Diputados tendrá otra semana agitada. La oposición buscará darle media sanción a la implementación del 82 por ciento del salario mínimo para jubilados y pensionados, y a la modificación de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), aunque las divergencias en el conglomerado anti-K, que presentó dictámenes diferentes, podrían frustrar la embestida para aprobar en la Cámara baja dos de los proyectos que consideran prioritarios en su disputa parlamentaria con el kirchnerismo. Mientras que el oficialismo cuestionará el dictamen del Grupo A, que no establece fuentes de financiamiento para solventar el aumento en la jubilaciones, y defenderá en minoría el papel regulador del Estado en el comercio agropecuario.

El aumento en las jubilaciones ha sido la principal bandera del Grupo A en el Congreso desde que viró en su estrategia de priorizar los temas sociales por encima de los institucionales. Sin embargo la oposición no logró unificar los proyectos e irá al recinto con dos dictámenes diferentes. Uno del Grupo A –UCR, PJ disidente, CC y PRO–, que propone llevar las jubilaciones al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil con los recursos que actualmente dispone la Anses. El otro, impulsado por Proyecto Sur con el respaldo del socialismo y el GEN, insiste en solventar los aumentos con la reimplantación de los aportes patronales a las grandes empresas al mismo nivel que los existentes en el ’93, cuando el menemismo los redujo a la mitad.

Cada uno de los grupos especula con que el otro sector terminará respaldando su proyecto para que la iniciativa no naufrague en la Cámara baja, donde el conglomerado opositor, a diferencia del Senado, tiene mayoría necesaria para aprobar el aumento jubilatorio. Pero las posturas de ambos lados aparecen como intransigentes.

El Grupo A afirma que los bloques de centroizquierda no tienen el número suficiente de votos para imponer su postura y que tendrán que sumarse a su proyecto “porque no pueden votar en contra de una de sus banderas históricas”, como es el aumento a los jubilados. La respuesta del otro lado es que sin sus votos, el Grupo A no tiene número para avanzar y entonces “tendrá que discutir y votar nuestro dictamen de minoría”. Las diferencias parecen irreconcialibles, aunque ninguno cierra las puertas a la negociación y algunos especulan con que se terminará resolviendo, aunque el punto de acuerdo podría sellarse en el recinto en medio de la sesión prevista para mañana.

Algo parecido sucede alrededor de la reforma de la Oncca. El Grupo A propone limitar las principales atribuciones del organismo regulador en el comercio de granos, mientras avanza en la integración de una comisión investigadora sobre supuestos actos de corrupción en la Oncca. En cambio, Proyecto Sur y el socialismo apuestan a modificar ciertos mecanismos del organismo pero manteniendo el papel regulador del Estado en el comercio agropecuario. Las posturas contrapuestas dejarían al Grupo A con un margen muy ajustado para imponerse en la votación.

En tanto el oficialismo volverá a aferrarse a las dificultades que tiene la oposición para reunir su propio quórum para sesionar. El bloque K se reunirá en la oficina de su jefe, Agustín Rossi, donde espera que los bloques opositores sienten 129 diputados en sus bancas para abrir la sesión y recién ahí bajará al recinto para dar debate.

Su estrategia consistirá en cuestionar el dictamen del Grupo A sobre los aumentos en las jubilaciones porque “contradice” uno de los artículos de la Ley de Administración Financiera, en el que se establece que, para aumentar cualquiera de los gastos que no figuren en el Presupuesto nacional para este, se año deberá indicar las fuentes de financiamiento de los mismos. Algo de lo que carece el dictamen opositor, lo que hará más difícil que atraviese con éxito su paso por el Senado y que abra las puertas a un posible veto presidencial. Sobre la Oncca, el oficialismo intentará mantener de su lado a los bloques de centroizquierda que defienden el papel regulador del Estado sobre el comercio de granos y oleaginosas.