Desde México, D.F.

Justo al cumplirse un año del estallido del conflicto social más grave que ha vivido México en las últimas décadas, una marcha de más de diez kilómetros de longitud volvió a tomar las calles del centro de Oaxaca para recordar el desalojo policíaco de un plantón del magisterio local, ordenado por el gobernador Ulises Ruiz. Con la consigna “ni olvido ni perdón”, activistas y habitantes de esta ciudad del sudeste mexicano emplazaron al gobierno de Felipe Calderón a liberar los recursos para la rebonificación de los profesores de primaria, liberar a las decenas de “presos políticos”, la devolución de casi 200 escuelas tomadas por priístas y que el sindicato de maestros convoque a renovar la dirigencia del comité ejecutivo de la Sección 22 de Oaxaca. La exigencia inalterable es la salida del gobernador Ulises Ruiz. Si Calderón no atiende estas demandas, el conflicto resurgirá aun con mayor fuerza, advirtieron.

Convocada por maestros y por dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), las demandas de justicia expresadas durante el mitin fueron compartidas en la capital del país por cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, a petición de la Cámara de Diputados, ayer inició un debate sobre la pertinencia de crear una comisión de investigación que determine si hubo violación grave a las garantías individuales entre el 2 de junio de 2006 y el 1º de enero de este año.

El ministro Genaro Góngora ilustró el caso: “Si bien Oaxaca no continúa en llamas, está ardiendo internamente. Las consecuencias del conflicto siguen presentes. La sociedad oaxaqueña está esperando justicia. Hay heridas que no han cerrado y es un foco que en cualquier momento puede estallar. El trance social no ha concluido y es necesaria nuestra intervención”.

Esta postura coincide con un informe presentado recientemente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual determinó que en Oaxaca sí existieron violaciones a las libertades personales, de reunión, de expresión, de información, a la integridad y a la seguridad personal por actos de tortura, a la propiedad y posesión por ataques a la propiedad privada, a la legalidad y seguridad jurídica por incomunicación y por insuficiente protección de personas, así como al derecho a la vida, y lo mismo las sufrieron activistas del movimiento que ciudadanos comunes afectados por el conflicto.

Los ministros que apoyan el proyecto de ejercer su facultad constitucional de atracción presumen responsabilidad de los gobiernos municipal, estatal y federal, que incluye las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón.

Sin embargo, otros cuatro ministros se pronunciaron en contra, por lo que la SCJN aplazó la finalización del debate hasta el próximo lunes.