Karina Mole, 19 años, con su hijo menor aferrado en su cadera, bajo la sombra de un árbol para soportar el calor, cuenta por segunda vez cómo uno de los desarmadores de autos del galpón de al lado le entregó un fajo de billetes a un policía de la seccional Pacheco. Ella, uno de sus hermanos y un sargento de la comisaría de Pacheco declararon en la fiscalía que investiga la red de comercialización de autopartes robadas y pusieron en la mira de la Justicia a los recaudadores de la fuerza, acusados de asociación ilícita. Pero también hablaron los propios desarmadores presos: arrepentidos contaron que hacía tres años pagaban puntualmente a la comisaría y a la División Departamental de Investigaciones de Tigre. “Vos pibe callate la boca, no me conocés a mí. Si no, te volteo”, dice Oscar Chaparro que lo amenazó al negociar la coima el enviado de la DDI. “La plata era para el jefe que estaba”, se lee en la causa en la que el comisario de Pacheco quedó detenido por asociación ilícita y dos policías continúan prófugos. Página/12 accedió en exclusivo a los testimonios de los arrepentidos y entrevistó a dos desarmadores que conocen cada detalle de la máquina millonaria de recaudación ilegal de la Bonaerense, de la que se consideran apenas un engranaje que encastra a la perfección con otros tantos, igual de cumplidores en la cuota semanal.
Karina, el cuerpo ajado por la pobreza, lo cuenta entre dientes, como si la fueran a escuchar. Ella y sus vecinos del barrio Las Tunas hilvanan imágenes repetidas: los autos policiales estacionados en las puertas de los desarmaderos, el comisario Norberto Fiori comiendo asados de fin de semana con los desarmadores. Sergio Mole, el hermano de 26 años, declaró en la causa que investiga el fiscal John Broyad, que “en varias oportunidades ha visto cuando le traían diferentes autos, que eran ingresados al galpón y eran desmantelados y cortados”. Lo más interesante de la declaración testimonial de los Mole es su descripción de la actividad policial en los desarmaderos. “Ha visto al personal policial visitar en forma casi diaria el lugar en patrulleros de la Seccional Pacheco”, se lee en el expediente. “Venían a buscar la coima”, sintetiza Sergio, tumbado en una destartalada reposera, ante Página/12, a pesar de haber negado durante una hora que él mismo era el testigo en la causa. Sergio y su hermana coinciden en que vieron cuando el dueño del lugar, Pablo Cristian Marabotto, entregaba “un fajo de billetes al personal policial”. La chica contó además que la cantidad que semanalmente pagaban sus vecinos era de 600 pesos. Karina vio a un oficial apodado “El Negro” llevar “por lo menos cinco autos al galpón para su desarme, autos que ingresaron al taller y nunca salieron”.
La bienvenida
A los testimonios de los Mole les siguieron los de los propios desarmadores, Chaparro, alias “Pichi”, y Marabotto, hijo del comerciante Néstor Marabotto, un amigo del comisario Fiori de quien tenía tarjetas con las que podía circular con libertad de vuelo. “A los 15 días (de abrir el desarmadero) vino un muchacho que decía que era de la Brigada, se llama Alfredo Coronel –cuenta Chaparro–. Me dijo la cuota sale tanto, estuvimos peleando, porque me pidió 150 pesos por semana. Yo le dije: ‘No puedo pagarte porque no corto’.” Fue entonces cuando la discusión por el precio de la coima se terminó con la frase cortante de Coronel: “Vos pibe callate la boca, no me conocés a mí. Si no, te volteo”. Este testimonio se suma al de Pablo Marabotto que describe la tarea del enviado de la DDI.
“Coronel pasaba por el desarmadero los días viernes a cobrar en un Ford Falcon y después en un Peugeot 504 beige. Todos los viernes sin falta”, remarca Marabotto. Sólo una vez, contó, se atrasó en el pago: “Si no me pagás te reviento”.
Los dos desarmadores señalan como recaudador de la comisaría de Pacheco al sargento José Humberto Garay. Chaparro recuerda que Garay llegó a pedir para la cuota de la seccional al día siguiente que Coronel. “En otras oportunidades Garay se llevaba un repuesto, y en tal caso se lo descontábamos de la cuota. Por ejemplo venía y pedía una puerta de 80 pesos, y entonces no le pagábamos por dos semanas.” Las cifras que cada desarmadero debe pagar a la comisaría local y la DDI o brigada no parece un asunto creíble en boca de los arrepentidos. La coima sería muy superior si lo que los muchachos hacían en el taller de la calle Céspedes no era sólo comprar partes de autos robados. Sucede que son dos las maneras de pagarle a la policía para lograr impunidad en la comercialización de coches truchos: una es la colaboración, que estos desarmadores admiten haber oblado, y la otra manera es “el arreglo”, que implica autorización para robar autos y desarmarlos, el proceso completo. Ese proceso es el que dos desarmadores de zona norte confiaron a Página/12 (ver aparte). “Ellos estaban obligados a pagar, nunca tuvieron alternativa”, argumenta a favor de sus clientes el abogado José María Vera.
