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Lo asesinaron hace cuatro meses y el crimen sigue impune, como tantos otros en la Argentina. Sólo que la fría ejecución del doctor Felipe Glasman, presidente de la Asociación Médica de Bahía Blanca, tiene la entidad de un magnicidio. Un magnicidio que fue tapado por los grandes medios de comunicación nacionales. ¿Tal vez porque hay personajes poderosos que prefieren (y logran) mantenerlo a oscuras? La esposa de la víctima, Beatriz Eva Sosnitsky de Glasman, “Betty”, le declaró textualmente a Página/12: “Hace cuatro meses que la investigación se realiza sin alcanzar ningún resultado. Los familiares pensamos que esta circunstancia constituye un encubrimiento activo del crimen por presiones políticas, que tiene la función de proteger a personajes comprometidos por las denuncias realizadas por Felipe, y que son allegados a los señores Larraburu y Linares”. No habla de cualquiera: Dámaso Larraburu fue varias veces candidato a la intendencia de Bahía, fue diputado nacional del PJ y es actualmente director del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Jaime Linares es el intendente de la ciudad sureña y candidato a vicepresidente de Rodolfo Terragno en la controvertida fórmula presidencial de la Unión Cívica Radical. En un reciente encuentro con el ministro de Seguridad bonaerense, Juan Pablo Cafiero, la hermana de Glasman, Rita, y su esposo Jorge Jinkis, reiteraron que “el asesinato era funcional a los intereses económicos en el negocio de la salud”. Es decir, funcional a las mafias que según el diario bahiense La Nueva Provincia pelean a dentelladas por una bolsa anual de cien millones de pesos. El crimen, perpetrado en esa ciudad hermética que es Bahía Blanca, secularmente sometida a la sombra de la Armada, contiene todo tipo de ingredientes sórdidos incluyendo “marinos violentos” como el ex capitán de corbeta Máximo Javier Sánchez, “allegado a Larraburu”. Como complemento hay varios testigos amenazados y trazas de antisemitismo.
El sicario
La noche del 28 de agosto de 2002, el doctor Felipe Glasman salió de su consultorio en la calle Saavedra 335 y caminó ciento cincuenta metros rumbo a la esquina de la calle Villarino, donde había dejado su Renault 11. Faltaban diez minutos para las nueve y llovía. El cruce, céntrico, estaba bien iluminado, lo que permitió que un estudiante que vive enfrente y estaba guardando su auto, pudiera observar los instantes previos e inmediatamente posteriores al asesinato. (En el momento preciso de los disparos se ocultó por un acto reflejo.) Antes pudo observar cómo la víctima, un hombre de estatura mediana, calvo, que se cubría con una gabardina negra, era interceptado por un individuo joven, alto, de pelo corto, vestido con ropas oscuras (“una campera tipo saco”) y mantenían un aparente diálogo. Luego escuchó dos disparos, efectuados con un claro intervalo de varios segundos. El que media entre herir a una persona de un certero balazo en el pecho y asegurar el remate inclinándose sobre el cuerpo abatido para pegarle un tiro en la cabeza. La tarea de un profesional. Un “sicario”, como aventuraría el gobernador Felipe Solá algunos días después del crimen. Un mercenario, tal vez forastero, que supo retirarse sin llamar la atención, con un trote regular, curiosamente “sereno”, “en el sentido ascendente de la calle” (según dos testigos), es decir en dirección a la Comisaría 1ª de la Policía Bonaerense, que se encuentra a unos trescientos metros de la escena del crimen. En este punto las versiones difieren: según algunos huyó en un auto Chevrolet Corsa color gris metalizado en el que lo aguardaban otros dos sujetos. Según otros se replegó a pie, por la calle Villarino, en dirección opuesta a la seccional de policía.
