Cuando cumplió sus 41 años, Raúl Grieve se quedó sin trabajo. Hasta entonces había pasado la mitad de su vida como obrero portuario en las dársenas de Buenos Aires; durante el gobierno menemista el sector se privatizó y en unos pocos meses el estibador vio cómo “de 14 mil puestos de empleo quedaban apenas mil” y él iba a parar a la calle. Grieve hace ocho años que no cobra un sueldo y la idea de volver a la actividad, dice, es lo que lo mantiene despierto, su expectativa central. “Si estuviera en el puerto todavía me faltarían 15 años antes de jubilarme”, cuenta mientras sostiene en la entrada del polo petroquímico de Dock Sud una pancarta piquetera. El hombre fue uno de los que bloquearon el lugar para reclamar –ya no al Estado sino al sector privado– la creación de trabajo genuino. En el ingreso a las plantas de Repsol y Shell, unos tres mil piqueteros cortaron las calles impidiendo la circulación de camiones; antes del mediodía una delegación fue recibida por las petroleras. Hubo protestas similares en otras plantas del país y en muchas de ellas los desocupados consiguieron entrevistas. El argumento repetido en esas reuniones fue que las empresas que se están beneficiando con la reactivación deben ahora comprometerse a generar empleo. Aunque en el pasado se habían hecho algunos intentos de presión sobre el sector privado, el de ayer fue el primer reclamo masivo y coordinado del movimiento de desocupados en ese sentido.
La jornada de protesta abarcó, según sus organizadores, 35 piquetes a fábricas a lo largo de todo el país. De cara a la sociedad, su objetivo consistió en instalar el mensaje de que los piqueteros no están dispuestos a conformarse con los programas sociales como el Jefes y Jefas de Hogar, sino que quieren una Argentina de trabajo.
No se trató de una expresión de descontento simbólica, sino de medidas de acción directa, ya que los bloqueos buscaron de manera abierta y anunciada paralizar la actividad industrial para llegar a una negociación. Los manifestantes permitieron circular solamente a los autos particulares y a los empleados de cada lugar, a quienes repartieron volantes explicando por qué estaban haciendo lo que hacían.
A la Unión Industrial Argentina le pidieron tres mil puestos; otras firmas como la Coca Cola, Firestone, Pirelli, Esso, Nobleza Piccardo, Terrabusi y Volkswagen recibieron idéntico pedido.
En algunos casos –como el de Firestone y Pirelli– se abrieron canales de diálogo y los representantes empresarios ofrecieron como contrapropuesta que les acercaran listados de aspirantes, que tendrán en cuenta en el caso de tomar personal. La UIA quedó en responder formalmente en 72 horas. Las petroleras, acusaron los piqueteros, fueron las más indiferentes: en Dock Sud los representantes de Repsol y Shell se levantaron de la mesa aduciendo que iban a realizar una consulta y nunca volvieron.
“Hacemos un balance en positivo”, dijo al terminar el día Jorge Ceballos (Barrios de Pie) a Página/12. “La respuesta empresaria nos pareció aceptable. No diría excelente porque sería una exageración, pero sí aceptable porque fuimos bien recibidos, hubo disposición a seguir charlando del tema y a tomar nota de los reclamos. Nadie nos prometió nada, pero tampoco hubo una actitud de tirarle la pelota al Gobierno y decirnos que nos arreglemos con ellos.”
En la jornada confluyeron 10 agrupaciones: el Polo Obrero, Barrios de Pie, el Movimiento de Raúl Castells, los CTD en la Aníbal Verón (sector vinculado a Quebracho), el Movimiento Teresa Rodríguez, Resistir y Vencer, el Frente de Trabajadores Combativos y el 19 de Diciembre, la Coordinadora de Unidad Barrial y el Movimiento Territorial de Liberación. Simultáneamente con los bloqueos, los MTD en la Aníbal Verón cortaron el puente Pueyrredón.
