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El juez que investiga en Chile la responsabilidad del ex dictador Augusto Pinochet en el asesinato del general Carlos Prats anunció que viajará a Estados Unidos para interrogar a Michael Townley y a Armando Fernández Larios. Ambos participaron en los asesinatos de Orlando Letelier y de Prats y viven allí bajo protección especial. Hoy los jueces analizarán el recurso de amparo presentado por la defensa de Pinochet y que paralizó la orden de arresto dictada por el juez Juan Guzmán Tapia en el marco de la causa Operación Cóndor.
El juez Alejandro Solís informó que a principios de febrero participará de un interrogatorio a Michael Townley y Armando Fernández Larios, ex agentes de la DINA, la policía secreta del régimen del general Pinochet. En 1974, el general Prats y su esposa Sofía Cuthbert murieron en un atentado con una bomba que estalló bajo su auto en Buenos Aires, donde se habían refugiado tras el golpe de Pinochet (1973-1990). Ambos agentes viven bajo protección en Estados Unidos después de que admitieron su participación en el asesinato del ex canciller socialista chileno Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit en 1976, en pleno centro de Washington. Solís pidió autorización para viajar a Estados Unidos después de someter a juicio a siete miembros de la cúpula de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), encabezada por el general retirado Manuel Contreras. El juez obtuvo el desafuero de Pinochet para privarlo de la inmunidad que posee como ex presidente, en un trámite aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago que debe ser ratificado o revocado por la Corte Suprema.
El agente Michael Townley, de nacionalidad estadounidense, obtuvo la protección del Departamento de Justicia de su país en 1979, cuando reconoció que trabajó para la DINA y fabricó la bomba que mató a Letelier. Townley también confesó que fabricó el explosivo instalado bajo el automóvil de Prats, vicepresidente y ministro del Interior bajo el gobierno del presidente socialista Salvador Allende.
El asesinato de Prats fue investigado por la Justicia argentina, que en 2000 condenó a prisión perpetua al ex agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel. Armando Fernández Larios, quien reside en Miami, tenía el grado de mayor en el ejército chileno que comandaba Pinochet, cuando en 1987 viajó secretamente a Estados Unidos, desertó de las filas militares y admitió que participó en el complot contra Letelier por órdenes superiores.
En la causa por la Operación Cóndor, los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago hoy analizarán el recurso de amparo que paralizó la orden de arresto dictada el lunes por el juez Juan Guzmán Tapia. Los jueces de la Cuarta Sala de la Corte deben acoger o rechazar la petición de los abogados de Pinochet después de que Guzmán Tapia lo inculpó por los crímenes de la Operación Cóndor. De acogerse el amparo, el proceso quedará detenido hasta el pronunciamiento de la Corte Suprema. En cambio, si los jueces rechazan el recurso, se ejecutará de inmediato la detención domiciliaria de Pinochet.
El juez dijo a El Periódico de Barcelona que el ex dictador “no está demente” y que “tiene discernimiento”. Tras explicar que “su situación procesal se ha complicado mucho”, Guzmán admitió que “como ser humano siento que haya debido enfrentar todos sus encuentros ante la Justicia a tan avanzada edad y con su salud tan deteriorada, pero las investigaciones judiciales tienen que llegar al fondo de la verdad”. Al comentar la calificación del abogado de Pinochet que dijo que el procesamiento de su cliente era un “abuso contra los derechos humanos”, el juez dijo que los letrados tienen el derecho de expresar lo que piensan pero “siempre en términos respetuosos” y dijo que la reacción de Pablo Rodríguez le recordaba a los tenistas “cuando lanzan la raqueta al suelo, rompiéndola”.