El Gobierno envió anoche a la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre Papel Prensa. En su primer artículo declara de interés público la producción, comercialización y distribución del insumo básico para los diarios. Por otro lado, se crearán una comisión bicameral permanente y un Consejo Consultivo Federal, integrado por las empresas periodísticas de la ciudad de Buenos Aires y el interior del país, que evaluarán y participarán de la elaboración del nuevo marco regulatorio para el sector, que será remitido con posterioridad por el Poder Ejecutivo. La nueva legislación deberá garantizar el abastecimiento de papel a todas las empresas que lo requieran, en igualdad de condiciones. También se deberá garantizar la materia prima nacional durante todo el proceso de fabricación del papel. En los fundamentos, el Poder Ejecutivo argumenta que el proyecto surge a partir de que “los accionistas privados de Papel Prensa (Clarín y La Nación) producen para su propio abastecimiento y no para la sostenida demanda del mercado interno”. Además, el Gobierno denuncia un sobrecosto del 40 por ciento en las ventas para los pequeños diarios del interior del país. Una vez elaborado el marco regulatorio, deberá ser tratado nuevamente por ambas cámaras.

Finalmente predominó la idea de enviar el proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Según indicaron a Página/12 fuentes legislativas del FpV, el titular del bloque, Agustín Rossi, sugería enviar el proyecto primero al Senado, teniendo en cuenta que en esa Cámara los números son más favorables para el oficialismo. Pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner optó por empezar la discusión en la Cámara baja, con la intención de mover el avispero dentro de la oposición y generar cortocircuitos en el Grupo A.

Como la iniciativa ingresó a última hora de ayer, todavía no fue girada a ninguna comisión. Sin embargo, por sus características probablemente recaerá en la Comisión de Industria, Presupuesto, Peticiones y Poderes y Libertad de Expresión.

Los fundamentos del proyecto dan cuenta de lo explicitado en el informe “Papel Prensa: La Verdad”, así como también otros documentos elaborados por la Sindicatura General de la Nación y la CNV, los cuales describen el “abuso de posición dominante” por parte de los accionistas privados de Papel Prensa.

La compañía está integrada por el diario Clarín (49 por ciento de las acciones), el diario La Nación (22 por ciento) y el Estado nacional (27,46 por ciento). Según surge de una nota enviada a la Bolsa de Comercio, en junio de este año Papel Prensa vendió a sus empresas relacionadas entre el 70 y 80 por ciento de su producción. “Los estudios realizados determinan que han vendido a sus asociadas por debajo del costo de producción”, puede leerse en los fundamentos.

Según los datos revelados en el proyecto de ley, Papel Prensa disminuyó en los últimos cinco años su oferta hacia el mercado interno. En 2004 fueron más de 180.000 toneladas, mientras que en 2009 vendió sólo 166.000. Como contrapartida a la baja en la producción, la importación de papel se incrementó: en 2004 equivalía a un 18 por ciento, mientras que en 2009 fue del 29 por ciento.

“La Papelera sólo vende el papel restante después de abastecer completamente a todos los medios de los dos grupos, manteniendo la pastera por debajo de su capacidad de producción”, afirma el Ejecutivo.

El proyecto contempla un arduo debate en varias etapas. La primera discusión girará alrededor de la declaración de interés público para todo el proceso de fabricación y producción de papel y la conformación de la Bicameral y el Consejo Consultivo. Luego vendrá la discusión específica del marco regulatorio, en un nuevo proyecto que deberá enviar el Ejecutivo más adelante. Dicha normativa “dispondrá las medidas que permitan el abastecimiento de todos los medios gráficos del país, en condiciones igualitarias”. Esto quiere decir igual precio para todas las empresas periodísticas.

Por si quedara alguna duda, el marco regulatorio deberá dejar constancia de que su objetivo es “garantizar el desarrollo de la prensa independiente y contribuir al derecho de libertad de expresión”. Este punto será de especial interés de la oposición nucleada en el Grupo A, ya que los legisladores adelantaron que rechazarán cualquier proyecto que atente contra esas libertades. Por otro lado, los distintos bloques de centroizquierda (Proyecto Sur, el socialismo, Nuevo Encuentro y el GEN) se mostraron a favor de declarar de interés público la producción de papel. En el supuesto caso de contar con el aval de todos estos bloques, el FpV contaría con el apoyo de 127 voluntades, aunque muchos integrantes del oficialismo descreen de esa posibilidad.

El proyecto de ley está enmarcado en la investigación judicial por la apropiación de las acciones de Papel Prensa por parte de Clarín y La Nación. Dentro de la documentación presentada se relata que en 1978 la Sociedad Interamericana de Prensa ya había cuestionado el vínculo entre los militares y los diarios. “Los tres diarios compraron acciones de la planta mediante un generoso crédito ofrecido por el gobierno militar. Semejante situación encierra muchos peligros. No es el menor de ellos que esto casi imponga no antagonizar con el gobierno”, denunció la SIP, hecho que fue relatado por este diario en una publicación del 7 de junio de 1998, en un artículo de Horacio Verbitsky.