Lo que parecía una simple disputa por la elección estudiantil en la Facultad de Medicina (UBA) terminó con efectos colaterales en la Justicia, con la falsificación de un documento incluida. En la puja por llevar o no llevar urnas a las sedes del Ciclo Básico Común, un recurso de amparo que lo impedía resultó falso y terminó con una investigación judicial de oficio. “No puedo saber quién fue, pero estaban en juego los intereses electorales de los estudiantes”, señaló el decano Alfredo Buzzi. Por su parte, Efraín Benzaquén, funcionario de la facultad y dirigente estudiantil, aseguró que “fue una maniobra para desmovilizar al estudiantado”.

El jueves pasado, la sesión del consejo directivo de Medicina estaba citada para tratar una resolución del decano ad referéndum del cuerpo académico, donde se habilitaba la instalación de urnas de votación en las sedes del CBC durante esta semana. La sesión del consejo contó con la presencia de más de un centenar de alumnos ligados a algunas agrupaciones del centro de estudiantes, que se oponían a la medida. En un cuarto intermedio apareció una cédula judicial con una medida cautelar que impedía modificar las reglas de la elección e instalar las nuevas urnas. La medida provocó que Buzzi decidiera ajustarse a derecho, aunque decidió resolverlo al día siguiente “por el tumulto que había en ese momento”, según informaron en la facultad. Pero a la mañana siguiente el responsable jurídico de la facultad se encontró con la noticia de que el amparo era falso.

“Falsificaron la firma de magistrados judiciales. Entiendo que es muy arriesgado por una elección estudiantil”, dijo a Página/12 el decano Buzzi. El supuesto recurso apuntaba que “la norma en cuestión es ilegítimamente discriminatoria y, como consecuencia, inconstitucional” y resolvía que se debía volver atrás con la resolución que permitía el envío de las urnas a las sedes del CBC.

El secretario general de la facultad, Efraín Benzaquén, que además es dirigente de la agrupación QRS (radicales e independientes), actual conducción del centro estudiantil, afirmó que el oficio falso fue “una maniobra para desmovilizar a los estudiantes que se encontraban en la sesión del consejo oponiéndose a las urnas móviles”. Benzaquén y su espacio formaban parte del oficialismo de la facultad, pero, antes de las actuales elecciones de claustros, se enfrentó a sus antiguos aliados y se asoció a listas opositoras tanto en profesores como en graduados. “No queremos acusar a nadie porque es un tema muy grave. Pero hay que evaluar a quién benefició la presentación de ese documento”, definió el dirigente universitario.

“Es todo absolutamente apócrifo, hecho por alguien que conoce y que se ha tomado el trabajo de escanear el sello de la Cámara o conseguirse uno”, explicó el secretario de Asuntos Jurídicos de la facultad, Fernando Casset, quien se enteró de la falsedad del oficio judicial cuando se acercó al Juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo. Allí, después de chequear el número de expediente, los empleados le informaron que existía una causa bajo el número 12.470/09, pero trataba sobre un proceso que involucraba al Ministerio de Defensa “y no estaba en ese juzgado”, contó Casset. Además, el juez Carlos Grecco, una de las firmas que aparecía en el documento falso, “el 8 de septiembre había dejado de pertenecer al tribunal”, por lo que era imposible que firmara un escrito perteneciente a la sala”.

Hasta ayer no había nadie acusado de ser el autor de la falsificación, a pesar de que los distintos actores se echan la culpa entre ellos. Por lo pronto, los jueces Marta Herrera y Carlos Grecco certificaron que las firmas que aparecen en el oficio judicial “no pertenecen a su puño y letra” y la jueza remitió lo actuado a la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal para que se investigue “la posible comisión de un delito”.