El outlet
–¿Cuánto hace que comenzó el negocio de los desarmaderos?
–La calle Warnes está hace mucho –estampa uno de los desarmadores la evidencia de la ilegalidad admitida hace décadas.
Sí, Warnes es quizás el símbolo de la venta de productos truchos a mitad de precio. Y vive por estos días, tal como cualquier desarmadero del Gran Buenos Aires, un momento de gloria. “El auge del negocio es desde comienzos de año hacia acá, por el achicamiento que había vivido el mercado con la importación y el encarecimiento de las autopartes”, explica a este diario Vera. Y lo refuerza uno de los desarmadores: “Es que se juntó todo: la malaria, el plan caído –los autos de los planes de pago que quedaron en la calle con cuotas impagas–, la devaluación y la suba de los importados”. El hombre, un grueso ejemplar con traza y voz de mando, confiesa que la saga de desarmaderos reventados en Pacheco lo obligan a cerrar los puntos de venta, temeroso de caer en la volteada. “Yo me quiero cortar las manos, me muero por vender, pero no puedo justo cuando resurgió recién. A mí se me hace agua la boca.” Así como admite la ganancia perdida, él y su amigo hablan de su actividad casi como si se tratara de una tarea social, de una oportunidad para enfrentar la crisis.
“¿Cómo va a hacer un tipo que se compró por ejemplo un Volkswagen Gol para comprarse la puerta que le chocaron cuando sale 400 pesos? –se pregunta uno de ellos–. En el desarmadero sale 100, y en Warnes sale unos 200 o 250, pero ahí la podés pedir por color y todo.” La diferencia de precios es alta, pero también, aseguran los profesionales, se paga otra coima. “Es por eso que la 29 es la comisaría más cara del país. A mí siempre me dijeron un millón, pero antes de la devaluación. Ellos por local abierto pagan cuatrocientos por semana: pero por cuatro, o sea, a la comisaría local, la brigada, sustracción de automotores y complejas, o sea son 1600.” Una de las similitudes es que la propaganda, el contacto con el desarmadero, suelen tenerlo los talleres mecánicos o de chapa y pintura. “Te hacen el toque y te piden directamente ellos”, cuentan.
El gas, las migajas
y los jefes
Los nombres de los dos policías prófugos, Garay y Coronel, eran tan famosos como el de un tío para la familia del desarme y sus negocios anexos y complementarios como los remises truchos, las motos de delivery, los talleres, las gomerías. “El tipo que hace la calle es importantísimo, porque a veces es el único que conoce a todos los que tiene que cobrarle -cuenta uno de los entrevistados por este diario–. Coronel es el mismo desde que está en la Brigada, lo trajo otro jefe que era un flor de tipo. Después lo pasaron a disponibilidad porque se mandó una cagada pero no había otro que supiera. Ahora me mandaron a avisar que no le pague más porque está prófugo.” La “cagada” que se mandó Coronel fue haberse robado uno de los celulares encontrados en la casa de uno de los hombres sospechados de aportar los teléfonos que se usaron en el secuestro de Cristian Riquelme, el hermano del jugador de Boca. Pero eso ocurrió hace tres meses y en sus testimonios Chaparro y Marabotto coinciden en que Coronel continuó siendo el que los visitaba por la coima de la DDI. “Estoy en disponibilidad pero el jefe no tiene otro que conozca todos los lugares para recaudar como los conozco yo, entonces me tiene a mí como recaudador semanal”, cuenta el desarmador que le explicó Coronel. Marabotto asegura en su arrepentimiento judicial que no eran los únicos coimeados.
Tanto Garay como Coronel visitaban también a otros desarmadores. Uno de ellos era Néstor Enrique Arrechea, El Pelado, a quien iban a ver los policías tras embolsillar la coima en la calle Céspedes. Según confesaron ellos, supieron un día antes de que el fiscal Broyad allanara los galpones repletos de autos porque Coronel “llamó por teléfono al Pelado”. Si a Coronel y Garay las acusaciones de los desarmadores los convirtieron en prófugos de la Justicia, peor le ha ido al comisario Fiori. Aunque Chaparro y Marabotto destacan en sus declaraciones que el jefe nunca les pidió dinero, les dio cobertura con un curioso e ilegal método de habilitación. Les firmó y selló un libro con el inventario de autos y partes robadas acumuladas en su taller de Pacheco como si la ley pudiera crearse con el poder de la corporación.