El caso de C. C. A. mantenía ayer en vilo a Mendoza. Mientras desde el Ministerio de Salud algunas versiones indicaban que se multiplicaban los llamados a la busca de un médico dispuesto a realizar la interrupción del embarazo de la joven violada, otras coincidían en que el profesional, la hora y el lugar ya habían sido resueltos y que la intervención era inminente. Según esta última información, sólo faltaba que Ana Gazzoli, la madre de la joven, su tutora legal y la única que podía dar su asentimiento, llegara a Mendoza proveniente de Buenos Aires, donde había concurrido pidiendo apoyo a nivel nacional. La mujer arribó anoche. A todo esto, los grupos antiabortistas habían abandonando ya la formalidad de las amenazas jurídicas y se habían desatado por el lado de las amenazas telefónicas: ya eran nueve los médicos amenazados por vía anónima telefónica y el Hospital Lagomaggiore tenía custodia policial. A las 20.30 recibió una amenaza de bomba y tuvo que ser desalojado. Los representantes legales de la familia analizaban presentar una denuncia penal contra estos grupos fundamentalistas por coacción. Entre los abogados de la familia de la joven se tenía la certeza de los límites: “Esperamos a lo sumo un día más (por hoy) y si no tenemos resultados vamos a seguir otro camino”, dijo Lucas Lecour a Página/12.

“En Mendoza pusimos el énfasis de mantener todo en secreto. La intervención de los medios y las presiones de los grupos católicos van en perjuicio de los médicos que intervengan y de la joven –dijo el ministro de Salud mendocino, Armando Caletti–. Nadie está a favor del aborto. El tema está muy claro. Se trata una niña con insania, está la violación y el consentimiento de la madre. Nadie está a favor del aborto, esto es hacerle lugar al derecho de una madre que tiene una niña discapacitada y fue violada. Todo se complica por las presiones y la hipocresía. Por eso, en Mendoza ponemos el énfasis de mantener todo en secreto”.

En la dirección diametralmente opuesta, las ONG antiabortistas insistieron con la cadena de rezos y amagues de denuncias penales. “Les digo que el tiempo que le lleve al fiscal desechar el recurso va a ser mucho menor que el tiempo que les lleve presentar la denuncia”, señaló el abogado de la familia Dante Vega.

Pero del lado de los antiabortistas, las presiones continuaron. “Lo que nosotros decimos a los médicos es que el aborto no está legalizado en la Argentina, el aborto es una cuestión penal, y a partir de ahí, cualquier médico que lo practique es punible y tendrá que enfrentar a la Justicia, porque lo vamos a denunciar –dijo José Murri, de Vida más Humana–. Nosotros no amenazamos. Advertimos lo que vamos a hacer si se da la situación.”

Por la mañana ya un grupo antiabortista había distribuido panfletos dentro mismo del Hospital Lagomaggiore. Sin embargo, a media tarde ya eran casi una decena los médicos que habían recibido llamadas anónimas amenazantes. Según un conteo, desde las 16 hasta las 20 se habían realizado ocho llamadas al conmutador del hospital. No hubo identificación y eran voces tanto de hombres como de mujeres y en todos los casos sostenían que tomarían medidas y represalias contra los médicos que realizaran la intervención. La cifra, que parecía ir en aumento, derivó en el pedido de una custodia especial en la puerta del hospital.

“Son grupos minúsculos –sostuvo Caletti–. Hay que aprender a convivir, a disentir y trabajar en conjunto. Desde la salud pública obedecemos los dictámenes de la Justicia, sobre todo en un fallo tan esclarecedor como el de la Suprema Corte. Las amenazas corren por cuenta de quien las haga. Los médicos deben saber que tienen todo el apoyo del ministerio.”

Entretanto, siguiendo la tesitura de proteger de presiones y amenazas, en el Ministerio de Salud mendocino nadie informaba oficialmente de movimientos. Algunas versiones indicaban que Caletti ya había solicitado hospitales y profesionales a diferentes instituciones de toda la provincia, y aguardaba respuestas. Pero otra versión iba más allá. “Ya hay lugares y profesionales a disposición del ministro –señaló una fuente ministerial–. Sólo se espera a la madre, que es la tutora legal.” Incluso, había quienes señalaban lo inminente de la realización de la práctica. A última hora se especulaba con la posibilidad de que ya hubiera ocurrido.

Por su lado, desde el Círculo Médico aclararon su imposibilidad para actuar institucionalmente en el caso. “Se trata de una decisión profesional”, señaló el presidente del CM, Ignacio Berríos. “Es muy triste todo esto, porque se trata de un caso serio que se sale de sus carriles normales. La amenaza del juicio tiene sus efectos porque produce mucho temor.” Y el director de la Maternidad, Carlos Cardello, opinó que “lo que uno ve en la práctica habitual es que la objeción de conciencia es tratada con alguna liviandad. Por ejemplo, yo he visto objeciones de conciencia muy importantes para no hacer métodos anticonceptivos, pero nunca vi una objeción de conciencia para una cesárea.”

Por otro lado, otras ONG de mujeres que sostienen la actitud de Ana Gazzoli se reunieron ayer por la mañana con diputados mendocinos para solicitar el apoyo a los funcionarios del Ministerio de Salud.