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El creciente descontento social y las cada vez más frecuentes protestas por las requisiciones de tierras realizadas en nombre del progreso económico subieron un escalón esta semana en China. Al menos cuatro personas murieron por disparos de la policía en Dongzhou, un pueblo de la provincia sureña de Guangdong, según informó Amnistía Internacional. La organización de derechos humanos asegura que se trata de la primera vez que el Gobierno utiliza armas de fuego contra la población civil desde la masacre de Tiananmen, en 1989.
Los manifestantes se quejan de lo que consideran injustas compensaciones por la expropiación de terrenos para construir una planta energética.
Amnistía afirma que el martes a la noche policías antidisturbios dispararon contra una multitud de vecinos que habían bloqueado una de las carreteras del municipio para impedir el paso a las fuerzas de seguridad. Cientos de miembros de la Policía Armada Popular llegaron al pueblo, donde varios miles de vecinos se habían concentrado para exigir la liberación de algunos líderes que habían sido detenidos. Los habitantes atacaron con cócteles molotov y cargas explosivas a los policías y éstos replicaron con gases lacrimógenos y disparos. Al menos un agente resultó herido grave, según publicó ayer el diario de Hong Kong South China Morning Post.
Algunos habitantes aseguran que el número de fallecidos es de más de 10, y el de heridos de 40 a 50. La mayoría son hombres de entre 20 y 40 años. Pero la cifra de muertos no está clara, ya que algunos vecinos han desaparecido para evitar ser detenidos, mientras otros podrían figurar entre los heridos en los hospitales.
“No pensé que la policía abriría fuego”, dijo Chen Zeyou, cuyo cuñado resultó muerto en el enfrentamiento, a la cadena Hong Kong Cable TV. El Ministerio de Seguridad Pública se limitó a decir que investiga el asunto. Las autoridades desplegaron siete mil miembros de las fuerzas de seguridad alrededor del pueblo, y cerraron las entradas y salidas.
Los gobiernos central y provincial censuraron toda cobertura del incidente. Pekín teme que su difusión pueda desencadenar hechos similares en otras partes del país.
Los habitantes de Dongzhou argumentan desde hace meses que las indemnizaciones por la expropiación para construir un parque eólico –una central térmica de carbón, según otras fuentes– son insuficientes y acusan a los dirigentes de corrupción. Además, los pescadores de la zona se quejan de las consecuencias ambientales del complejo.
No es la primera vez que se producen enfrentamientos violentos entre la policía y los habitantes de un pueblo levantado en pie de guerra para exigir sus derechos.
Este tipo de combates son frecuentes, pero pocos trascienden, ya que el Departamento de Propaganda del Partido Comunista Chino suele bloquear su difusión. Pero sí se trata de la primera vez en años que trascendió que los manifestantes utilizaron bombas caseras y las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra la población civil.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.