En torno del cadáver caído de bruces junto al cordón de la vereda fue juntándose la gente. Como aún estaba con vida lo dieron vuelta paraauxiliarlo. La policía rescató unos anteojos caídos sobre el capot del Renault y comprobó que a la víctima no le habían robado ni el reloj ni los mil seiscientos pesos que llevaba entre sus ropas. En cambio, los polis no pudieron evitar que un desconocido (un simple pillo o un cómplice del sicario), se alzara con el portafolios del herido. En el lugar fueron recogidos otros objetos: un pequeño botón blanco y otro grande, negro; el resto de una hebilla de reloj color plateado; un llavero con la inscripción “Jerusalem”; un blister de 21 pastillas Premarin vacío y lo más importante, la vaina servida de un proyectil 9 milímetros con la inscripción en el culote “F.C. Luger”. (Como lo comprobaría después la fiscalía, hace ya tiempo que las armerías de Bahía Blanca no venden más este tipo de proyectil, el Federal Luger.)
El herido fue llevado en estado desesperante al Hospital Municipal Leónidas Lucero, donde se desempeñaba en el servicio de endocrinología. Al comienzo sus propios compañeros no lo reconocieron porque la bala, chata, con mayor superficie de choque que las ojivales, le había destrozado el rostro. Recién se percataron de quién era cuando llamaron al celular de Felipe Glasman y comenzó a sonar el aparato que el muerto traía en su gabardina. El hospital se conmocionó y pronto los medios locales informaron que Glasman, el presidente de la Asociación Médica de Bahía Blanca (AMBB) durante los últimos 20 años, acababa de expirar en el Lucero, a los 63 años.
Ese día, por la mañana, había firmado a regañadientes un acuerdo entre la AMBB y el PAMI, representado para la ocasión por quien era en ese momento su titular: José Manuel Corchuelo Blasco. El funcionario nacional regresó a Bahía Blanca al día siguiente para solidarizarse con los familiares del médico asesinado. En una conferencia de prensa brindada en la sede local del PAMI deslizó una curiosa confesión: “Me aconsejaron que no viniera”. Nadie le preguntó quién le había dado semejante consejo.
“En la pira de la hoguera”
Los familiares, los amigos y los seguidores de Glasman no tenían dudas y así lo gritaron a los cuatro vientos en los funerales: el presidente de AMBB había sido asesinado por su lucha gremial a favor de los médicos, por sus continuas denuncias sobre las mafias que lucran con la salud y los funcionarios corruptos que contratan desde puestos públicos a empresas a las que están vinculados. Esa lucha se había hecho cada vez más tenaz y enconada, valiéndole a la vez un gran respeto ciudadano y no pocos odios. Francisco Caló, uno de sus colaboradores más cercanos en la Asociación, le había advertido hace un tiempo: “Felipe, estás como Juana de Arco en la pira de la hoguera”. A lo que él respondió con su estilo característico: “Quedate tranquilo, Gordo, conmigo tienen los fósforos mojados”.
Con los años, lejos de aflojar, se tornaba cada vez más atrevido. El 18 de julio del 2002, cuarenta días antes de ser ejecutado, Glasman encabezó la Quinta Marcha de la Salud que culminó en la Plaza Rivadavia, donde los manifestantes de la Multisectorial de la Salud se ubicaron de espaldas al palacio municipal, en repudio a las políticas aplicadas por la comuna para el sector, denunciando la falta de insumos de los hospitales y los reiterados aprietes a los militantes gremiales. El presidente de AMBB encabezó las columnas de manifestantes, que incluían a los ahorristas y asambleístas locales, ataviado con un pintoresco sombrero y aporreando un enorme bombo. Luego, con sus compañeros, depositó una corona en la puerta del municipio, con una cinta en la que podía leerse la siguiente leyenda: “A la Salud. Q.E.P.D.”.
Era uno de los momentos culminantes de una batalla cotidiana, signada por los editoriales de Conciencia, el órgano de difusión de la AMBB. En uno de los cuales sostenía, por ejemplo: “Algunos pensarán que no existe relación entre la realidad cotidiana y la ética. A ellos podemos decirlespor ejemplo que no es ético hacer negocios personales desde la función pública, no es ético aceptar cargos para los cuales uno no se encuentra capacitado; no es ético nombrar a parientes en cargos públicos o institucionales; no es ético ser simultáneamente funcionario público y proveedor del Estado”.
