El kirchnerismo presentó las modificaciones al proyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual como una ofrenda a las bancadas que se pronunciaron a favor de discutir la iniciativa del Gobierno “sin especulaciones políticas”. Dispuesto a “no demorar” más el debate, el bloque K firmó el dictamen de mayoría que llevará hoy a las diez de la mañana al recinto de la Cámara de Diputados, donde buscará la media sanción de la ley. La modificación de los integrantes de la autoridad de aplicación que pondrá en vigencia la futura normativa se sumó al anuncio del lunes de la Presidenta de impedirle el acceso de las telefónicas al negocio de los medios de comunicación. Así se despejó el camino para el apoyo al proyecto de las mayoría de los bloques de centroizquierda. La lista incluye a los legisladores de Solidaridad e Igualdad (SI), Encuentro Popular y Social (EPyS) y Proyecto Sur (PSur), además de los radicales de la concertación, que también sumaron propuestas de cambios al texto original. El núcleo duro opositor, UCR, CC, PRO, peronismo disidente y el cobismo, volvió a reclamar más tiempo para el debate para cargar contra el proyecto y el Gobierno. Radicales y macristas abandonaron el plenario como protesta.

El bloque kirchnerista decidió ponerle fin al debate en la Cámara baja. El dictamen recibió el apoyo de 57 legisladores (13 de la comisión de Libertad de Expresión, que tiene 23 miembros; 25 sobre 49 de Presupuesto y 19 sobre 31 de Comunicación). Los diputados oficialistas están convencidos de que los sectores opositores que reclamaron más tiempo “sólo quieren dilatar el debate, porque ya se pronunciaron en contra de la ley y hasta aseguraron que la revisarán después del diez de diciembre”. También consideran que concedieron a la oposición que “no trabó el proyecto” los cambios que solicitaba. “Es hora de llevarla al recinto”, confiaron a Página/12. La cita será hoy las diez de la mañana, donde el debate promete ser arduo y prolongado.

El oficialismo se mostró entusiasmado con el abroquelamiento de su tropa detrás del proyecto del Gobierno: hubo casi asistencia perfecta de sus diputados de las comisiones de Comunicaciones, Presupuesto y Libertad de Expresión, que componen el plenario legislativo. Una demostración de fuerza a la que también aportaron los cambios a la iniciativa oficial.

Las más de 200 modificaciones que terminó teniendo el proyecto abarcaron temas centrales como cerrarle el paso a las telefónicas y a las empresas de servicios públicos como “nuevos jugadores” en el sistema de los medios de comunicación. Y el paso de cinco (tres del PEN y dos por el Congreso) a siete miembros en la autoridad de aplicación, con mayoría parlamentaria (3 miembros) y la incorporación de dos representantes federales, uno de ellos del ámbito académico. El organismo, además, fue declarado como “descentralizado y autárquico”.

Los otros cambios incluyeron precisiones y definiciones no menos importantes en la redacción. Se declara el espectro radioeléctrico como bien público y se mantiene el reparto de ese espacio en tres partes iguales para las empresas privadas con fines de lucro, las privadas sin fines de lucro (ONG) y el Estado. El propio interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, y su segundo, Luis Lazaro, colaboraron en la discusión con los otros bloques y la redacción de las modificaciones, y a despejar las dudas de los propios (ver página 5).

Fueron esas modificaciones, muchas de ellas propuestas por SI, EpyS, P Sur, los radicales de la concertación y el propio socialismo (PS), las que abrieron el camino a un respaldo más amplio de la iniciativa. Esos bloques decidieron su apoyo al proyecto, salvo el PS, que anoche analizaba si seguía el mismo camino o finalmente iba al recinto con su propio dictamen. Las diferencias sobre la autoridad de aplicación alejaron a Miguel Bonasso de respaldar la iniciativa.

Carlos Raimundi (SI) festejó los cambios y aseguró que el proyecto “ya no es la ley Telecom”. Pero pidió a los diputados denunciar los Tratados de Protección de Inversiones, “para que las compañías extranjeras no puedan meterse en el negocio acogiéndose a los convenios bilaterales firmados con 56 países”, además de convocar al compromiso de “regular a las telefónicas” para que tampoco “puedan meterse por la ventana” por poseer la tecnología que necesitarán los licenciatarios.

Ante los militantes de CTA y Proyector Sur que se movilizaron frente al Congreso con la consigna “Sí a la ley de medios. No a las telefónicas”, Claudio Lozano aseguró que “estamos muy satisfechos con el logro obtenido, que es el de haber sacado a las telefónicas”. “No somos ni el Gobierno ni los monopolios. Somos una propuesta seria de democratización de los medios de comunicación”, concluyó Lozano, que apoyará el proyecto en el recinto. Cecilia Merchán (Libres del Sur y EPyS) también afirmó su apoyo pero se despegó del Gobierno: “No compartimos muchas políticas del kirchnerismo pero estamos de acuerdo con terminar con el decreto-ley firmado por Videla. Este no es un proyecto K, es un trabajo en el que han participado muchísimas organizaciones sociales”.

La radical Silvana Giúdici tomó la posta contra el proyecto.

“No se ha debatido nada sobre un proyecto de 157 artículos y hemos tenido apenas una hora y media para leer los 215 cambios al texto. Las modificaciones sólo han sido entre amigos”, sostuvo la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión. El radicalismo fue uno de los partidos que junto a Julio Cobos se comprometió a revisar el proyecto después del diez de diciembre, si el Congreso lo convierte en ley.

Federico Pinedo, el jefe de los diputados macristas, se quejó de que mientras él intervenía los diputados oficialistas firmaban el dictamen de mayoría. El PRO fue otro de los partidos que se comprometió a revisar la ley si el kirchnerismo la aprueba. El socio del PRO, Francisco de Narváez también cargó contra el proyecto en su breve paso por el plenario. “Las modificaciones no cambia lo esencial. Es una intervención brutal del kirchnerismo en su intento reeleccionista”, afirmó el empresario multimedia.

Macristas y radicales también se asociaron para abandonar el plenario legislativos como reclamo a que la ley se trate hoy.

Fernando Iglesias (CC) volvió a remarcar la “falta de debate” y se dirigió a los sectores de la CTA que respaldan la iniciativa. “les aviso a los muchachos de la CTA, que las radios se las van a dar a (Luis) D’Elía y la CGT, pero no a ellos”.

Julio Piumato y Adriana Puiggrós fueron los primeros en defender el proyecto oficial. Los oficialistas consideran que hoy en el recinto “será la hora de la verdad” y confían en sus números, aunque también tendrán algunas deserciones entre propios y aliados: Graciela Camaño tendrá dictamen propio, al que se subieron varios peronistas disidentes como el duhaldista Jorge Sarghini, los entrerrianos que responden a Jorge Busti y el salteño Marcelo López Arias. También irán al recinto con su propia propuesta los neuquinos del MPN que hasta ahora se habían comportado como fieles aliados. Los radicales y la Coalición Cívica llevarán sus proyectos. Los macristas no aportarán ninguno.