La oportunidad de abrir un debate sobre una política de largo plazo para el sector agropecuario enfrenta una posibilidad atractiva con la tregua en el lockout del campo de 30 días pero, a la vez, importantes obstáculos en la falta de coincidencia entre las organizaciones del campo para transitar por el mismo camino. La propuesta de negociación que las entidades presentaron al Gobierno antes del último fin de semana marca algunas pautas para el debate que buena parte del Gobierno comparte, en cuanto a la planificación sectorial y el rol central del Estado en el ordenamiento y control. Sin embargo, a poco andar, se vio reflejado que mientras la principal inspiradora de la propuesta, Federación Agraria, intenta avanzar hacia una discusión estratégica, estructural y de largo plazo, otras organizaciones tienen profundas diferencias con ese planteo, aun cuando prestaron su acuerdo en la propuesta presentada, para no mostrar fisuras en la unidad del campo al llegar a la mesa de negociación. La propuesta presentada el viernes a Cristina Kirchner y Alberto Fernández, a la que tuvo acceso Página/12, propone herramientas de planificación sectorial, la creación de organismos públicos con capacidad de regular, ordenar y promover el crecimiento de sectores como la lechería, políticas de segmentación de políticas en favor de pequeños y grandes productores de ganado y una nueva Ley de Arrendamientos para “frenar la sojización y la concentración agraria”. Puntos a los que, más allá del apoyo formal, algunas de las entidades tradicionales, como CRA y Sociedad Rural, están más cerca de combatirlos que de comprometerse a defenderlos.

Los “ruidos” en la negociación aparecieron de inmediato en ambos bandos. Entre los ruralistas, por evidentes diferencias ideológicas. En el Gobierno, por cuestiones de estilo, hay funcionarios más proclives a hacer valer su peso para demostrar poder antes que someterse a negociaciones más prolongados y de fondo (ver nota aparte, sobre el fracaso de la reunión de la Comisión de Carnes). Ayer el vicepresidente segundo de una de las entidades que suscribió el documento para la discusión, Ricardo Buryaile, de CRA, sostuvo que “el productor no quiere las compensaciones” a cambio de mantener el sistema de retenciones móviles. El sistema de compensaciones a las retenciones móviles es el primer punto de la Propuesta de Negociación que las entidades, incluida CRA, presentaron al Gobierno el viernes. Mientras unos tratan de dibujar una solución de consenso, otros se pintan la cara.

En sus principales aspectos, la propuesta para la negociación que las entidades elevaron al Gobierno traza lo siguiente:

- Retenciones. Propone una segmentación en tres tramos de la producción: hasta 600 toneladas, desde ese volumen hasta 1500, y de ese límite hasta 3000 toneladas por campaña. Esas categorías serían aplicables a los cuatro productos a los que se establecieron retenciones móviles: soja, girasol, maíz y trigo. El régimen de devolución de retenciones propuesto es de 15 puntos sobre la cantidad comercializada por el productor en el primer tramo, de 10 puntos sobre el segundo tramo y de 5 puntos sobre el tercer tramo. Por arriba de 3000 toneladas, el producto comercializado no tendría ningún tipo de compensación o devolución. Pero por las primeras 3000 toneladas, todo productor, aun los más grandes, recibirían dicha compensación decreciente.

- Insumos. Se propone que el gobierno nacional ejerza alguna forma de control sobre los costos de producción de los proveedores de insumos agrícolas, para “invitarlos a que acepten tener, de aquí en adelante, ganancias razonables”, y en caso contrario se castiguen las prácticas oligopólicas. Apuntan contra proveedores de fertilizantes, agroquímicos, semillas, etc. Los mayores terratenientes no ven con simpatía este tipo de regulaciones, menos aún en el caso de aquellos poderosos sojeros asociados a los exportadores-proveedores de insumos (sociedad Cargill-Monsanto, por ejemplo).

- Planes estratégicos sectoriales. Arranca de “la necesidad de impulsar una diversificación productiva nacional, como parte de un desarrollo más equitativo e integral”. Como herramienta para lograrlo, propone la formulación de Planes Integrales de Desarrollo Sectorial, en rubros tales como arroz, algodón, cítricos, horticultura, caña de azúcar, porcinos (lácteos y carne vacuna se tratan en capítulos por separado). Estos planes contemplarían créditos de fomento para recuperación del sector, cuando fuera necesario, políticas de promoción del consumo o la exportación. En la medida que signifique un rol más activo del Estado y no sólo de repartidor de subsidios, encontrará resistencias.

- Lácteos. Las entidades acordaron pedir un precio de referencia de 1,25 pesos por litro al tambero. La FAA, además, propone como solución de fondo la aprobación de una ley nacional de lechería que establezca un marco regulatorio para los actores de la cadena: un sistema de liquidación única de pagos de la leche (le quita control a las industrias lácteas monopólicas) y la creación de un Instituto de Promoción de la Lechería para promocionar las exportaciones, apoyar a productores más chicos, subsidiar algunos productos de consumo masivo (leche en sachet y en polvo, y manteca). Los sectores más concentrados no serán sus más fanáticos impulsores.

- Carne vacuna. La propuesta de FAA y el resto de las entidades encuentran también en este punto algunas diferencias. Mientras que a lo largo del lockout los reclamos pasaron por la libre fijación del precio de la hacienda en pie, la flexibilización de las exportaciones, estímulo para la elevación del peso de faena y un programa de promoción de la retención de vientres, la entidad que preside Eduardo Buzzi le sumó una mirada de largo plazo. Propuso la creación de un Fondo Fiduciario con aportes del Tesoro para ayudar y estimular a pequeños y medianos productores para reorientarlos hacia la actividad de cría, engorde e invernada. Insta a promover una política ganadera con un criterio de segmentación, estratificación y distinción de las escalas productivas, enfocándose sobre los productores que posean hasta 500 vacas y hasta 1000 cabezas en invernada. Ahí marca otra clara distinción de intereses entre pequeños productores y grandes ganaderos, con intereses muchas veces contrapuestos.

- Ley de Arrendamientos. Sin consenso inicial de las otras entidades (CRA y Sociedad Rural están más cerca de oponerse que de apoyar), la Federación Agraria logró que las otras entidades aceptaran la inclusión en la Propuesta de negociación el proyecto de Nueva Ley de Arrendamientos. Es el punto seguramente más crítico en la relación entre Federación Agraria y las entidades tradicionales. Estas “lo dejaron pasar” probablemente especulando con que el Gobierno ni siquiera lo considerará. ¿Qué pasaría si el Ejecutivo lo asume como una carta a jugar en favor de una mayor equidad en la distribución de la renta agraria?