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El fiscal general de Paraguay, Oscar Latorre, y el ministro del Interior, Nelson Mora, admitieron que policías “traidores” vendieron información a los secuestradores, pero discreparon en la finalidad del delito. Para el fiscal, el móvil fue “exclusivamente extorsivo”, para obtener dinero, mientras que para Mora tuvo un fin político que atribuyó a la guerrilla colombiana de las FARC. A ésta se le endilga haber “asesorado” al partido paraguayo Patria Libre (PL), una hipótesis débil en sustento. Juan Arrom, líder de PL, negó cualquier relación de su agrupación con el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas.
“Condenamos ese hecho bárbaro y también la inacción de las fuerzas de seguridad”, dijo Arrom en declaraciones a la radio 9.70 desde su exilio en Brasil. El dirigente dijo que no podía afirmar ni desmentir la presunta participación en el crimen de dos militantes de su partido, los hermanos Osmar y José Martínez, detenidos por la policía el 26 de enero. Afirmó que ambos fueron expulsados de Patria Libre el año pasado. Arrom calificó como descabellada la versión policial publicada por la prensa local que señaló que una asamblea del partido fue la que resolvió ultimar a Cecilia Cubas a mediados de enero. Dijo que el objetivo de la policía “es proscribir un partido de izquierda y censurar las ideas socialistas”. El político admitió que su partido mantiene relaciones “fraternas” con las FARC, “como cualquier otro partido o movimiento de izquierda”. Arrom además denunció los elementos corruptos y criminales de las fuerzas de seguridad de Paraguay y sostuvo que en su país continúa en operaciones la policía política de los tiempos del dictador Alfredo Stroessner.
De manera semejante, el fiscal Latorre señaló que “hubo traidores que pasaban información a los secuestradores”, y aseguró que fueron “identificados algunos de estos traidores que son policías”. Por su parte, el ministro Mora sostuvo que un policía vendió información a secuestradores por 1 millón de guaraníes (unos 170 dólares). Ambos funcionarios manejan teorías dispares sobre el caso que conmociona a Paraguay. Para Latorre, el móvil del secuestro fue “exclusivamente extorsivo”, para obtener dinero, mientras que para Mora tuvo una finalidad política, según informó ayer el diario Ultima Hora. Mora, por su parte, afirmó que se trató de “un secuestro extorsivo con fines políticos”, que atribuyó a las FARC. “Las víctimas nunca salen con vida, cobran el dinero y matan a la persona.” Admitió que existe “división y enfrentamiento” entre la Fiscalía y la policía, y que ello perjudica las investigaciones. Latorre denunció que “hubo filtraciones y traiciones en la policía, obstaculizando “allanamientos y operativos que habían llevado mucho esfuerzo y tiempo de los fiscales”.
El presidente paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, se reunió ayer con ministros de su gabinete en medio de versiones de una purga policial y las renuncias de Latorre y Mora. El diario asunceño La Nación se hizo eco de esos rumores y atribuyó la demora en la caída del fiscal general y el ministro del Interior a las dificultades del presidente para sustituirlos.
A todo esto, el fiscal general de Colombia, Luis Camilo Osorio, señaló que en un video en el que se planifica el rapto de Cecilia hay voces de rebeldes colombianos que ya fueron identificadas. “Hay unas voces que nos invitan a pensar que hay personas que fueron enviadas desde acá para dar el auxilio y tenemos las comunicaciones”, dijo el funcionario colombiano. De todas formas, la labor es de la Fiscalía de Asunción.