El ex secretario de Seguridad Interior de la Alianza Enrique Mathov y el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos tendrán que enfrentar un juicio oral por los asesinatos producidos por la represión del 20 de diciembre de 2001, de la que estuvieron a cargo. Ambos están acusados de los delitos de homicidio culposo reiterado en cinco casos, lesiones en otros 117, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

La elevación a juicio fue dispuesta por el juez federal Claudio Bonadío, a cargo del expediente, que también mandó al banquillo al ex superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Raúl Andreotti y al ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal 6, pero todavía no tiene fecha de inicio. Esta es la tercera parte del expediente que se da por concluida: las dos anteriores fueron elevadas por la juez María Servini de Cubría, quien después se apartó.

Los ex funcionarios implicados tendrán que responder por los homicidios de Gastón Rivas, Carlos Almirón, Diego Lamagna, Alberto Márquez y Ariel Benedetto. Mathov y Santos estuvieron presos y en 2002 fueron excarcelados. Pero no se descarta que vuelvan a prisión, según cómo evalúe su responsabilidad el tribunal oral.

Cuando lo indagaron como sospechoso, Mathov admitió que aquel 20 de diciembre ordenó despejar la Plaza de Mayo. La noche anterior la policía ya había reprimido a los manifestantes que pedían la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa y que volvieron a la plaza. Mathov transmitió la orden a Santos. La represión, con balas de plomo, se extendió hasta el Obelisco.

En esta causa, De la Rúa estuvo procesado el año pasado por decisión del juez Bonadío, quien le trabó un embargo de dos millones de pesos. El magistrado analizó que “el ex mandatario faltó a su deber de cuidado, al no controlar los sucesos que se desencadenaron después de que firmara el decreto por el cual estableció el estado de sitio en todo el territorio de la Nación”. Esa falta de control sobre las fuerzas de seguridad, dijo, “derivó en la muerte de cinco personas y lesiones de otras”.

Sin embargo, en abril de este año, la Cámara Federal revocó la medida y le dictó falta de mérito. Con este escenario, si la Justicia no reúne pruebas que impliquen al ex presidente de manera directa, es factible que termine sobreseído.