Mauricio Macri va por más: no contento con fustigar, recusar y amenazar con juicio político al magistrado que lo procesó como partícipe necesario de una asociación ilícita, prepara una avanzada sobre la Justicia porteña. La iniciativa tiene como objetivo librarse de los jueces del fuero contencioso administrativo que le causaron dolores de cabeza desde el comienzo de su gestión: Elena Liberatori, Roberto Andrés Gallardo y Guillermo Scheibler. La gestión PRO irá por sus cabezas a través de la denuncia por “conflicto de poderes” ante el Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ), que el macrismo inició cuando recibió cinco fallos en contra del procedimiento para designar a Daniela Bruna Ugolini, la candidata de Macri al TSJ. Este jueves a las 10 habrá una audiencia pública en la sede del Tribunal, en Cerrito 760, a la que se movilizarán las organizaciones sociales. Un día antes, dos magistrados darán una conferencia para denunciar que Macri “quiere amordazar a los jueces”.

En plena polémica por la elección de Ugolini como candidata, con cinco fallos que impugnaban el procedimiento, Macri en persona fue al TSJ. Tras su visita, el máximo tribunal de la ciudad ordenó secuestrar todos los expedientes y se salteó la segunda instancia de apelación, en lo que para muchos constituye el primer per saltum de la historia de la Justicia porteña (la figura se hizo famosa por su uso por parte de la Corte Suprema menemista). En un fallo dividido, los magistrados del TSJ allanaron el camino para la candidatura de Ugolini, que de todas formas no reunió los votos necesarios.

Se pronunció en disidencia la jueza del TSJ Alicia Ruiz, quien advirtió que sus colegas incurrieron en un “exceso de jurisdicción, que asume la forma de per saltum”. También advirtió que el avance del proceso era un “intento de disciplinamiento de los jueces de las instancias ordinarias que no guarda coherencia con el orden democrático” y consideró que sus colegas obraron “al margen de sus competencias constitucionales” e incluso que violaron los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como la causa impulsada por el gobierno porteño iba a devenir abstracta, el PRO reclutó votos para que el Poder Legislativo también se presentara como querellante. “A la luz del criterio del TSJ, bastaría con que un poder del Estado alegue una interferencia en sus competencias para que el Tribunal pueda requerir los expedientes y suspender cualquier medida cautelar por un plazo indefinido”, advirtió el ex juez Guillermo Treacy.

Luego el proceso siguió “despacito y en silencio”, como le gusta decir a Horacio Rodríguez Larreta que hacen los desalojos. Y así intentaron que siguiera: el procurador Ramiro Monner Sans por el Ejecutivo y el vicepresidente primero Oscar Moscariello por el Legislativo presentaron con 24 minutos de diferencia un pedido para que la audiencia pública –que es obligatoria– no se hiciera y pasaran a dictar sentencia, dado que la causa “no amerita dilaciones”. El TSJ amagó con darle lugar al pedido (le corrió vista a las partes), pero finalmente lo rechazó. Eso sí, fijó un criterio restrictivo para la entrada de la prensa (ver recuadro).

En el camino quedaron varias irregularidades en el proceso contra los jueces díscolos a la gestión PRO. Por ejemplo, el fiscal general Germán Garavano –designado por el macrismo– obvió excusarse en el expediente, pese a que fue uno de los que firmó los avales a la candidatura de Ugolini, el mismo motivo por los que la Cámara de Apelaciones había aceptado la recusación de otros dos jueces, Esteban Centanaro y Gabriela Seijas. “Aquella adhesión no ha significado más que compartir la consideración acerca de la idoneidad de la nombrada para ocupar el cargo –arguyó Garavano–. De modo que no advierto óbice legal alguno ni siento ningún condicionamiento que afecte mi objetividad.” El fiscal también pidió avanzar con la causa contra los jueces.

Macri marcó su predilección por atacar a los magistrados que le fallaban en contra desde el comienzo de su gestión, cuando recibió fallos en contra por la intervención de la Obsba y el despido de dos mil contratados. En ese momento, se dedicó a llamar a Liberatori por su apellido de casada “para que el marido se haga cargo de lo que hace esta mujer”. De la palabra pasó a la práctica cuando su anterior procurador recusó a Gallardo en casi 700 causas. La maniobra fracasó y fue denunciada por la oposición porteña y diversas ONG como un ataque a la Justicia.

La audiencia pública que deben enfrentar los jueces esta semana promete levantar polvareda. Gallardo y Liberatori darán una conferencia de prensa el miércoles 26, a la que concurrirá parte de la oposición porteña y diversas organizaciones sociales. Bajo la divisa de que es un “día de luto de la Justicia independiente”, diversos gremios y sectores políticos van a mandar ofrendas florales a la conferencia y el gremio de los judiciales (UEJN) decorará el edificio de negro. Allí los jueces van a denunciar un “nuevo intento disciplinador del Gobierno de la Ciudad que busca amordazar a los jueces y evitar sus tareas de control institucional”. Sus Señorías denunciarán que Macri intenta imponer un “sesgo disciplinador” que consiste en que los jueces no “ejerzan la función de control y garantías”.

“Están queriendo justificar su accionar con esa acusación, pero saben que accionaron frente a una cuestión que quisieron ideologizar, frente al candidato del jefe de Gobierno”, retrucó Moscariello ante Página/12.

“En la audiencia, vamos a ratificar el conflicto de poderes. Luego el cuerpo tendrá que tomar una decisión sobre el planteamiento a posteriori”, sostuvo. El jueves 27, día de la audiencia pública, también será movido: diversas organizaciones territoriales se van a movilizar a la sede del TSJ, donde se hará la audiencia. Allí hablarán los jueces, el procurador Monner Sans y, por la Legislatura, el docente de derecho de la Universidad Católica Alfonso Santiago. También podrán intervenir otros sectores que se presenten como amicus curiae. Afuera, los curas villeros tienen pensado hacer una misa en la puerta del tribunal “para bendecir a los jueces acusados antes de que entren al cadalso”.