Cualquier atentado terrorista merece una respuesta humana más allá del lugar –Buenos Aires, Bagdad o Londres– y la cantidad de víctimas. Ni siquiera la peor de las políticas antiterroristas, como el desembarco de tropas en Irak, país que vivía bajo una dictadura feroz pero que no exportaba terroristas, puede legitimar moralmente la masacre en el centro de la capital británica.
¿Cuál será el efecto en el mundo? Tal vez la profundización de las negociaciones en el Medio Oriente, por un lado, y por otro mayor presión sobre Irán. Una política razonable frente a un antiguo conflicto demostró, en los últimos dos años, que es compatible con la estrategia de redoblar el control de los suministros petroleros. El problema es que las negociaciones desmontan la tensión pero de ningún modo la eliminan, y el segundo objetivo agudiza el nivel de crisis.
¿Cuál puede ser el efecto sobre la Argentina?
Sin dudas se repetirá la polémica que provocó el atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001.
El debate tiene matices, pero enfrenta básicamente dos posiciones.
Una sostiene que el conflicto con una amenaza transnacional como Al Qaida diluye las fronteras y, de esa forma, torna anacrónica la distinción entre la política de seguridad interna y la de defensa nacional.
La otra diría que Al Qaida es una amenaza para la Argentina, naturalmente, pero no se trata de una amenaza militar y, por lo tanto, no requiere de respuestas militares. De nada sirven las Fuerzas Armadas contra un suicida armado de celulares, explosivos, cuchillos o aviones.
José Manuel Ugarte, corredactor de las leyes de Seguridad y de Defensa Nacional, acaba de publicar un libro interesante sobre esa polémica: “Los conceptos jurídicos y políticos de la seguridad y la defensa”.
Recuerda que la confusión de los dos planos se hizo doctrina operativa con la Ley de Defensa Nacional de la dictadura de Juan Carlos Onganía, la 16.970.
“Más que una ley de defensa, era una ley de gobierno del país”, escribe Ugarte.
“Al coincidir el ámbito de la seguridad nacional con el de defensa, la competencia de las fuerzas armadas –entonces en el gobierno– abarcaba, en definitiva, todos los aspectos.”
La dictadura de 1976 es una versión criminalmente sistemática de la 16.970. El proceso democrático se fue hilvanando con el juicio a las juntas, las dos leyes mencionadas, los juicios de la verdad, las autocríticas militares, la represión a la última sublevación de Mohamed Alí Seineldín y la reciente caída de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. La democracia revirtió como en ningún otro país de América latina la herencia militarista de la dictadura.
Más allá de la Argentina, Ugarte advierte contra la tendencia regional a repetir criterios de globalidad típicos del conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El riesgo, para Ugarte, es aplicar esos criterios a problemas como el narcotráfico, el terrorismo, las migraciones clandestinas, los problemas ambientales y el crimen organizado.
Por esa vía Bolivia podría llegar a convertirse en un gigantesco portaaviones sin mar y un problema para la Argentina, Brasil y Chile. Pero no hay ninguna relación lógica entre esa eventualidad y el atentado de ayer. Y si no hay relación es bueno que la gente esté atenta: luego, cuando el invento queda impuesto suele ser tarde para lágrimas. Como sucede con el contrabando.