Ya no mandaba hacía tiempo, y su salud dañada lo había alejado de los juzgados, donde debía seguir rindiendo cuentas por su condición de genocida. Ayer a la tarde, Emilio Eduardo Massera murió en el Hospital Naval por causa de un accidente cerebrovascular. Había sido condenado a cadena perpetua en el Juicio a las Juntas de 1985 por delitos de lesa humanidad, pero ayer consiguió la extinción de las causas por los crímenes por los que aún no había sido llevado al banquillo. Sus exequias no tendrán ninguno de los rituales castrenses porque había sido despojado de su rango militar. Hacía tiempo que estaba inconsciente, con sus facultades mentales alteradas, según determinó el Cuerpo Médico Forense, pero aún pesaban en su contra decenas de procesos y estaba siendo juzgado en ausencia en Italia. Quien supo tener ambiciones políticas más allá del poder que detentó como ideólogo del plan genocida, ya no controlaba siquiera su propio cuerpo. Massera murió a los 85 años, deja un legado que aún pesa en la Armada, y con él será sepultada invalorable información sobre el destino de los desaparecidos y de los niños apropiados que nacieron en forma clandestina en la ESMA.

Las autoridades del Hospital Naval informaron que el dictador falleció por un “paro cardiorrespiratorio no traumático como consecuencia de sus secuelas neurológicas”. En el parte médico dado a conocer frente a las puertas del hospital de Parque Centenario se informó que Massera falleció a las 16 y que su última internación data del 19 de abril. Massera sufrió varias complicaciones de salud luego del primer episodio de ACV que tuvo en 2002. Junto a sus familiares, estaba en una sala común y sin custodia judicial ni policial.

Massera encabezó el golpe de Estado que derrocó a Isabel Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976 e integró la primera Junta de Comandantes, junto a Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti. Tras haber dirigido el centro de exterminio que funcionó en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante toda la dictadura, en 1983 buscó una postulación para la presidencia, para lo cual creó el Partido para la Democracia Social, que no prosperó porque fue detenido por la desaparición del empresario Fernando Branca.

En la llamada Causa 13 de 1983, más conocida como Juicio a las Juntas Militares, fue condenado por asesinato, tortura y privación de libertad a cadena perpetua por tres casos de homicidio con alevosía, 12 de tormentos, 69 privaciones ilegales de la libertad y siete robos. En diciembre de 1986, cuando ya había sido apartado de la Armada, la Corte Suprema confirmó su condena. Fue el ex presidente Carlos Menem quien le devolvió la liberad al indultarlo en 1990, luego de haber pasado cinco años preso.

Massera no se hacía cargo de haber sido parte de un plan de exterminio, prefería hablar de “guerra justa” contra el “terrorismo subversivo”, como expresó en una de las audiencias del histórico Juicio. E incluso llegó a jactarse de haberla llevado adelante con el “aval de políticos, empresarios y curas”, tal como aseguró en 1995 en una entrevista de este diario.

Tres años más tarde volvió a ser detenido por la apropiación de un bebé nacido en la ESMA, un crimen que había sido excluido de las leyes de impunidad. Estuvo preso en Campo de Mayo, pero desde octubre de 2000 gozó del arresto domiciliario en su quinta de El Talar de Pacheco: un refugio de unos 9 mil metros arbolados, con pileta, dos canchas de tenis y una cómoda casa que Massera compró en 1977 con los mismos intermediarios, testaferros y escribanos que usó para quedarse con otras propiedades de empresarios que fueron secuestrados y asesinados en la ESMA. (De hecho, por la apropiación de los bienes de los desaparecidos hay una causa abierta que lo tenía como imputado, y en la que aún deberán declarar sus hijos Carlos y Eduardo Enrique.) Tan cómodo estaba el Almirante Cero que se permitía dar paseos por el perímetro exterior de la quinta, hasta que un grupo de hijos de desaparecidos lo descubrió. No era la primera vez que Massera burlaba un arresto, ya lo había hecho cuando un fotógrafo lo encontró caminando por Barrio Norte cuando debía estar preso en el penal de Magdalena, en la primera detención.

Así, en diciembre de 2002, el ex comandante perdió su beneficio y fue remitido al sector VIP de la cárcel de Gendarmería Nacional, en Campo de Mayo. Pero al poco tiempo tuvo que ser llevado al Hospital Naval, donde quedó internado, primero por un derrame cerebral y más tarde por sufrir un infarto. Las agrupaciones de derechos humanos pusieron en duda la veracidad de los informes médicos que lo tenían preso en el centro de salud de los marinos. En marzo de 2005, la jueza María Servini de Cubría suspendió los procesos en su contra, luego de que médicos forenses le informaran que presentaba una “involución mental” por daños cerebrales. Las evaluaciones médicas informaban que Massera tenía un marcapasos, que “no controla esfínteres”, “se babea por momentos” y “emite quejidos”, en el marco de un “trastorno psicoorgánico que trae aparejado un deterioro cognitivo global, crónico e irreversible”.

En abril de 2007, la Justicia anuló su indulto y el tiempo que transcurrió hasta la ratificación de su condición de insania –en mayo de 2009 por parte del Cuerpo Médico Forense y en noviembre de ese año por parte del procurador general Luis González Warcalde– no fue suficiente para obtener ninguna nueva condena en su contra. Por eso quedará un banquillo de los acusados vacío en la megacausa ESMA, y sus conexas sobre la desaparición de Rodolfo Walsh, las monjas francesas y Dagmar Hagelin; en el juicio por la apropiación sistemática de menores durante la dictadura y en el referido al Plan Cóndor. De acuerdo a las normas procesales, cuando el certificado de defunción llegue a cada uno de los juzgados en los que estaba imputado, los magistrados deberán dictar la extinción de la acción penal por muerte y el consiguiente sobreseimiento del dictador. Sin embargo, con la ratificación el 31 de agosto de la anulación de su indulto por parte de la Corte Suprema, vuelve a tener vigencia aquella condena a perpetua del Juicio a las Juntas. Y queda en pie el embargo de sus bienes para pagar la indemnización a Daniel Tarnopolsky por la desaparición de toda su familia, por la que fue condenado el genocida fallecido ayer. Fue en 2004, el mismo año que había corrido una falsa versión sobre su muerte. El juez español Baltasar Garzón decretó en octubre de 1997 una orden de detención internacional en su contra por el delito de genocidio, y también fue requerido por la Justicia de Alemania, Francia y Suiza. Pero el único proceso en marcha en el exterior contra el dictador es el que se realiza en Roma, por la desaparición de tres ciudadanos italianos: Juan Pegoraro y su hija Susana, que estaba embarazada y dio a luz en la ESMA, y Angela Aietta de Gullo. Los peritos italianos que visitaron a Massera advirtieron “posibles intentos manipulatorios, más o menos conscientes, actuados por medio de exageraciones de síntomas psíquicos ficticios”, pero finalmente determinaron que “no se encontraba en condiciones de afrontar un proceso”, y por lo tanto comenzaron a juzgarlo en rebeldía.

Alias Negro, Coara y Cero, Massera estableció la ley de la omertà marina por la cual todos los rangos debían involucrarse en las aberrantes prácticas represivas del terrorismo de Estado, y serían premiados con parte del “botín de guerra” robado a las víctimas. “Acá todos ponen los dedos, todos se comprometen, así nadie habla”, predicaba. Por eso ayer algunas de sus víctimas lamentaban el definitivo silencio sobre los datos de los desaparecidos y de sus hijos nacidos en las mazmorras de la ESMA, y se quejaban de su legado: centenares de marinos en actividad formados en esa omertà.