasileños no entiende de qué la acusan. “El pueblo que eligió a la presidenta no sabe el delito por el cual puede ser condenada y expulsada del cargo”, sostuvo.

Según el abogado, Rousseff fue acusada porque fue reelegida en 2014 afrontando los intereses de aquellos poderosos que querían cambiar el rumbo de Brasil y porque facilitó las investigaciones sobre corrupción. Cardozo afirmó: “Los derrotados de 2014 se confabularon con los sectores económicos y entonces decidieron destituir a una mujer incómoda construyendo la tesis de una irregularidades que no son, que no existen y que no han sido probadas”. “Pido a Dios que si ella fuera condenada, un día un ministro de Justicia le pida disculpas. A ella, si estuviera viva, o a sus nietos, si ya hubiera fallecido. Pero que sea, para que la Historia honre a esta mujer”, concluyó el abogado con emoción su alegato. Palabras similares expresó después ante los periodistas, en los que reiteró, pero sollozando, que “la Historia deberá pedir perdón”.

Tras las últimas exposiciones de la defensa y la acusación, le tocó el turno a los 81 senadores, que podían tomar la palabra durante diez minutos. Según estableció el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, quien dirige la sesión como garante constitucional del proceso, hubo entonces un receso hasta hoy, que será dictada sentencia. Para que Rousseff sea desalojada de la Presidencia será necesario que así lo decida una mayoría calificada de 54 votos, que equivalen a dos tercios de los escaños. El resultado se conocerá de inmediato y, una vez proclamado por el presidente del Supremo, Rousseff estará fuera del poder o, por el contrario, si fuera absuelta, recuperaría el cargo y relegaría otra vez a la vicepresidencia al presidente interino, Michel Temer.

Si Rousseff es destituida, será el fin de 13 años del gobierno de los Partido de los Trabajadores (PT), que había llegado al poder en 2003 con Luiz Inácio Lula da Silva, que impulsó reformas sociales innovadoras y motorizó el ascenso social, pero la fuerza de izquierdas se transformó en ejes de escándalos de corrupción, como el Petrolao. El vicepresidente en ejercicio, Temer, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), negoció hasta ultimo momento con senadores para que no haya sorpresas, ya que el interino espera que haya 60 votos, 6 más de los 54 necesarios.

Por otro lado, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva hizo los últimos intentos, durante un almuerzo de trabajo con Rousseff, con llamadas a senadores, para convencerlos de cambiar el voto, teniendo en cuenta que a inicios de agosto el Senado acogió la denuncia con 59 votos contra 21, un resultado del cual se espera algo parecido.

Si Temer es confirmado, será la tercer vez que el PMDB ostente la jefatura del Estado, aunque nunca lo hizo por el voto directo: la fuerza, que domina el Congreso desde 1985, eligió a José Sarney por la vía parlamentaria tras la dictadura militar y gobernó con Itamar Franco entre 1992 y 1995, siendo este vicepresidente del renunciante Fernando Collor de Mello. Rousseff, de 68 años, defendió el lunes su biografía, su pasado de presa política por luchar contra la dictadura y clamó su inocencia por los delitos de responsabilidad que se le atribuyen: tres decretos para redistribuir el presupuesto y las llamadas “pedaleadas fiscales” para usar dinero de los bancos públicos y subsidiar el plan agrícola 2015.

Mientras el PT y sus aliados denuncian un golpe parlamentario, la base de Temer, encabezada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) de Aecio Neves, derrotado por Rousseff en 2014, ya cantaba victoria por anticipado en los corredores del Senado y remarcaba que el juicio político es un proceso constitucional.