En la más importante de las leyes que le tocó votar desde su nacimiento, al Acuerdo Cívico y Social –compuesto por la UCR, el cobismo, el Partido Socialista y la Coalición Cívica– se rompió en pedazos. Ayer los diputados socialistas anunciaron en el recinto que votarían a favor del proyecto en general, reservándose el derecho de votar en contra en algunos de sus artículos. De los diez legisladores que tiene ese bloque, la única que decía que votaría en contra era la cordobesa Laura Sesma. Además, el presidente del partido, el santafesino Rubén Giustiniani, adelantó que también acompañará la iniciativa en el Senado, donde el oficialismo podría estar más comprometido para sancionar la ley. El bloque del GEN, que (por ahora) integra la Coalición Cívica, se dividía entre quienes querían votar a favor, quienes proponían la abstención y quienes no estaban dispuestos a acompañar la iniciativa. La UCR, los cobistas y los diputados alineados con Elisa Carrió también manifestaron su rechazo.

En el Acuerdo Cívico y Social intentaron bajarles el tono a las diferencias aunque no es la primera vez que dentro de la alianza se manifiestan posiciones opuestas en temas clave. “Nosotros no priorizamos la coyuntura política por sobre nuestros postulados históricos”, afirmaron cerca de Giustiniani.

Los socialistas tuvieron tres reuniones después de las modificaciones anunciadas por el oficialismo. La primera el martes a la tarde, la segunda esa misma noche, después de la reunión de comisión, y nuevamente ayer a la mañana, previo al debate en el Congreso. Fue allí donde se consensuó acompañar la medida en general y reclamar otros cambios que no habían sido atendidos, como el plazo para que las empresas se adecuen a la ley (que es de un año) y una autoridad de aplicación “mucho más colegiada”.

“Nosotros no cambiamos nuestra posición, hubo un cambio muy importante en el proyecto”, afirmaron los socialistas, que la semana pasada habían reunido al máximo órgano de su partido para debatir la iniciativa oficial. En ese momento habían decidido rechazarla, pero todavía la presidenta Cristina Fernández no había decidido eliminar a las telefónicas del mercado de cableoperadores ni se habían realizado los cambios en el plenario de comisiones de Diputados. La posición socialista contó con el aval del gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, quien siguió de cerca el desarrollo de los acontecimientos en el Congreso.

Hubo contactos con radicales y dirigentes de la CC pero, según dijeron, se trató de “una cuestión de gentilezas”, más que un intento por consensuar una postura común. “Se sobredimensiona lo que es la institucionalidad del Acuerdo Cívico y Social”, explicó el diputado socialista Roy Cortina. Desde la UCR y el socialismo habían intentado avanzar en la conformación de una mesa ejecutiva del ACyS, para lograr una instancia superior de toma de decisiones. Lo cierto es que la idea se desinfló por la negativa de Carrió.

En ese contexto, el bloque radical también corrió anoche serios riesgos de romperse, cuando algunos de sus legisladores llevaron al oficialismo la propuesta de realizar modificaciones en la autoridad de aplicación. En concreto, querían que pasara a la órbita parlamentaria. Si esos cambios eran aceptados para introducirse en el tratamiento en particular, hubieran cambiado su voto del proyecto en general. Sandra Rioboó y Vilma Baragiola estuvieron entre los partícipes de esa movida.

Stolbizer dio libertad de acción a los diputados del GEN, quienes en principio acompañaron la actitud adoptada por la Coalición Cívica de retirarse del recinto. Fuentes cercanas a Stolbizer adelantaron que después de las diferencias manifestadas ayer, frente a la votación, estaban más que nunca al borde de la ruptura. “Estamos corriendo detrás de la derecha. La posición de Oscar Aguad (UCR), Federico Pinedo (PRO) y Patricia Bullrich (Unión por Todos) no lleva a ningún lado”, afirmó el diputado Horacio Alcuaz.