No hubo incidentes ni episodios de represión, aunque en Dock Sud el PO denunció que un manifestante fue golpeado por la Prefectura. La obtención de puestos de empleo por parte de los grupos piqueteros tiene algunos antecedentes en Salta y en la Patagonia, en la localidad de Pico Truncado. El ejemplo más claro es el de Mosconi, donde la UTD que encabeza Pepino Fernández –integrada en su mayoría por ex empleados de YPF afectados por la privatización– consiguió lugares en las petroleras e impulsó a la vez el desarrollo de planes de obras públicas. Apoyados en un fuerte deseo de defender la cultura del trabajo, la UTD implementó un sistema de rotación para que la mayor cantidad de piqueteros posible accediera a esos lugares.
Pero hasta ahora, en cambio, ni en el conurbano ni en la Capital Federal pasó nada parecido. En el Gran Buenos Aires las organizaciones vienen planteándose hace tiempo distintos caminos para generar trabajo. Una de las vías intentada es la de los microemprendimientos, con la creación de pequeños talleres donde los beneficiarios de los planes producen bienes de primera necesidad. Estos proyectos productivos tienen la ventaja de que permiten a la gente organizarse con reglas propias, pero deben abrirse paso entre fuertes limitaciones: sin capital, sin máquinas, sin estructuras de distribución y con un mercado en crisis cualquier emprendimiento es muy difícil de sostener. Por ahora, están funcionando las panaderías, las huertas comunitarias y no mucho más.
En la misma línea, un segundo camino es el de la alianza con las fábricas ocupadas; los ceramistas de Zanon, por ejemplo, han dado empleo a grupos de desocupados. Y los piqueteros han apoyado a su vez todas las tomas de empresas quebradas, cada vez que hubo amenazas de desalojo.
El reclamo directo a las empresas, en cambio, empieza a transitarse recién ahora. El año pasado hubo manifestaciones frente a sedes en el microcentro, pero las movilizaciones tuvieron más un carácter de denuncia (como señalar públicamente a las privatizadas con mayores ganancias) que de presión real, masiva y sostenida en el tiempo.
Todo indica que el tema va colocarse en el centro del debate en los próximos meses, ya que si por un lado los desocupados tomaron la decisión política de instalar el tema, por el otro la ministra Graciela Camaño se muestra decidida a impulsar la incorporación de desocupados a las fábricas mediante el plan Jefes y Jefas de Hogar. Su aspiración de máxima es llegar a los 400 mil beneficiarios.
La iniciativa es escabrosa porque conlleva varios riesgos, entre ellos los de bajar el piso de los sueldos, favorecer los despidos y precarizar aún más el mercado laboral.
“Nosotros vamos a entrar, queremos impulsar la creación de una bolsa de trabajo piquetera”, dijo a este diario Néstor Pitrola, del Polo Obrero. El sector tiene previsto para esta semana un encuentro con funcionarios del Gobierno para discutir el tema, en el que expresará sus condiciones: “que haya garantías legales de que con cortes de ruta y una marcha el próximo 19 no se va implicar una mayor precarización laboral. Si no terminamos con la jornada extendida y la flexibilización, no hay manera de que el uso de los subsidios sea positivo”.
En cambio, otras organizaciones como Barrios de Pie y algunos barrios de la Aníbal Verón anticiparon su oposición completa a la propuesta. Desde el MTL (línea piquetera del PC), Beto Ibarra también manifestó su oposición al uso de los planes para que las empresas tomen personal.
La jornada de ayer fue el inicio de un plan de lucha que continuará la semana próxima. Los desocupados retomarán en ellas sus demandas al Estado, por un aumento en el monto de los subsidios (de 150 a 300 pesos), la incorporación de los beneficiarios dados de baja y la extensión de los programas a jóvenes y ancianos. Hasta ahora, tienen el compromiso del Gobierno de revisar los casos de quienes fueron dados de baja del Jefes de Hogar. Las próximas protestas incluirán cortes de ruta durante la semana que viene y una marcha a todos los ministerios de Trabajo, nacional y provinciales, el 19 de febrero.