Tras la denuncia de la Procuración General de la Nación, que pidió que se investigue si Martín Redrado “conoció o participó de delitos cambiarios”, uno de los abogados del ex Golden Boy, Ezequiel Cassagne, salió a negar que haya dicho que tenía las “listas específicas de los amigos del poder que compraron dólares”. Esa frase desafiante, publicada en una entrevista del diario Clarín, fue precisamente la que motivó que el Gobierno impulsara una nueva causa penal contra el economista por posible “encubrimiento” y “coacción”. La presentación le tocó al juez federal Norberto Oyarbide, quien ya acumula cuatro expedientes que giran en torno del conflicto del BCRA y las reservas.

En declaraciones por radio, Cassagne aseguró que “en modo alguno él (Redrado) ha hecho esa manifestación”, en alusión a los supuestos compradores irregulares de dólares. Fue, aseguró, “un trascendido de la prensa del que desconocemos su origen”. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, retrucó con su habitual desparpajo: “o Clarín cada vez miente más” o Redrado “es un nuevo mentiroso”. “Estamos viendo que se borra de lo que dijo con bombos y platillos –agregó–. Si se están cometiendo ilícitos es porque alguien de la autoridad monetaria lo está permitiendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conseguir que ese tema se resuelva en la Justicia y se sancione a los responsables o, eventualmente se lo sancione a él por mentiroso”, insistió.

Cassagne dobló la apuesta: “Hemos notado que a partir de la supuesta declaración, la Presidenta dio instrucciones para denunciar a Redrado. Hay que ver porque pueden caer en falsa denuncia. Van a tener que buscar la fuente y no hay registro de que haya dicho eso”. Según advirtió el abogado, no sólo Redrado “tiene información de quién compra dólares” sino “todo el Banco Central, todos sus directores”. Según Fernández, el problema es que Redrado, como titular del BCRA, “tiene la responsabilidad del secreto bancario”. De todos modos, señaló, “Redrado está sembrando de dudas una cosa que debiera ser tan clara y tan seria como el ejercicio mismo de la responsabilidad del control de la moneda y de las políticas monetarias específicamente”.

La frase completa de Redrado publicada por Clarín decía: “Si hasta hoy me defendí ahora paso al ataque. Tengo las listas específicas de los amigos del poder que compraron dólares”. Esos, según la publicación, fueron parte de sus comentarios luego de intentar el domingo ingresar sin éxito a la sede del Banco Central. El jefe de Gabinete describió cuál fue la reacción del Gobierno: “Lo primero que dijimos nosotros fue ‘bueno, si no lo denuncia, entonces lo vamos a denunciar a él porque lo que está haciendo es de alguna manera las dos cosas: encubrir y coaccionar’”.

La guerra de denuncias judiciales lleva ya varios días. Arrancó todavía antes de que Cristina Kirchner decidiera echar al titular del BCRA a través de un decreto de necesidad y urgencia. Uno de los cuatro expedientes que tiene Oyarbide le apunta a la Presidenta, precisamente por haber usado ese método para desplazar a Redrado. Otro, se abrió a partir de la denuncia que hizo el propio Gobierno –a través del procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino– por supuesto incumplimiento de sus deberes como funcionario debido a su actitud “remisa” –señaló la Casa Rosada– a liberar las reservas para el pago de la deuda. Una tercera causa es la que se inició con la denuncia de Redrado cuando la policía le impidió entrar al BCRA el fin de semana. La última es la de ayer, que nació con un pedido del secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, al procurador general, Esteban Righi.

El magistrado ya dio señales de que se trata de asuntos que requieren urgencia para ser tratados y por eso habilitó la feria. De todos modos, ninguna de las causas tiene todavía requerimiento de la fiscalía para iniciar una investigación propiamente dicha. Todas están en etapa preliminar.

En el expediente iniciado por Redrado, Oyarbide ya analiza el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que el viernes pasado modificó la medida cautelar de la jueza María José Sarmiento que lo había devuelto a la presidencia del BCRA. El tribunal de alzada dio paso a que se expida la Comisión Bicameral sobre el DNU y le prohibió al Gobierno, mientras tanto, nombrar un titular definitivo en el BCRA. Redrado interpreta que el fallo de la cámara no lo saca del cargo. En el Ejecutivo sostienen que está afuera. El juez Oyarbide pidió también –a propuesta del fiscal Luis Comparatore– el acta que le exhibió la policía al momento de cerrarle el paso y datos sobre el escribano que intervino. Tal vez, para este tema puntual, la salida política llegue antes que la judicial.

La denuncia del Gobierno sobre las referencias públicas de Redrado a “los amigos del poder que compraron dólares” plantea la necesidad de una investigación porque “más allá de la evidente intención intimidatoria de las afirmaciones, no queda claro si el ex funcionario conoció o participó de la comisión de delitos cambiarios que estaba obligado a evitar, prevenir, fiscalizar o denunciar”. La compra de divisas por sí misma no es un delito, a menos que supere el tope de dos millones de dólares mensuales establecido por ley. Redrado, se desprende del documento que giró la Procuración a tribunales, debería explica cuál fue la irregularidad en las operaciones y quiénes participaron de ellas.