Las defensas que el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) mantenía para evitar la censura del principal ministro de Evo Morales se derrumbaron ayer cuando la oposición derechista logró los votos necesarios para poner contra las cuerdas al titular de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada. Según la legislación boliviana, los ministros censurados tienen que presentar la renuncia y el presidente debe aceptarla o ratificarlos en su cargo. A las 20.05, Evo Morales salió personalmente a dar batalla desde las pantallas de televisión. Leyó la renuncia del ministro para pasar a ratificarlo enfáticamente y calificó la censura como “un hecho vergonzoso de la antipatria” que quiere “perjudicar las negociaciones internacionales para mejorar los precios de exportación de gas y mantener a Bolivia como un país mendigo”.

La ofensiva parlamentaria ocurrió justo cuando el vicepresidente Alvaro García Linera alistaba sus valijas para viajar a Brasil, donde se reunirá con un reticente Luiz Inácio Lula da Silva para intentar convencerlo de que acepte el aumento de los precios del gas reclamado por Bolivia y resistido por el gigante sudamericano. “La censura no es a un ministro, es a la política de nacionalización; hoy es un día de duelo para Bolivia; los servidores de las transnacionales han ganado un round pero no vamos a dejarnos vencer”, declaró el senador masista Gastón Cornejo a la salida de la sesión, aun con el sabor de la primera derrota parlamentaria importante del oficialismo, que cuenta con mayoría absoluta en Diputados pero en la Cámara alta tiene un senador menos que toda la oposición sumada.

“Existe corrupción, nepotismo y tráfico de influencias en YPFB, además de desabastecimiento de combustible en todo el país, con los productores paralizados”, justificó su voto el senador de Unidad Nacional José Villavicencio y dio en el blanco del conflicto: los cuestionamientos hacia el presidente de la petrolera estatal Jorge Alvarado por un contrato de venta de petróleo a Brasil a cambio de diésel. La superintendencia primero y la auditoría interna del Ministerio de Hidrocarburos después dictaminaron que el contrato firmado con la brasileña Univen –mediante la intermediaria Iberoamérica– violaba el decreto de nacionalización, que no permite intermediarios, y que existían responsabilidades administrativas de Alvarado. La “súper” dijo incluso que en caso de prosperar la operación hubieran existido daños económicos para el Estado, ya que se hubiera vendido petróleo por debajo del precio internacional. YPFB respondió que también el diésel iba a ser comprado más barato, pero las dudas persistieron y las sospechas se transformaron en un estandarte de la oposición.

La respuesta de Morales fue el atrincheramiento frente a “los enemigos de la nacionalización”, pero el tema se volvió un enredo para la administración izquierdista. “Lo de YPFB se manejó mal desde el principio, pese a que no hay pruebas de corrupción se debía haber sido más firme, como en casos anteriores; hoy, indirectamente, la censura es contra Alvarado”, le dijo a Página/12, off the record, una fuente del gobierno, lo cual fue confirmado por los senadores opositores.

En medio de la crispación del clima político por las peleas por el reglamento de la Asamblea Constituyente –empantanada por la voluntad del MAS de imponer la mayoría simple y la de la oposición de que todo se decida por dos tercios–, la derecha encontró un hueco y metió la pelota en el arco. El balón quedó ahora en el campo oficial.