La Sala IX de la Cámara Laboral ordenó al Ministerio de Trabajo que reconozca al nuevo sindicato del subte y le otorgue la inscripción gremial. El fallo llegó dos años después de que los metrodelegados iniciaran los trámites para separarse de la cegetista Unión Tranviarios Automotor (UTA), creando la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Agtsp). Ayer, tras conocer la noticia, el ministro Carlos Tomada adelantó que acatará la orden judicial. Los delegados aseguraron que en cuanto el gremio esté inscripto, pedirán ir a una compulsa con la UTA para medir cuál de los dos sindicatos es el más representativo.

“Tenemos a la mayoría de los afiliados en el subte, y por eso lo próximo va a ser ir a la compulsa con la UTA para obtener la personería gremial”, señaló Roberto Pianelli desde el nuevo sindicato. Para el delegado, la decisión de la Justicia “era previsible porque habíamos hecho todo lo que correspondía para crear nuestro gremio, pero fundamentalmente porque desde el punto de vista de la representatividad real está demostrado que somos la mayoría de los trabajadores del subte”.

La pelea de los trabajadores del subte por mejorar sus condiciones laborales –lo que los llevaría a un conflictivo enfrentamiento con la UTA– atravesó los últimos diez años y se convirtió en un icono de la militancia sindical. Tanto, que hoy será una de las claves de la interna de la Central de Trabajadores Argentinos, a la que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte entró recientemente buscando un paraguas. El ingreso del nuevo sindicato del subte a la CTA, además de una forma de obtener protección frente a las presiones de la UTA, estuvo ligado a una decisión de los delegados de participar en las elecciones internas de la Central, en las que Pianelli es candidato a conducir la CTA-Capital (por la lista de Hugo Yasky), cargo por el que competirá con el dirigente del Movimiento Territorial de Liberación Carlos Chile (candidato por la lista de Pablo Micheli).

Pianelli fue la figura sorpresa de estas internas, recién afiliado a la CTA pero elegido por la lista de Yasky como el candidato que podría hacerle contrapeso a la fortaleza que la lista de Micheli tiene en la Capital Federal, dato que sirve para completar la idea de lo que representa la historia de los trabajadores del subte entre la militancia.

Los metrodelegados aparecieron en escena en los años que siguieron a la concesión de los subterráneos, cuando el servicio pasó de la esfera estatal a mano de la empresa Metrovías. La mayoría eran militantes que venían de la izquierda o del peronismo, y que lograron armar un cuerpo de delegados que coordinó a los trabajadores de las cinco líneas de subte (hoy son seis) mediante la realización de asambleas. Pronto entraron en cortocircuito con la cúpula de la UTA, aunque durante ocho años siguieron afiliados a ese sindicato, pero en continua tensión. Era común, por ejemplo, que la UTA desautorizara los paros que los trabajadores hacían en reclamo de mejoras salariales, como también era común que el cuerpo de delegados impugnara los acuerdos que la UTA hacía con Metrovías, por considerarlos insuficientes. Finalmente, la UTA inició contra los delegados un proceso disciplinario interno para expulsarlos. Así los delegados iniciaron los trámites para crear la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro. Fue en octubre de 2008. En febrero de 2009 ratificaron esta decisión con un plebiscito que tuvo una respuesta masiva.

La inscripción gremial es el primer paso para el reconocimiento de un sindicato. Aunque está garantizado por la ley y es obligación del Ministerio de Trabajo otorgar la inscripción si se ha cumplido con los requisitos (como reunir avales y presentar un estatuto), Trabajo, bajo la presión de la UTA, dejó vencer todos los plazos sin inscribir a la Agtsp. Por esto, la Justicia ya había dictado un fallo de primera instancia, que ahora la Cámara de Apelaciones dejó firme.

El fallo fue dictado por los jueces Alvaro Balestrini y Mario Fera, quienes se apoyaron en el dictamen del fiscal de Cámara Eduardo Alvarez. Según detalló el abogado Guillermo Pérez Crespo, del Taller de Estudios Laborales, como argumento central el fiscal Alvarez recordó “que no es facultad del Ministerio de Trabajo conceder o denegar una inscripción cuando se han cumplido los requisitos legales para solicitarla”. El fiscal agregó que la demora “comprometía el derecho a la libertad sindical” y rescató el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que señala que los trabajadores “sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes”, sin que las autoridades públicas puedan oponerse “ni intervenir para evitar su ejercicio legal”.