El gobierno nacional rechazó de plano el uso de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad, como propuso el ex presidente Eduardo Duhalde. Organismos de derechos humanos y el Centro de Militares para la Democracia (Cemida) también salieron al cruce del pedido, inviable de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior, que prohíbe la injerencia de militares en funciones propias de otras fuerzas de seguridad. Hasta se opuso el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue ayer el encargado de manifestar el rechazo oficial a la propuesta de Eduardo Duhalde. “Los argentinos –subrayó– no quieren que estén los militares” ejerciendo acciones en materia de delitos comunes. El funcionario afirmó que “nadie en sus cabales va a estar dispuesto a aceptar que un militar salga a la calle”.

En ese marco, el jefe de Gabinete desafió: “Quiero ver cuántos proyectos han presentado para dar ese debate y cómo resulta”, en referencia a los legisladores que responden al ex mandatario, entre los que mencionó a su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde. “Van a perder mil a cero, porque nadie está dispuesto a aceptar que un militar tenga funciones propias de las fuerzas de seguridad”, vaticinó Fernández.

El jefe de Gabinete aclaró que “la Argentina ha dictado la Ley 24.059, donde dice que las FF.AA. no pueden participar en condición de fuerzas de seguridad”. Se refería a la Ley de Seguridad Interior, promulgada en 1992. Al respecto, añadió que el objetivo de la norma es “no alentar la presencia de las Fuerzas Armadas en acciones que no son compatibles con las funciones específicas para las que son entrenadas”.

Incluso Mauricio Macri se sumó al rechazo, con el mismo argumento de que las Fuerzas Armadas “están entrenadas para otra cosa”. Eso sí, consideró que deberían ser usadas “para mejorar los controles fronterizos del país ante el accionar del narcotráfico”. El jefe de Gobierno porteño aprovechó para criticar la inversión en seguridad al subrayar “la falta de equipamiento de la Policía y de todas las fuerzas militares”.

En tanto, los organismos de derechos humanos expresaron su total repudio a la propuesta de Eduardo Duhalde, quien comparó medidas tomadas por los gobiernos de Brasil y México y sugirió, además, utilizar a las Fuerzas Armadas para “reeducar jóvenes en riesgo”.

La presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Graciela Rosenblum, consideró que “el Ejército en la calle para reprimir no es la solución” a los problemas relacionados con el delito común. La dirigente consideró que el rol de las Fuerzas Armadas “no es bailar colimbas ni construir la doctrina del enemigo interno, sino preservar al país de agresiones externas”.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se subrayó que en “términos de eficacia” en la lucha contra el delito, la Argentina “lo único que tendría que hacer es no parecerse a Brasil y México”. Diego Chillier, director ejecutivo del organismo, calificó la propuesta de Duhalde como “absurda” e “irresponsable” y sostuvo que la idea está en sintonía con un “populismo punitivo que lo único que hace es desnudar la falta de ideas serias y democráticas” para combatir la inseguridad. El dirigente, además, consideró que “el involucramiento sistemático de las Fuerzas Armadas en cuestiones diferentes a su rol fue lo que desembocó en la peor dictadura”.

Por su parte, el presidente del Centro de Militares para la Democracia (Cemida), Horacio Ballester, se sumó a las críticas y coincidió con que el papel de las Fuerzas Armadas es “ser elemento de disuasión contra el enemigo exterior” y aclaró que la seguridad interna “está a cargo de la policía, la Prefectura y la Gendarmería”, que son “los que están capacitados para hacer esos trabajos”. “Los militares no estamos capacitados para actuar como correccionales”, precisó Ballester.