Los imputados del primer juicio significativo a represores de la ESMA que gozan de arresto domiciliario podrán seguir circulando por los pasillos de Comodoro Py junto con sus esposas, hijos y amigos, sin ningún control ni custodia, mezclados entre abogados y familiares de sus víctimas desaparecidas. Así lo decidió ayer el Tribunal Oral Federal 5, al rechazar un pedido del Ministerio Público Fiscal y de las querellas para que sean custodiados por alguna fuerza de seguridad al menos durante los traslados a la sala de audiencias. El juicio oral y público a Acosta, Donda & Cía. continuará el viernes 5 de febrero con la lectura de los requerimientos de elevación del fiscal federal Eduardo Taiano.

Por la feria judicial de enero y la obligación de realizar al menos una audiencia cada diez días hábiles, el proceso se reanudó ayer luego de casi dos semanas de inactividad. La jornada duró poco más de dos horas –desde las 11.15 hasta las 14.30–, por lo que los imputados presos en los penales de Marcos Paz y Ezeiza pasaron ayer más del doble de tiempo arriba de celulares del Servicio Penitenciario que adentro de la sala. Faltaron con aviso el prefecto Juan Antonio Azic (no está imputado en la causa por el secuestro de las monjas francesas, cuyo requerimiento de elevación se leyó ayer) y el ex canciller Oscar Montes, que consiguió que le leyeran la acusación en su contra durante las primeras audiencias y lo autorizaran a quedarse (arrestado) en su casa, por su delicado estado de salud.

El subsuelo de Comodoro Py estuvo ayer colmado. En la parte inferior se ubicaron los allegados a las víctimas y los organismos de derechos humanos. La bandeja superior la ocuparon las esposas de los imputados y una veintena de camaradas, en su mayoría ex compañeros de tareas del capitán Raúl Scheller, “El Negro” para los amigos, “Mariano” en la sala de torturas de la ESMA. También asistieron miembros de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que preside Alberto Solanet, hermano de quien fuera secretario de Hacienda de Roberto Alemann durante la dictadura y activo militante de la Corporación de Abogados Católicos. Autor habitual de cartas de lectores en el diario La Nación, el ingeniero Solanet agregó la defensa de quienes considera “presos políticos” víctimas de “oscuros designios ideológicos” a sus militancias contra el aborto, la eutanasia, la unión civil, las travestis y la despenalización del consumo de drogas.

El pedido para modificar el régimen de traslados lo planteó en diciembre el abogado Rodolfo Yanzón, del equipo jurídico Kaos, luego de ver en sus autos particulares al contraalmirante Manuel García Tallada y al teniente coronel Julio César Coronel con su hijo. De los 17 imputados, gozan del privilegio los dos citados más el contraalmirante Montes y el comisario Ernesto Weber, quien les enseñó a usar la picana eléctrica a los marinos. Suscribieron la solicitud el fiscal Pablo Ouviña y todas las querellas, excepto Justicia Ya, que directamente pidió la revocatoria del arresto domiciliario a todos los represores.

La negativa lleva las firmas de Daniel Obligado, presidente del TOF-5, y de Ricardo Farías. “La ley excluye expresamente el control del arresto domiciliario por parte de organismos de seguridad, no haciendo distinción para el caso del traslado del encausado”, escribieron en su voto. Destacaron que la detención durante el juicio es “una medida cautelar” pues “pesa sobre ellos el estado de inocencia” y consideraron que no existe ninguna razón para modificar las condiciones de los traslados. El juez Oscar Hergott, en cambio, se pronunció a favor del pedido. “El Servicio Penitenciario Federal es un órgano que no cumple funciones estrictamente de seguridad, sino que su misión principal es propender a la salvaguarda del proceso de rehabilitación y resocialización de condenados y traslados de imputados”, escribió en minoría.