El fiscal Alberto Nisman dispuso el embargo de seis locales del ex agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, el clérigo Moshen Rabbani. En el marco de la investigación por el atentado a la AMIA, Nisman no descartó que los bienes se rematen para reparar económicamente a las víctimas. Para la DAIA, la decisión “es un avance muy positivo” y para los familiares, “un paso muy importante”. Se presume que los locales pudieron haberse usado como refugios después del atentado.

Los negocios de Rabbani están en una sola propiedad, sobre la avenida Gaona 3387/95, también con entrada por la calle Terrada. Se trata de un maxikiosco, una parrilla, una pizzería, un locutorio, una carnicería y un garaje. Según la investigación, ninguno de ellos pertenece al Estado de Irán, sino que están a nombre del ex diplomático. En esa línea se supo que son sólo una parte de las propiedades que aún tiene “distribuidas en varios puntos” del país.

Durante catorce años, Rabbani vivió en el país como líder de la comunidad chiíta local y de la mezquita At Tahuid de Floresta. Además, tenía una empresa que exportaba carnes a Irán. Rabbani dejó el país en 1998, cuatro años después del atentado. Desde el comienzo, los primeros testimonios de los iraníes que estaban alejados del régimen lo señalaron en la investigación como el organizador del atentado. El entonces juez Juan José Galeano pidió interrogarlo, aunque eso no se logró por su condición de diplomático. Ahora, para la Justicia es la pieza clave de la masacre y lo acusan de haber usado su rol diplomático y sus actividades culturales y religiosas como pantalla para reclutar a los hombres que finalmente habrían volado la mutual. Hoy está prófugo.

El pedido en su contra lo presentó un “actor civil” representado por Pablo Jacoby, abogado de Memoria Activa. Ayer, Jacoby se mostró sorprendido de que “después de tanto tiempo de investigación y sólo por la decisión del fiscal Nisman se hubieran podido detectar estas propiedades”.

De acuerdo con fuentes judiciales, la información surgió a partir de un cruce de datos trabajados por el fiscal. En caso de que los iraníes sospechados sean condenados no sólo penalmente, sino también a resarcir a las víctimas económicamente, esa propiedad se puede rematar. En ese sentido, el embargo funciona como un reaseguro económico. La fiscalía ya hizo lo mismo con cuatro cuentas bancarias en Alemania y Suiza, que estarían a nombre del ex presidente iraní Alí Rafsanjani y del ex jefe de los Guardias de la Revolución Moshen Rezahi, por unos 48 millones de dólares.

Adriana Reisfeld y Luis Czyzewski, familiares de las víctimas de la masacre, celebraron la decisión. Esas propiedades, dijo Reisfeld, pudieron “haber sido utilizadas como ‘casa segura’ para los terroristas, pero llama la atención que (este inmueble) haya sido descubierto ahora”.