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Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

Un conjunto de movimientos sociales, urbanos y rurales inicia hoy un plan de lucha por la “recuperación de los hidrocarburos”, que unos interpretan como “nacionalización” lisa y llana y otros –entre ellos, el MAS de Evo Morales– como la promulgación de la ley aprobada por el Parlamento con algunas modificaciones (fijación de precios, candados para evitar evasión de impuestos, etcétera). Se espera que el presidente Carlos Mesa, cada vez más debilitado por sus indefiniciones, presente sus observaciones “puntuales” a la ley mañana, cuando se vence el plazo. En caso de veto u “observación conceptual” (figura de dudoso encuadre legal utilizada en su discurso del 10 de mayo), los parlamentarios podrían conseguir los dos tercios necesarios para rechazar los reparos presidenciales.
“Que el presidente decida, lo único que nosotros podemos alertar es que si (las observaciones) son genéricas, el resultado de la votación será que no se cambie ni una coma o la ley muera”, advirtió el presidente del Senado, Hormando Vaca Díez. En este último caso (derivado de un veto sin mayoría legislativa para rechazarlo) quedaría en vigencia la actual ley, aprobada durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada. Si eso sucede, “los sectores sociales pueden incendiar el país”, dijo el diputado del MAS, Gustavo Torrico.
A diferencia del Ejecutivo, que ve en la norma el agravamiento potencial de la división del país, los congresistas consideran lo contrario: que la paz social depende, en gran medida, de definir la política petrolera. Y posiblemente no estén muy errados: la indefinición oficial –producto de la presión de los organismos multilaterales de crédito– está dándoles aire a los que promueven la nacionalización. Diversos sectores sociales alteños conformaron el Frente de Lucha por la Unidad Alteña –entre ellos, las juntas vecinales, la central obrera regional y algunos concejales y diputados– y han confluido en esta consigna, sumada al pedido de cierre del Parlamento y la renuncia del mandatario.
La marcha que hoy tratará de llegar hasta el Parlamento –a la que se sumarán piquetes de huelga de hambre– pondrá de manifiesto hasta qué punto los “radicales” alteños han logrado irradiar sus consignas entre los sectores populares de esta ciudad indígena que, en octubre del 2003, se transformó en el “estado mayor” de la guerra del gas. A esta marcha se suma la que partirá, también hoy, desde Caracollo –en el Altiplano paceño– hasta la sede de gobierno. Los maestros urbanos se sumarán a las presiones con un paro indefinido “por la nacionalización”.
En este contexto, el MAS se mueve en un camino sinuoso. “La ley (aprobada por el Parlamento) no está del todo mal”, admitió el diputado Santos Ramírez, principal referente de este movimiento en materia petrolera. En la misma línea, Evo Morales se pronunció en contra de la nacionalización “porque según la Constitución los hidrocarburos ya son del Estado”. Sin embargo, dado que los actuales contratos son “nulos” –por no haber sido ratificados por el Congreso–, según el líder cocalero el Ejecutivo debe instruir a las FF.AA. y la Policía Nacional la inmediata toma de los pozos.
La consigna de “nacionalizar” –opción excluida del referéndum del 18 de julio– parece ganar terreno entre los movimientos sociales. Si bien constituye una suerte de “significante vacío” –ya que nadie sabe exactamente en qué consistiría hoy una medida semejante y las consecuencias que traería–, la memoria popular boliviana recuerda hitos en ese sentido, como la nacionalización de la Gulf Oil Company en 1969.Pero las pasadas nacionalizaciones –pese a su carácter emblemático– abarcaron sólo a algunas empresas y no al conjunto de la actividad, como sería el caso si avanzaran las presiones actuales en ese sentido.
La pregunta –y apuestas– en los círculos periodísticos es si el actual mandatario tiene un Plan B para hacer frente a la difícil semana que comienza. “Hasta ahora el presidente está en jaque, vamos a ver si esta semana queda en jaque mate”, sintetizó el analista político Alvaro García Linera.