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Las siete de la tarde era la hora señalada. Sin embargo, el debate que culminó con la acusación contra el juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano por “mal desempeño” empezó a las 20 y dos horas después era aprobado por una amplia mayoría. A lo largo de la sesión el resultado comenzó a hacerse previsible, pero los argumentos y la incógnita sobre si se lograrían los dos tercios necesarios para la acusación mantuvieron alta la expectativa. Mientras el ucedeísta Mauricio Bossa calificaba la situación de “telenovela”, el socialista Héctor Polino lo corrigió al mencionar el “drama” de la existencia de la Corte adicta al poder. Y finalmente el radical Juan Mínguez optó por denominar “tragedia” al deterioro institucional. La nota distintiva la puso el diputado del ARI Adrián Pérez, al anunciar que su bloque recusará a los senadores justicialistas Miguel Angel Pichetto y Jorge Yoma por “prejuzgamiento”, dado que declararon que la renovación de la Corte era un proceso “agotado”.
Ultimo sobreviviente de la mayoría automática menemista, Bo- ggiano deberá afrontar ahora el juicio político en el Senado. Por ese proceso fue destituido Eduardo Moliné O’Connor, mientras que Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez prefirieron renunciar antes. Algunos pronósticos indican que Boggiano podría seguir los pasos de estos últimos.
El dictamen de la Comisión de Acusación fue aprobado en el recinto de la Cámara baja por 159 votos contra 6,y 5 abstenciones. Se basó en catorce cargos por la actuación que tuvo Boggiano en los casos Dragonetti de Roman, Macri y Meller. Por ese mismo caso, que se convirtió en la médula de la acusación, el Senado destituyó a Moliné O’Connor. Además, está abierta la causa contra ex funcionarios menemistas, como María Julia Alsogaray, por haber convalidado el reclamo de esta firma cuando era interventora de Entel, que hoy implica 400 millones de pesos en bonos.
El vocero de la acusación fue el presidente de la comisión, Ricardo Falú, quien señaló que la actitud de Boggiano en este caso fue peor que la de Moliné. “Dentro de la mala conducta, al menos tuvo una posición y la mantuvo, mientras que Boggiano cambió de opinión de modo más que sospechoso: escandaloso.” Según el legislador, “ambos convalidaron un caso fraudulento y no ejercieron el control de constitucionalidad que debían”. Pero en el caso de Boggiano, dos meses después de haber rechazado los argumentos de la empresa Meller, y un día antes de la sentencia, “sacó conejos de una galera con pañuelos” y decidió que no era revisable la resolución del Tribunal Arbitral que benefició a Meller.
Falú enfatizó, además, que era necesario avanzar en el enjuiciamiento de Boggiano porque Moliné presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), argumentando que él solo había sido perseguido por un caso que llevó cinco firmas. “Así evaporaremos la posibilidad de que Argentina soporte una condena en la CIDH”, explicó.
Los bloques políticos mayoritarios habían acordado debatir el dictamen acusatorio en las últimas sesiones del período ordinario, para terminar con la tarea que emprendieron hace más de dos años para poder renovar la Corte Suprema. De hecho, el radicalismo, el ARI y el Frepaso venían presionando para debatir el tema en el pleno del cuerpo, pero recién a fines de octubre se pudo definir la fecha luego de que el justicialismo decidiera respaldar el dictamen acusatorio. Incluso, el jueves, los diputados Claudio Lozano, Eduardo Macaluse y Jorge Rivas obtuvieron el compromiso del justicialismo y la presidencia de Diputados: a las siete se suspendía todo para tratar el tema Boggiano.
Entre las pocas voces en contra de la acusación figuró la de la diputada menemista por Salta Lelia Chaya, quien destacó que fundamentaba su voto “con la responsabilidad de la ética y por ser una militante que no seavergüenza de haber sostenido a un presidente peronista como fue (Carlos) Menem”. También, el ucedeísta cordobés Bossa se mostró en contra y advirtió que con la elevación al Senado del juicio político “se abre la puerta a quitar del medio a cualquier juez molesto”. Este diputado aseguró que la actual Corte Suprema ya podría ser enjuiciada por el fallo pesificador y criticó a la elegida Carmen Argibay. “Qué garantías me ofrece si es una exiliada de la Corte”, indicó.
Por su parte, el diputado Pérez votó a favor de la acusación pero enfatizó la necesidad de impulsar los proyectos que reducen la cantidad de miembros de la Corte a siete, “para evitar una nueva mayoría adicta”.