Las piezas se acomodan como un tablero de ajedrez. Mientras los juzgados electorales se quejan y piden a los partidos políticos engorrosas certificaciones de afiliados, desde el Gobierno apuran detalles de la reglamentación de la ley. El Ministerio del Interior trabaja contra reloj en la estandarización de los sistemas bancarios –clave para el blanqueo del financiamiento de los partidos– y en los acuerdos con el Comfer para la distribución de publicidad. En el medio, la izquierda y el centroizquierda analizan la letra chica de la ley, estudiando fórmulas para no desaparecer. La puesta en marcha de la reforma política atraviesa algunos escollos, muchos son puramente técnicos, pero la apertura de la instancia de la reglamentación abre las puertas para quienes buscan cambios más amplios. “La verdad es que el criterio de la reglamentación tiene que ver con hacer más fácil la comprensión de la ley”, dice Edgardo Di Rocco, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, a cargo de la tarea. “Pero somos conscientes de la estrechez que tiene ese proceso: lo que quiero decir es que no vamos a cambiar las cosas, el Ejecutivo tiene plena conciencia del costo político que puede tener cualquier exceso, que puede derivar –previene– en una declaración de inconstitucionalidad.”

La banca

Semanas atrás, la jueza María Servini de Cubría convocó a 72 apoderados de partidos políticos de todo el país. En ese escenario pidió al Ejecutivo que se apurara a reglamentar la ley porque –según Servini– existen agujeros negros que provocan disparidad de criterios entre los jueces.

Los apoderados de las organizaciones de izquierda mencionaron dos de los problemas más habituales. El primero, los 90 días de plazo para corregir las presentaciones judiciales antes de perder la personería jurídica. La ley no dice si son días hábiles o corridos, y se pretendía alguna precisión. El otro problema, más grave, que roza cuestiones de fondo, es el criterio de los jueces para evaluar afiliaciones.

La nueva ley exige a los partidos un piso de afiliados de un 4 por mil del padrón electoral, y por lo menos 4000 afiliados en distritos de más de un millón de habitantes, como ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Además, los partidos que no sacaron 2 por ciento del padrón electoral en las dos últimas elecciones pierden la personería jurídica. Eso no es nuevo. El problema es que históricamente los partidos volvían a presentarse con una variación en el nombre y trasladando las afiliaciones. Ahora sólo pueden volver a usar el 50 por ciento de los afiliados y algunos jueces les piden que las firmas estén avaladas por escribano, juez de paz o policía.

Guillo Pistonesi es apoderado del PTS y considera que ese es un aspecto que se puede corregir vía reglamentación. “Cada uno de los partidos debería ser responsable de la veracidad de los afiliados”, dice. “Nosotros hablamos de igualdad ante la ley: a un partido que no quiere financiarse con el dinero de las empresas se le hace imposible hacer esas certificaciones, porque tenés que poner miles de pesos para pagar escribano, porque es imposible pedirle a un militante de izquierda que vaya a certificar su firma a una comisaría.”

Probablemente la reglamentación no contemple cambios en ninguno de los dos puntos. Sobre el primero, “los 90 días son 90 días”, dicen en el Gobierno. Y el segundo va en contra de uno de los principios sobre los que se fundamenta la ley: evitar la proliferación de sellos de goma con afiliados fantasma. El problema de esa restricción, sin embargo, es que está pensada para otros sectores, y no contempla lo que sucede con la izquierda: abundante proporción de militantes, pero con pocos votos efectivos en las urnas. Una de las soluciones que les propone el PJ es pensar en las fusiones. La izquierda dice que no.

Hasta el jueves, esos sectores alentaban en el Congreso el voto contra el veto parcial de la presidenta Cristina Fernández a la ley. Apostaban al artículo que prorrogaba hasta diciembre de 2011 la entrada en vigencia de alguna de esas cláusulas. Además, catorce fuerzas presentaron un amparo en la Justicia por la misma razón. Entre ellas, PTS, Proyecto Sur, el Partido Humanista, el Polo Obrero y Libres del Sur.

Con el resto de los partidos, el Gobierno está convencido de que no habrá problemas de fondo, aunque saben perfectamente de los tropiezos que generan los aspectos más técnicos de la ley. En ese universo, señalan dos grandes temas. Uno, vinculado con la puesta al día de padrones, un tema espinoso, que genera conflictos dentro de la Justicia, porque ya no serán manejados por los juzgados electorales, sino por la Cámara Nacional Electoral. El otro gran tema son los paquetes de leyes o decretos que irán saliendo para reglamentar distintos aspectos pendientes. Así sucedió con el sistema de telegramas de desafiliación de los partidos políticos coordinado con el Correo, con un costo de 16,75 pesos que pagará el Estado. Otro aspecto, no menor, es establecer el monto de los “módulos electorales”, base de cálculo para el financiamiento de los partidos.

Según la ley, el monto debe estar regulado en la Ley de Presupuesto, pero como la última ley salió antes que la Reforma, el dinero no se calculó. En el primer bimestre de cada año, la Cámara Electoral –a pedido de la nueva ley– debe establecer los topes de los aportes privados para los partidos políticos, en base a un cálculo de los módulos. Como aún no hay valor, la Cámara resolvió a mediados de febrero que no se podían calcular. Envió una cédula al juzgado de Servini de Cubría y de allí se giró a los partidos políticos. El escollo, sin embargo, se resolvería en el Congreso: el Gobierno mandó un proyecto de ley en el que establece el valor en 3 pesos.

La política

Luego de la sanción de la ley, se dijo, por ejemplo, que uno de los problemas era su silencio sobre las candidaturas testimoniales: no prevé ni penas ni sanciones. En esa ocasión, se especuló con que podría hacerse algo vía reglamentación. Lo mismo sucedió con los candidatos que son votados para un cargo y luego cambian de función.

“Las candidaturas testimoniales no se pueden abordar desde la reglamentación ni de otro modo legal, explican en Gobierno, porque tienen que ver con el derecho constitucional de elegir y ser elegido, sólo la Constitución podría establecer una incompatibilidad para ser candidato de un cargo durante el ejercicio de otro.” Lo mismo sucede con candidatos que cambian de destino. “En ningún país del mundo está prohibido”, dicen en Gobierno. Y refieren un principio jurídico: “El ejercicio regular de un derecho no puede constituir en ilícito ningún otro”.

Otro debate en torno de la reglamentación es impulsado por los sectores afines del Gobierno, el centroizquierda no peronista. Desde allí, se busca un modo de inclusión específico para los movimientos sociales, cuyos militantes no están afiliados a ningún partido. Desde hace año y medio, el Frente Grande, el PI, el Polo Social y Proyecto Popular evalúan convertirse en una confederación de partidos: un conjunto de partidos que generen una alianza permanente. Esos partidos no pierden sus individualidades como en una fusión, la mantienen. De acuerdo con la ley, deben suscribir un acuerdo y cada uno llega con sus afiliados. Estos partidos pretenden que los simpatizantes y adherentes puedan afiliarse directamente, evitando inscribirse en un partido.

“Una confederación es una unión de partidos que tienen suficientes cosas en común como para constituir un vínculo permanente pero no quieren fusionar las individualidades”, dice Alejandro Tulio, director nacional electoral. “Pero no puede haber afiliados de la confederación que está integrada por un conjunto de personas con existencia ideal; la inserción de los movimientos sociales debe hacerse a través de afiliaciones a los partidos políticos, porque la ley les otorga el monopolio de la representación.”