En poco tiempo, Mauricio Macri estará frente a la encrucijada de optar entre el consorcio o la familia. Es que ha comprado un semipiso en Palermo Chico, en el mismo edificio donde su primo, Fabio Calcaterra, ha construido un departamento en la terraza, sin autorización municipal, en contra de las normas municipales de protección para esa zona y, además, en contradicción con la estética y el buen gusto. Se trata del edificio construido en la década del ’80 por el arquitecto Carlos Libedinsky sobre la calle Mariscal Ramón Castilla, entre Avenida del Libertador y Figueroa Alcorta. La construcción está emplazada en un Area de Protección Histórica (APH) y en vías de ser catalogada como edificio protegido por su valor arquitectónico, con trámite legislativo en curso. Macri todavía no se mudó a su nueva vivienda, pero ya consiguió una ventajita: un semáforo sobre la Avenida del Libertador para girar a la izquierda, acceso privilegiado a una calle que no tiene más de doscientos metros.

Todo empezó en abril de 2009, cuanto el coordinador de la Fundación Ciudad, Javier García Elorrio, le envió una carta al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en la cual solicitaba que se frenaran las obras que por entonces se estaban desarrollando en el edificio de Mariscal Ramón Castilla 2871, considerado como patrimonio histórico. “Unos particulares de apellido Calcaterra están realizando obras por sí o por terceros que afectan al edificio sin autorización visible”, escribió García Elorrio. Copias de esa misiva le fueron entregadas a los ministros de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, de Seguridad, Guillermo Montenegro –de quienes dependen las áreas de aprobación de obras y control–, y al fiscal general Germán Garavano.

Los mencionados Calcaterra no son otros que los primos de Macri. Precisamente, Fabio Calcaterra es el dueño del dúplex en los pisos 11 y 12 B y quien construyó sobre la terraza del 12º una suerte de sala o quincho de mampostería, con techo de paneles metálicos, de unos 60 metros cuadrados. Desde la calle puede verse cómo esa estructura nueva quiebra la simetría del edificio.

Fabio Calcaterra era, además, el dueño del piso 10º, el que ahora compró su primo Mauricio, según es vox populi en un barrio que, por distinguido, no deja de prestar atención a las novedades que le prodigan sus vecinos notables. En el mismo edificio, pero en el piso 9º, vive Angelo Calcaterra, hermano de Fabio. Los dos hermanos son hijos de Pía Macri –la hermana de Franco y Antonio– y de Antonio Calcaterra.

Angelo es el presidente de Iecsa, la constructora de la que Macri se desprendió antes de la campaña para ser electo jefe de Gobierno. Y Fabio, su hermano, es el vicepresidente de la compañía. La empresa es contratista del Estado porteño en importantes construcciones, como la del aliviador del arroyo Maldonado.

En la Ciudad de Buenos Aires, centenares de vecinos construyen una habitación u otra vivienda en la terraza, a veces sin permiso, pero a nadie se le ocurre modificar uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, salvo que esté convencido de que no caerá sobre él el peso de las normas municipales, sea en forma de multa o de orden de demolición, como suele ocurrir con esas infracciones cuando son detectadas.

Es que no se trata de un edificio más de Palermo Chico. La ex legisladora Teresa de Anchorena, que pidió para éste y otros cien edificios su inclusión en un catálogo de protección por ser producto del movimiento de arquitectura moderna.

Macri vive a una cuadras de allí, en Ortiz de Ocampo al 3100. Pero decidió mudarse a partir de su reciente relación de pareja con la empresaria del rubro indumentaria Juliana Awada. Su nuevo piso tiene unos 300 metros cuadrados, y está siendo remodelado y pintado para recibir a su nuevo dueño.

A pesar de que está en el piso más alto, la obra no pasó inadvertida para los vecinos, que vieron cómo se acumulaban ladrillos huecos frente al elegante edificio y se izaban con sogas las estructuras metálicas que le sirven de sostén. También se bajaron los escombros producidos por la demolición de una pileta de natación que había en la terraza.

Página/12 intentó contactarse con el arquitecto Libedinsky –que además de ser el autor del proyecto, vive en el edificio– para conocer su opinión acerca del engendro que modificó su obra, pero fue imposible. Tampoco se pudo dialogar con ningún consorcista: si bien la mayoría está disgustada con la intervención arbitraria en la construcción, nadie quiere enfrentarse con vecinos poderosos.

Por eso, las únicas denuncias fueron las de García Elorrio y, a principios de febrero de este año, de la arquitecta Laura Weber, asesora del defensor adjunto del pueblo Gerardo Gómez Coronado. La funcionaria le pidió al director de Fiscalización y Control de Obras de la ciudad una “inspección urgente al inmueble sito en Ramón Castilla 2869/71, emplazado en el distrito APH3, en el que actualmente se está haciendo una obra sin permiso”.

A esas presentaciones se sumaron un pedido de informes de Teresa de Anchorena, en julio del año pasado. Y una presentación similar del diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) esta semana. El legislador quiere saber si el Poder Ejecutivo tiene conocimiento de la realización de esa obra, “si se le dio intervención a la Dirección General de Interpretación Urbanística, dado que la obra en cuestión está ubicada en el área de protección histórica APH3 y se trata de una obra de demolición y construcción, en un edificio listado en el proyecto de ley de catalogación de edificios de Arquitectura Moderna, en tratamiento legislativo”.

Página/12 consultó en la Dirección de Fiscalización y Control de Obras, donde un vocero informó que “hace un mes se realizó una inspección en el lugar y se detectó que no había una obra nueva sino una reforma”. Sin embargo, la existencia de la obra nueva puede registrarse sin siquiera ir al lugar: basta con ver la foto del edificio original y la actual, con un implante de mampostería en su extremo superior izquierdo, apenas oculto por unas plantas, que no debe estar registrado.

Probablemente, el jefe de Gobierno no tenga tiempo de ir a las reuniones de consorcio, pero si lo hace o envía a un representante debería expedirse sobre la legitimidad de lo que construyó su primo, sin permiso municipal ni consentimiento de los demás propietarios. Como vecino, podría abstenerse o faltar a las reuniones. Pero como jefe de Gobierno tendría que hacer respetar la ley y, si corresponde, ordenar la demolición de la construcción ilegal.

En cambio, el exclusivo giro a la izquierda sobre la Avenida del Libertador –que permite entrar en Ramón Castilla a quien viene desde Núñez y Belgrano– no es ilegal pero parece hecho a la medida del nuevo vecino. Inaugurado el 30 de marzo último, es uno de los pocos que hay sobre esa avenida y será útil especialmente para el puñado de habitantes de esos 200 metros, hasta avenida Figueroa Alcorta.