La guerra con la Municipalidad
Los conceptos genéricos sobre la ética de ese y otros editoriales de Conciencia esconden un conflicto de proporciones entre la AMBB y la municipalidad de Bahía Blanca, conducida por el ingeniero Jaime Linares. En una nota al intendente, fechada el 14 de marzo de 2001, la Asociación Médica denunciaba graves faltas éticas cometidas por funcionarios comunales del área de salud. “1. Mario Raúl Machiavelli, director del Hospital Municipal, es a su vez socio y director médico de la empresa Creo-Kroin S.A., proveedora de servicios de radioterapia y demás prácticas de oncología del nosocomio. Este hecho está expresamente prohibido por la ley 11.757. 2. Hasta octubre del ‘99, Machiavelli también integraba Iprimen S.A., empresa proveedora del Hospital Municipal en prestaciones de medicina nuclear. 3. Daniel Llinares, quien desempeña tareas administrativas en el seguro municipal de salud y en el Cisbo (Consorcio Integral de Salud Bonaerense, creado para la atención médica de los jubilados) también es empleado de la firma Creo-Kroin S.A. 4. Jorge Ignacio Milstein y Jorge Enrique Carestía, director asociado y jefe de emergencias del Hospital Municipal, constituyen una sociedad de hecho denominada Cro, dedicada a la explotación y administración de un aparato de rayos y equipos de diagnóstico por imágenes. Esta empresa provee al Hospital Municipal de prestaciones radiológicas y mamográficas.”
Con posterioridad al asesinato de Glasman, el periodista bahiense Jorge Palacios (que se desempeña como jefe de prensa de la AMBB) denunció en su programa de radio que la consultora Consur S.A., de la que participan varios integrantes del staff sanitario municipal, se encuentra asesorando a la municipalidad de Puán en la constitución del ente de salud descentralizado de ese distrito. En respuesta a esa denuncia, “los desconocidos de siempre” embadurnaron de pintura roja y blanca el frente de la casa de Palacios. Los colores, arquetípicos de la UCR, aludían probablemente a la filiación política de Palacios que, al igual que Glasman, eran radicales cercanos al Alfonsín de 1983.
Mauro y Enrique Federico, dos periodistas que investigaron “el caso Glasman” cuando ningún medio local o nacional lo había abordado, comprobaron que las denuncias de la AMBB no eran aire caliente. En declaraciones a Mauro Federico, para el periódico especializado El médico, el doctor Machiavelli admitió que fue socio de Creo-Kroin, empresa que tiene un convenio de prestaciones para los carentes de cobertura de Bahía Blanca.
Además de estas cuestiones éticas, había un fuerte conflicto entre la Asociación y el Cisbo por la competencia entre ambas entidades en la prestación de servicios médicos a los jubilados. El Cisbo, en Bahía Blanca, está integrado por la Municipalidad. Glasman consideraba a este organismo como un engendro de la administración bonaerense para retener la atención de los jubilados en la red hospitalaria pública. Los argentinos viejos, ya se sabe, no son seres humanos, son “cápitas”, en este caso de 19 pesos. Habrá que volver sobre esta competencia por el papel especial que jugó en una determinada licitación el Hospital Español, otro foco de tensión de Glasman con el poder local, que está siendo investigado por la fiscalía.
La Municipalidad devolvió los golpes sancionando al médico asesinado (que trabajaba en el Hospital Municipal) con cinco días de suspensión por inasistencias durante el año 2000, a pesar de las justificaciones elevadasdesde la Asociación Médica en función de la licencia gremial de su titular. Casualmente, también, varios médicos con cargos municipales y cuestionados éticamente por el dirigente ejecutado conformaron una AMBB paralela que denominaron Somepross (Sociedad Médica de Programas de Salud de Bahía Blanca). Una larga y documentada investigación de La Nueva Provincia, titulada “La guerra de la salud”, que vino a sumarse a la solitaria pesquisa realizada por el periódico El médico, sostenía: “La Somepross se presentó como una sociedad científica pero desde la AMBB aseguran que buscaban administrar convenios de obras sociales”.
