Por José María Irujo *
Desde Madrid

Europol, la organización que agrupa a las policías de los países miembro de la UE, minimizó el riesgo de un atentado de Al Qaida en España y apuntó como prioridad al Reino Unido. Tras el 11-S, la detención en España de más de 40 presuntos miembros de Al Qaida hizo creer a los analistas que el riesgo había decrecido. Tras el apoyo del gobierno de José María Aznar a la guerra de Irak, Europol destacó el aumento de riesgo, pero siguió apuntando a Londres. Después del atentado de Casablanca, en mayo de 2003, la Guardia Civil elaboró un informe en el que alertó de un ataque en España.
La detención de más de 40 personas después del 11-S, la mayor redada contra terroristas islamistas en Europa, hizo creer a los responsables policiales que España estaba “vacunada” de un atentado y que el riesgo era limitado. Pensaron que los enemigos potenciales estaban en prisión o vigilados. Pero el ataque del 11-M, y el intento de volar el Ave MadridSevilla, presuntamente obra del mismo grupo, demuestra el error de percepción de los servicios policiales españoles. Al Qaida tenía en España una implantación mucho mayor de la que se le suponía. Un poder que no reflejaron los informes de Europol. El elaborado en junio de 2002 señalaba al Reino Unido como principal objetivo de Al Qaida y aseguraba que Osama bin Laden consideraba “objetivos legítimos” los intereses británicos. Así, destacaba que más de la mitad de los terroristas que protagonizaron el 11-S habían pasado en tránsito por ese país e incidía en el caso de Richard Reid, el ciudadano británico convertido al Islam que intentó volar un avión en ruta desde París a Miami con explosivo oculto en su zapato.
En 2003, los delegados policiales de los países miembro incluyeron algunas modificaciones en su informe dirigido al Consejo de Europa, especialmente en el capítulo dedicado a la amenaza islamista. La guerra de Irak era un elemento de “riesgo adicional para España” por su apoyo incondicional a la intervención militar. Y así quedó reflejado en su último análisis, fechado el pasado 22 de diciembre. A juicio de los redactores del documento, el peligro en el caso español se había incrementado considerablemente, pero el mayor riesgo se achacó otra vez al Reino Unido. Los delegados españoles insistieron en su tesis de 2002: las actividades de estos grupos en España se centraban en “la infraestructura, reclutamiento, apoyo logístico, financiación y en el uso de España como país de tránsito para los activistas que viajan desde el norte de Africa hacia otros países o viceversa”. Una tesis equivocada.
La alerta más directa llegó desde la Guardia Civil. Un informe de la Unidad Central Especial (UCE 2), dedicada a combatir el terrorismo islamista y dirigida por el teniente coronel Faustino Alvarez Sola, anunció en junio de 2003 la “dimensión grave” de una amenaza de atentado en España. El documento apoyaba su análisis en el atentado ocurrido en mayo en Casablanca (Marruecos), en el que murieron 45 personas, y señalaba que la proximidad de esta acción terrorista afectaba “claramente” a España, que se convertía en objetivo.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.