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El tratado bilateral de inversiones con Estados Unidos que firmó el ex presidente Jorge Batlle antes de terminar la gestión causó ayer uno de los enfrentamientos más fuertes dentro de la alianza del Frente Amplio (FA) desde que asumieron en marzo pasado. Uno de los puntos más polémicos del tratado –que todavía debe ser ratificado por el Congreso uruguayo– es que Estados Unidos estaría autorizado a negarles los beneficios acordados a empresas de origen cubano, iraquí o chino que se instalen en Uruguay o que comercien con estos países. El Movimiento de Participación Popular (MPP), conformado por los ex Tupamaros y los sectores más de izquierda del FA –opositores a la ratificación–, dio la sorpresa ayer al convocar a un plenario del FA, aunque ya es evidente que fue sólo un pequeño grupo y que no tendrá una participación mayoritaria.
Por primera vez el FA parece estar sufriendo una división. Por un lado, el gobierno de Tabaré Vázquez y los sectores más moderados apoyan la ratificación; por otro, el MPP, el Partido Socialista, el Comunista y los llamados sectores radicales –muy minoritarios– se oponen a algunos artículos. Por ejemplo, al que estipula que cualquier controversia por inversiones será dirimida en un organismo supranacional privado con sede en EE.UU., salteando así la jurisdicción nacional. La votación en el Congreso, que se prevé para este mes, debe ser por sí o por no, una renegociación de los términos –aunque pedida por algunos sectores– no es posible. El plenario convocado por el MPP, sin el conocimiento de las otros partidos de la alianza y hasta de su mayor referente, el ministro de Agricultura, el ex guerrillero tupamaro José Mujica, buscaba que el FA llegará unificado al Congreso, donde gozan de mayoría absoluta. La mayor fuerza del MPP está en el plenario del FA donde el peso parlamentario de los otros sectores se podría llegar a diluir.
El tema tiene repercusión económica también para la región, como demuestra la crítica que hizo Brasil por los beneficios que se conceden a EE.UU. en el tratado. El otro problema que despierta para el gobierno es de carácter ideológico. Sin un panorama claro de lo que el Congreso decidirá, Roger Noriega, secretario adjunto de Estado para América latina, hizo una declaración ayer en donde reclamó al gobierno uruguayo “tratar seriamente” el asunto de la ratificación. A las diferencias entre el ministro de Economía, Danilo Astori, a favor de ratificarlo, y el canciller Reinaldo Gargano, que propone renegociarlo, se sumó entonces el choque entre el MPP y su líder José Mujica, por el procedimiento que se debe seguir en este asunto. “Como ministro a mí no me corresponde dar posición sobre el tratado, ni ningún ministro debió hablar”, aseguró Mujica, defendiendo la posición oficial de que el debate se dé exclusivamente en el Congreso.