Larraburu y el Hospital Español
El Hospital Español, creado por la Sociedad Española de Beneficencia, estuvo inicialmente asociado a la AMBB en la citada licitación para la atención de los jubilados, pero poco después se desvinculó de la entidad médica para unirse al Cisbo, controlado por la Municipalidad. A partir de entonces se generó una guerra sorda entre el Español y la Asociación.
En ese momento, el hospital comunitario estaba presidido por Máximo Javier Sánchez, un capitán de corbeta retirado que, según La Nueva Provincia (diario de tradicionales nexos con la Armada), registraba en su foja de servicios algunos episodios de abuso de autoridad que degeneraron en hechos de violencia. El marino, de fluidos contactos con el dirigente justicialista Dámaso Larraburu, habría asegurado en algún momento: “Yo voy a ser el próximo dueño de la medicina en Bahía Blanca”. Larraburu, por su parte, admitió su relación con Sánchez pero negó tener algún vínculo de interés con el Hospital Español. Sin embargo, su socio jurídico Néstor Fernández Lorenzo es uno de los abogados del hospital comunitario.
En declaraciones a la emisora LU2 de Bahía Blanca, el funcionario del Banco Provincia defendió la gestión de Sánchez con estas palabras: “Vino a plantear un esquema absolutamente distinto a lo que se dice, de absoluta transparencia”. Gustavo Menna, un primo hermano del político justicialista, es socio de Sánchez en varias clínicas psiquiátricas.
Glasman, en cambio, fue un acerbo crítico del estilo autoritario del marino retirado, quien obstruyó el accionar gremial de la AMBB dentro del hospital. En octubre de 2001, Conciencia, el órgano oficial de la Asociación decía textualmente: “El martes 13 de noviembre al fin pudimos hacer una asamblea con los profesionales en el Español. La primera vez se nos prohibió la entrada armas mediante. En la segunda hubo amenazas telefónicas de despidos”. También denunció irregularidades administrativas que fueron confirmadas por una auditoría del Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social).
La referencia del órgano de prensa de la AMBB al uso de armas en el Español remite a la empresa de seguridad Bahisur S.A., que se hizo cargo de la vigilancia del Español cuando Sánchez asumió la presidencia. Uno de sus dueños es Luis Vidilli, que milita en el PJ bahiense como Larraburu.
Vidilli se rodeó de personajes con un pasado represivo en las fuerzas de seguridad, como su “jefe de inteligencia interna”, Víctor Pisani (alias Carabobo), un ex integrante del servicio de informaciones de la Prefectura Naval quien, según fuentes que no quieren revelar su identidad, se habría dedicado a “vigilar y amedrentar al personal”. Vidilli, incidentalmente, tenía un pleito personal con Glasman, a quien le adeudaba alquileres atrasados de una propiedad.
Del clima creado en el Español da cuenta el testimonio de la enfermera Jeanette Rosales ante El Médico: “Pedimos el salón para una asamblea, nos dijeron que el salón no se prestaba más para eventos políticos ni gremiales. Entonces no nos quedó otra cosa que hacer la asamblea en la puerta del hospital. Un miembro de comisión directiva anduvo diciendo que si salíamos a la vereda íbamos a ser fotografiadas y que nos iban a echar. El otro día tuvimos una reunión con el jefe de personal, quien nosadvirtió que tenían identificado al grupo de gente que va a las marchas. Por eso tenemos miedo, porque si lo mataron a Glasman, por qué no nos pueden matar a nosotras”.
Amenazas y otras intoxicaciones
El pasado martes 8 de octubre, pocas horas después de ser entrevistada por Mauro Federico, la enfermera Rosales fue interceptada por un vehículo Ford Fiesta cuyos ocupantes hicieron una significativa exhibición de armas de fuego. En declaraciones a medios locales, la enfermera declaró: “Asocio este incidente a mi participación, junto a la AMBB, en la lucha por esclarecer el asesinato del doctor Felipe Glasman y también con mi actividad en la Multisectorial de Salud”.
