Al menos quince víctimas del terrorismo de Estado trasandino lograron desclasificar documentos que dan cuenta de las torturas sufridas entre 1973 y 1990, cuando fueron detenidas por agentes militares. Con esta iniciativa, los ex presos políticos logran romper, por primera vez, con un largo silencio que decretó que los archivos debían mantenerse en secreto hasta 2054. Quince carpetas forman parte de la información recabada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, organismo creado en 2003 con el objetivo de esclarecer la identidad de las 40.000 personas que fueron detenidas y torturadas por razones políticas.

La documentación contiene fotografías, recortes de prensa y fichas de las víctimas, además de la transcripción de los testimonios de los denunciantes, en los que aparecen nombres y descripciones de sus captores y torturadores. “Recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado. Nosotros tenemos que ser los dueños de esa información y poco a poco debemos entregársela a la sociedad. Ahora está en nuestras manos un pedazo de la verdad”, señaló Scarlett Mathieu, una de las ex presas políticas de la dictadura que el jueves recuperaron la carpeta vinculada con su caso.

Mathieu, que tras el golpe de Estado integró la red periférica de apoyo al MIR (Movimiento de Izquierda revolucionaria), fue detenida en 1974 y torturada durante ocho meses. En 2003 nombró ante la Comisión Valech a los agentes que la torturaron durante su cautiverio. “Me gustaría que mi testimonio saliera a la luz y que los nombres de quienes me torturaron pudieran ser conocidos por la ciudadanía. Yo sólo pude reconocer a cinco agentes, pero había más. Es importante que muchas más víctimas hagan lo mismo, para que se pueda cruzar la información y armar un mapa completo de la represión”, explicó.

Los testimonios, documentos y antecedentes aportados a la Comisión Valech debían permanecer en secreto por un plazo de 50 años, según determinó la ley 19.992, conocida como Ley Valech, que establece la entrega de pensiones de reparación para las víctimas de la dictadura. Según argumentó el entonces presidente Ricardo Lagos, quien promulgó la ley, el objetivo de la medida era proteger la dignidad de las víctimas que no querían que sus familias supieran de las torturas que sufrieron durante la dictadura.

Hasta el momento, el acceso a esa información no sólo estaba vedado a la ciudadanía, sino también a los jueces, que no podían conocer los antecedentes sobre los casos de represión. La actual presidenta, Michelle Bachelet, prometió en su campaña electoral que estudiaría el tema, pero fue la iniciativa de un artista visual chileno la que permitió romper con el secreto. “Desclasificación Popular” es la campaña artístico-política de Francisco “Papas Fritas”, un transgresor artista que junto a un equipo de periodistas y abogados encontró la forma legal de forzar al Estado chileno.