Desde Neuquén

La decisión del juez Cristian Piana de no citar al ex gobernador Jorge Sobisch a declarar como imputado en la causa por el asesinato del docente Carlos Fuentealba generó un repudio generalizado en Neuquén. “Como (el juez de instrucción Cristian) Piana ascendió en la Justicia de la mano de quien fuera el hombre fuerte aquí, Jorge Sobisch, ahora le devuelve sus favores protegiéndolo a él y a todos sus amigos, cómplices del asesinato de Carlos”, dijo a Página/12 Sandra Rodríguez, viuda del maestro asesinado. La instrucción de Fuentealba II que investiga a los mentores políticos e ideológicos del homicidio del profesor en abril de 2007 “está impidiendo que se profundice la causa, aumentando la injusticia y la impunidad en la provincia”, insistió la mujer. Hoy se realizará una marcha frente al juzgado de Piana “para que revea sus decisiones”.

La resolución de Piana se conoció este fin de semana. En un extenso escrito en el que abundan las críticas a los abogados de la familia Fuentealba, Gustavo Palmieri y Ricardo Mendaña, el juez les recuerda que respecto del pedido de indagatoria e imputación de Sobisch “es la primera vez que la mencionan en dos años de investigación”. Justamente a principios de diciembre, cuando se cumplieron 20 meses del asesinato del maestro, la propia Sandra Rodríguez, como querellante, y sus abogados pidieron el llamado a indagatoria de Sobisch argumentando que “la represión en Arroyito, sobre la ruta nacional 22, fue controlada por el entonces gobernador. Por tanto, la responsabilidad de lo que sucedió no abarca sólo al que disparó contra Carlos Fuentealba (el ex cabo de policía Darío Poblete, condenado en abril pasado a cadena perpetua), sino también al que tenía las riendas del suceso”.

En la llamada causa “Fuentealba II”, la Justicia deberá probar la responsabilidad de los jefes policiales que participaron del operativo de represión de un intento de corte de ruta que nunca llegaron a realizar los docentes neuquinos el primer día de la Semana Santa del 2007. Por tanto, en la causa están imputados quienes eran los jefes máximos de la policía provincial, los ex comisarios Carlos Zalazar y Moisés Soto, como así también quien fuera en ese momento subsecretario de Seguridad, el también profesor de nivel medio Raúl Pascuarelli. Junto a ellos hay otros 21 oficiales de la fuerza, acusados por la presunta comisión de delitos de homicidio culposo, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Sin la orden del ex gobernador Sobisch para reprimirnos esa mañana en la ruta y el brutal operativo policial que se montó para, como ellos decían, ‘escarmentar a los maestros’, nuestro compañero Carlos Fuentealba no hubiera sido asesinado”, dijo a Página/12 Marcelo Guagliardo, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (Aten) , gremio en el cual militaba como delegado el propio Fuentealba.

En la conferencia de prensa que hoy a mediodía darán los abogados querellantes Palmieri y Mendaña frente al juzgado de Piana –adonde llegarán decenas de trabajadores docentes, estudiantes y de otros gremios neuquinos que tomaron la causa como propia– no se descarta que incluso puedan llegar a recusar al magistrado, exigiendo que se aparte de la investigación, “la cual no está agotada en absoluto”.