Leonor Ruth Lunansky, una vieja amiga de la familia Glasman, recibió varios llamados en su portero eléctrico insultándola por judía y amenazándola de muerte: “Escuchá bien, un, dos, tres, es el tiempo que te queda”.
Al doctor Eduardo Szpiegel, miembro de la comisión directiva de la AMBB, le pasaron por debajo de la puerta un ejemplar del órgano de difusión de la entidad, donde habían subrayado con resaltador todos los apellidos judíos. De remate le advertían: “Te vamos a matar”.
A José Partnoy, otro colaborador y amigo de Glasman, que en un acto conmemorativo recordó la sanción impuesta por el intendente Linares al médico asesinado, le cayó una ristra de cartas-documento firmadas por todos aquellos funcionarios del área municipal de salud que el titular de la AMBB había denunciado por manejos poco éticos. Una de las cartas era del propio alcalde.
También el periodista Mauro Federico tuvo que soportar un aluvión de telegramas anunciando futuras querellas. Por su parte, la jueza en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca Elda Ventura, intimó al diario La Nueva Provincia a publicar un artículo de 30 mil caracteres (unas dos páginas del periódico) con la versión de Máximo Sánchez que se dio por agraviado. El diario le había ofrecido ejercer su derecho a réplica en una nota de 5 mil caracteres, que es un espacio ponderable. La jueza, con desproporcionada vocación editorial, ordenó además al periódico bahiense que titulara la retractación “La guerra de la salud según versión de Máximo Javier Sánchez”. El veterano matutino dirigido por Diana Julio de Massot rechazó la intimación judicial por absurda, apelando al correspondiente tribunal de alzada. Adepa emitió una justificada protesta por la directa amenaza a la libertad de prensa que el insólito fallo entraña.
Un testigo se retracta
La causa por el asesinato recayó en la Fiscalía Nº 4 a cargo de las doctoras Claudia Lorenzo y Leila Scavarda que, tras desechar algunas líneas iniciales de investigación, se concentraron en tres áreas conflictivas en la actividad del asesinado: el enfrentamiento con la Municipalidad, el diferendo con el Español y el tema PAMI-Cisbo. Sin poder establecer, hasta el momento, ninguna acusación concreta.
En la causa ya se han producido algunos de esos episodios clásicos de las investigaciones bonaerenses: a Carlos González, el primer testigo en llegar a la escena del crimen, le habrían cambiado su declaración inicial ante la policía de Bahía Blanca. Al principio González declaró que el atacante salió corriendo por la calle Saavedra, lo cual lo hubiera llevado en dirección a la Comisaría 1ª a cargo del comisario Pedro Caminitti. Dos horas después de prestar esta declaración, dos policías se presentaron en su casa y le pidieron que firmara “un nuevo texto porque el anterior no se entendía”. En el nuevo, el atacante lograba fugarse en un automóvil. La hermana y el cuñado de Glasman, acompañados por el abogado Héctor Bertoncello, se entrevistaron el jueves último con el ministro de Seguridad bonaerense Juan Pablo Cafiero. Rita Glasman y Jorge Jinkis expresaron su preocupación por la falta de resultados y su temor a que la clásica mano negra de los influyentes derivara la investigación a un callejón sin salida. El cuñado de Glasman subrayó que, a su juicio, había señales de presiones muy fuertes sobre distintos medios informativos. Cafiero, que estaba acompañado por autoridades policiales y el titular de la DDI (División de Investigaciones) de Bahía Blanca, comisario Raúl Emilio Mombelli, les garantizó que no habrá “ni protección ni interferencias políticas en torno de la investigación del asesinato”.
La promesa, seguramente sincera, se dio en un contexto sombrío: el del alejamiento del subsecretario de Seguridad Marcelo Sain y el fin de una nueva reforma policial anunciada.