Desde Santa Fe

Víctor Brusa se convirtió ayer en el primer juez federal del país condenado por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral de Santa Fe lo sentenció a 21 años de cárcel efectiva por apremios ilegales en ocho casos durante la dictadura, cuando era la mano derecha del juez Fernando Mántaras, un nazi confeso, a quien años después sucedió en el cargo, ya durante el gobierno de Carlos Menem. Brusa no fue el único. En el banquillo lo acompañó un grupo de tareas que recibió penas que oscilan entre 23 y 19 años de prisión por secuestros y torturas: los ex policías Héctor Colombini y Eduardo Ramos (23 años), Juan Calixto Perizzotti (22), Mario Facino (20) y la ex carcelera María Eva Aebi (19). “No es poca cosa condenar a alguien que fue juez federal y estuvo sostenido durante tanto tiempo por intereses espurios”, dijo la vicegobernadora Griselda Tessio. Muy cerca, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo-Santa Fe, Celina Koffman, se ilusionó: “La justicia todavía existe, es cuestión de luchar por ella.”

Cientos de familiares y militantes de organismos de derechos humanos se congregaron ayer en el microcentro, frente a la Casa de Justicia, para escuchar el veredicto en la calle, entre aplausos y llantos. La esquina de Primera Junta y San Jerónimo fue rodeada con vallas para seguir por pantallas gigantes la lectura del presidente del Tribunal, Roberto López Arango, un juez de Paraná, a quien secundaron los conjueces Andrea Creus y Carlos Renna. Otra evidencia de las dificultades para integrar un tribunal que juzgara a Brusa y compañía.

El debate comenzó el 1º de septiembre: se extendió tres meses, pero las víctimas tardaron veinticinco años en llevar a juicio a Brusa, desde que lo denunciaron ante la Conadep en 1984. Y once años desde que lo acusaron ante el juez español Baltasar Garzón, que ordenó la extradición y su captura internacional. Ese el origen del proceso que finalizó ayer. “Comienza a terminarse la impunidad en Santa Fe”, dijo la vicegobernadora Tessio, que siguió la lectura de la sentencia desde la sala de audiencias. Lo acompañaron otros funcionarios del gobierno de Hermes Binner, entre ellos el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, y el secretario de Justicia, Roberto Vicente.

El Tribunal dividió la resolución en quince puntos, los primeros a favor de los imputados al considerar cosa juzgada una denuncia contra Ramos y anular uno de los cargos contra Aebi, por una falla en la investigación en primera instancia. Pero después comenzaron las condenas: 21 años a Brusa, 23 a Colombini y Ramos, 22 a Perizzotti, 20 a Facino y 19 a Aebi. Las penas son levemente inferiores a las que habían pedido los fiscales Martín Suárez Faisal y José Ignacio Candioti: 23 para Brusa; 25 años para Ramos y Colombini; 24 para Perizotti y 23 Facino y Aebi, pero mantienen la graduación del Ministerio Público, con el agregado de que se cayó una de las imputaciones a la única mujer del banquillo. Los fundamentos del fallo se conocerán el 15 de febrero de 2010.

“Estamos satisfechos con la condena”, dijo el abogado querellante Horacio Coutaz, que representó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “El Tribunal reconoció el plan sistemático de exterminio y eso es muy importante. Las condenas son muy altas, están dentro de las que podíamos prever más allá de que nosotros habíamos pedido el máximo”, agregó. Coutaz solicitó 25 años de prisión para los seis imputados.

Las primeras de salir de la audiencia fueron las Madres de Plaza de Mayo. Celina Koffman tenía los ojos iluminados. “La lucha no ha sido en vano. Estamos muy emocionadas porque los argentinos y sobre todo los jóvenes se merecen que estos genocidas estén en la cárcel. Tienen las penas que se merecen porque han hecho mucho daño, no sólo a las víctimas sino a familias enteras”, sostuvo Koffman.

Tessio también ponderó el veredicto. “Las penas son ejemplarizadoras, estoy conforme porque se ha cerrado una etapa de impunidad en Santa Fe. No es poca cosa condenar a alguien que fue juez federal y que no llegó al cargo por concurso ni por las reglas de las democracia, sino que fue sostenido por intereses espurios”, dijo la vicegobernadora, que antes de acompañar a Binner estuvo al frente de la unidad fiscal que investiga los crímenes de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe. “Las condenas descienden un poco de lo que había pedido el Ministerio Público, pero mantienen la graduación. Por lo tanto, los fiscales Suárez Faisal y Candioti están muy orgullosos de su trabajo. Fui a felicitarlos porque han hecho un trabajo muy importante”, agregó Tessio.

El Tribunal ordenó también abrir una veintena de causas solicitadas por la querella y la fiscalía, entre ellas a un legislador del Partido Justicialista de la provincia de Córdoba, Horaldo Senn, señalado en el juicio por una de las víctimas como colaborador de los grupos de tareas.

“Ahora se inicia otro gran debate en la sociedad santafesina, porque el Tribunal planteó que hubo un plan de exterminio”, dijo uno de los querellantes, José Schullman. “Entonces, lo que habrá que discutir es quién se enriqueció con ese plan de exterminio. El Tribunal dijo que hubo complicidad cívica con la dictadura. Y hay que empezar a buscar quiénes fueron los cómplices de la sociedad santafesina, como nosotros planteamos en nuestro alegato. Este no es un fallo sobre el pasado, es sobre el futuro”, precisó Schullman.