“Hay impunidad, no hay sentencias y la Argentina no está cumpliendo con las obligaciones que tiene en materia de investigación de la corrupción”, dijo el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, luego de una decisión del procurador general, Esteban Righi, que resolvió que ese organismo sólo podía intervenir como parte en expedientes originados por sus denuncias y que en todos los casos debía prevalecer como estrategia judicial la elegida por los fiscales federales. Referentes de la Coalición Cívica, el macrismo y la UCR apoyaron a Garrido por el “recorte en sus funciones”.

La FIA realiza investigaciones de hechos de corrupción que involucran a funcionarios del Estado que, cuando el caso lo amerita, se plasman en denuncias judiciales. La FIA se manejaba en muchos casos como un fiscal más, pedía medidas, ofrecía pruebas, etc. Pero en algunas ocasiones generaron roces con los fiscales federales que intervienen naturalmente en las causas. Al existir diferentes criterios sobre cómo llevar adelante una investigación por dos funcionarios del Ministerio Público, la Cámara Federal pidió que Righi se expidiera sobre el tema.

El procurador analizó la competencia de la FIA y señaló que “solo cuando una causa penal se inicia a partir de una denuncia formulada por ella se le confiere una intervención necesaria en el proceso”, es decir, que el organismo solo puede ser parte en expedientes originados en base a sus investigaciones. Además, entendió que en esos casos, “la facultad de asumir el ejercicio directo de la acción penal procede únicamente ‘cuando los fiscales competentes tuvieran un criterio contrario a la prosecución de la acción`” (es decir, cuando decidan que el caso no merece ser investigado). Righi agregó que la FIA debe poder contribuir a la estrategia proyectada por el fiscal titular pero que, en caso de discrepancias, “habrá de imponerse el criterio del fiscal a quien la ley adjudica –de modo exclusivo– el carácter de actor penal”. Finalmente, exhortó a los fiscales federales y a Garrido a “adoptar mecanismos de coordinación recíproca” en las denuncias promovidas por la FIA.

“La resolución pone sobre el tapete que no hay ningún organismo independiente especializado en investigar y perseguir la corrupción”, afirmó Garrido. La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, Esteban Bullrich, del PRO, y los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz lo respaldaron.

Carrió acusó a la Procuración de “erigirse en garante de la impunidad” al tiempo que elogió a Garrido porque “es el único funcionario que impulsó causas contra este gobierno”. Morales agregó que la resolución se tomó “en el momento en que los K expresan el mayor poder a raíz de la extensión de caja gracias a los fondos de las AFJP” y Sanz envió una carta a Righi en la que expresa su desacuerdo con su decisión. “Ayer soltaron al zorro en el gallinero y hoy atan al gallo mientras matan a las gallinas. Con esta medida se impediría a la fiscalía que vigile a la Anses”, afirmó el macrista Esteban Bullrich, en un esfuerzo para vincular la decisión del procurador con el avance del proyecto para estatizar las AFJP.