El Superior Tribunal de Justicia de Misiones suspendió a los dos jueces implicados en la causa del espionaje, pero el jurado de enjuiciamiento provincial se negó después a abrirles juicio político con una resolución que les garantiza total inmunidad. “No podrán ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por sus opiniones ni arrestados”, dice el documento. Los magistrados cuestionados, Horacio Gallardo y José Luis Rey, habían sido citados a indagatoria por el juez Norberto Oyarbide porque firmaron órdenes para pinchar ilegalmente los teléfonos de Sergio Burstein –de Familiares de AMIA–, de Daniel Leonardo –cuñado de Mauricio Macri–, de conocidos empresarios y hasta de la esposa de un importante anticuario. Según el jury, Oyarbide “pretende avasallar la autonomía provincial”.

Oyarbide había pedido el desafuero de Rey y Gallardo después de que faltaran dos veces a la indagatoria sin justificación. Sólo despojados de sus fueros podría llevarlos a declarar por la fuerza pública. Ahora, con la decisión del jurado misionero, difícilmente sean indagados alguna vez.

El juez porteño considera que Gallardo y Rey –con fama de ser allegados al ex gobernador Ramón Puerta– son responsables de haber autorizado una decena de escuchas ilegítimas desde 2007, todas hechas con el mismo mecanismo: el espía Ciro James y un grupo de policías misioneros vinculaban falsamente a la persona que querían escuchar con algún homicidio o un robo; los jueces firmaban la órdenes para las escuchas, que se hacían utilizando el aparato del Estado, a través de la SIDE; James, con autorización de los magistrados, retiraba las conversaciones grabadas. Cuando Oyarbide les pidió por las buenas copias de las causas donde tramitaron las escuchas, Gallardo y Rey no le dieron nada. Una vez que allanó sus despachos, no encontró ni una escucha y sí unos pocos expedientes.

El Superior Tribunal misionero resolvió anteayer suspender a Rey y a Gallardo preventivamente por 30 días, sin goce de haberes, ante las serias sospechas que pesan sobre ellos. Fue una decisión administrativa, que no afecta sus fueros.

El propio tribunal, a su vez, instruyó al jurado de enjuiciamiento para que determine, en una investigación preliminar, si existen motivos para iniciar un juicio político. El jury se reunió rápidamente, sin ahondar en ninguna investigación, y resolvió desestimar el pedido de destitución enviado por Oyarbide. Hubo cinco votos a favor y dos en contra.

La argumentación del jury brinda protección casi absoluta a Rey y Gallardo.

- Acusa a Oyarbide de pretender “avasallar la autonomía provincial”.

- “Las Constituciones provinciales, mediante una fórmula u otra, garantizan la independencia e inamovilidad de los jueces”, argumenta.

- Dice que la ley nacional de fueros que invoca el juez porteño no es aplicable a los magistrados provinciales.

- Hace propio un párrafo de la Constitución provincial que dice que los jueces misioneros “no podrán ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones que emitan en sus fallos, resoluciones o dictámenes, ni arrestados, excepto en el caso de ser sorprendidos infragantes en la ejecución de un delito que merezca pena corporal”.

Todavía podría quedar una instancia de discusión abierta sobre el tema en la Corte Suprema de la Nación.