La fiscalía colombiana pedirá la extradición a Chile del ex presidente del Perú Alberto Fujimori, prófugo de la Justicia de su país, por el tráfico de 10 mil fusiles en 1999 para la guerrilla de las FARC, informó ayer la prensa local.

“La solicitud de extradición a Colombia del ex presidente peruano Alberto Fujimori parece inminente”, según la edición de ayer del semanario El Espectador. El periódico explicó que la semana próxima Fujimori “será vinculado formalmente por la Fiscalía colombiana dentro de una compleja investigación por tráfico de armas y concierto para delinquir” a la que están vinculadas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El rotativo recordó que el ex mandatario peruano, actualmente asilado en Chile, está pendiente de una decisión de extradición a su país por varios delitos, que debe ser resuelta en pocas semanas. Según la publicación, en el expediente hay pruebas que dan cuenta de que “una banda internacional” encabezada por Vladimiro Montesinos, otrora asesor de Fujimori, de la que formaron parte peruanos, españoles, franceses, rusos y libaneses, entregó 10 mil fusiles AKM-47 a las FARC.

El semanario señaló que del proceso “se desprende (...) que fue evidente que Fujimori conocía los pasos de su asesor Montesinos y, por tanto, también fue beneficiario de los dineros que pagaron las FARC” por el cuantioso cargamento de armas y “estaba al tanto de esta operación ilegal”.

La investigación en Colombia por “el más grande tráfico de armas auspiciado por la cúpula del gobierno peruano” se logró “debido a unas incautaciones que el ejército colombiano le hizo a la guerrilla de las FARC, que datan de noviembre de 2001, indicó la fuente.

La entrega de los fusiles, dijo El Espectador, se hizo lanzándolos en paracaídas sobre zonas selváticas del este del territorio colombiano controladas por las FARC, en aviones de la empresa Edipesa, en cuatro entregas de 2500 fusiles en cada vuelo.

El pago por las armas fue de unos 8 millones de dólares, según las investigaciones, y fue hecha por el narcotraficante brasileño Fernandinho, detenido en su país, y las FARC le pagaron a éste con pasta de coca.

Según el ex guerrillero de las FARC José González Loaiza, que fue detenido por este caso, la compra fue decidida por Jorge Briceño, alias el “Mono Jojoy”, miembro principal del secretariado de la principal guerrilla colombiana.

En el proceso que adelanta la Fiscalía serían llamadas a juicio otras 56 personas, incluidos los miembros del secretariado de las FARC, así como intermediarios franceses, libaneses, españoles y rusos que hicieron posible la negociación y el envío del cargamento.