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Por Miguel González *
Desde Madrid

Cuando el ex presidente Leopoldo Calvo-Sotelo llegó a La Moncloa para sustituir a Adolfo Suárez, en febrero de 1981, y abrió la caja fuerte que debía contener los secretos de Estado, sólo halló en su interior un papel, en el que estaba anotada la combinación para abrirla. José Luis Rodríguez Zapatero no se sorprendió menos cuando en abril pasado sustituyó a José María Aznar al frente del gobierno. Todos los archivos informáticos de presidencia estaban vacíos. La clave también figuraba en un papel: la factura, por unos 12.000 euros, de la empresa contratada para borrarlos.
José Luis Rodríguez Zapatero compareció ayer lunes ante la Comisión de Investigación del Congreso sobre el 11-M con el propósito de realizar, según sus propias palabras, una intervención “constructiva”. Lo que Zapatero no pudo hacer, pese a su deseo de dar una información “densa y amplia”, es facilitar datos sobre la actuación de la Presidencia del gobierno en esas fechas. No podrá explicar, por ejemplo, si es cierto que se reunió el Gabinete de Crisis, como dijo Aznar ante la comisión, pero no la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis. Y sobre todo, cualquiera que fuese el nombre del organismo que se reunió en La Moncloa el día 11, presidido por Aznar y con presencia de los vicepresidentes y los ministros y altos cargos de mayor confianza, no podrá decir qué decisiones se adoptaron.
Cuando la Comisión de Investigación del 11-M reclamó el acta del Gabinete de Crisis, el gobierno contestó que no había podido hallarla. Ni el acta, ni ningún otro documento sobre lo que pasó ese día en La Moncloa: las conversaciones que mantuvo Aznar con directores de medios de comunicación o mandatarios extranjeros, los informes que recibió o las instrucciones que dio.
El vacío de información no se limita al 11-M: abarca los ocho años de mandato del PP, de mayo de 1996 a abril de 2004. La explicación es que, antes de dejar el poder, el equipo dirigido por Aznar ordenó que se borrasen los archivos informáticos de Presidencia del Gobierno.
No fue un borrado rutinario, sino a conciencia. No se limitó a formatear los discos duros, lo que podría haber hecho cualquier usuario. Se borraron también las cintas con las copias de seguridad de los archivos informáticos. Para ello se recurrió a una empresa especializada, que presentó la correspondiente factura, de unos 12.000 euros.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.