Después del entierro del Rey Momo, diputados oficialistas y opositores se reunirán para tratar de acordar una agenda común con la que intentarán abrir el miércoles 16 de marzo el período legislativo en la Cámara baja con la primera sesión del año. El kirchnerismo llevará a la mesa de negociación un temario con proyectos “menos conflictivos”, que incluye uno de los reclamos que la presidenta Cristina Kirchner realizó ante la Asamblea Legislativa: la sanción de un nuevo régimen para empleadas domésticas que el Ejecutivo envió el año pasado al Congreso. Pero el dividido conglomerado opositor no está dispuesto a resignar su propia agenda parlamentaria en un año cruzado por las elecciones presidenciales. Con el acuerdo y la intención de sesionar al menos una vez al mes en medio de un disperso calendario electoral, los negociadores de las principales bancadas de Diputados fijaron la fecha con el almanaque en la mano: el 16 de marzo. La única semana del mes con cinco día laborables en medio de las dos primeras elecciones provinciales adelantadas del año, el 13 en Catamarca y el 20 en Chubut. La otra apuesta será saltar, después de los feriados de Carnaval, de los contactos informales a la elaboración de un “temario consensuado” para llevar al recinto el miércoles 16.

El bloque K propondrá reeditar el orden del día acordado para la última sesión de noviembre del año pasado que se frustró en medio de la disputa por el Presupuesto. Ahí figura uno de los proyectos reclamados por la Presidenta ante la Asamblea Legislativa en la apertura del año parlamentario, el nuevo estatuto para los trabajadores de casas particulares. Una iniciativa del Gobierno que nunca llegó al recinto.

Un listado que también contiene otros proyectos oficialistas postergados, como la digitalización del sistema judicial, sistema educativo para el Servicio Penitenciario y la ratificación de varios convenios internacionales, entre ellos el firmado con Israel. “Queremos avanzar con los temas sin disidencias para impulsar la actividad parlamentaria, teniendo en cuenta que será un año difícil por el calendario electoral”, precisó un legislador del Frente para la Victoria que participa de los contactos con la oposición.

Mientras tanto, oficialistas y opositores aguardan que el Ejecutivo envíe al Congreso los proyectos sobre una nueva ley de adopción y para poner límites a la extranjerización de grandes extensiones de tierras que la Presidenta prometió enviar al Parlamento. Al mismo tiempo que revisan los proyectos que se discuten en comisiones sobre la Ley Penal Tributaria y el estatuto para el peón rural, las otras iniciativas que Cristina Kirchner le pidió apurar al Parlamento.

Pero la oposición tampoco está dispuesta a bajar sus propias banderas legislativas. Aunque el año electoral complica al conglomerado opositor, que dividido en varias alianzas electorales, quiere acentuar su propio perfil con vistas a las presidenciales de octubre. Así al menos se mostró el radicalismo, que después de una jornada de “retiro espiritual” –como ellos mismos la denominaron– decidieron priorizar sus propias proyectos antes de tratar de recomponer el Grupo A, cuyos integrantes se enfrentarán en más de un distrito durante el disperso calendario electoral.

La UCR volverá a la carga en Diputados para reabrir el debate por el presupuesto 2011 y tendrá como bandera convocar por ley a un plebiscito popular vinculante para implementar el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil a jubilaciones y pensiones. Propuestas que respaldan los aliados del radicalismo como el socialismo y el GEN. Pero a la que también sumaron al Peronismo Federal, que a su vez promueve la declaración de la emergencia en seguridad y una ley para prohibir la publicidad oficial durante la campaña electoral, redactada por el partidario de De Narváez Gustavo Ferrari. Para la CC insistirá con la reforma del Indec, entre otros temas, y Proyecto Sur con la creación de una nueva empresa estatal ferroviaria y la comisión bicameral investigadora de la deuda externa. Las diferencias de prioridades en la agenda legislativa de oficialistas y opositores volverán a ser el principal escollo para poner en marcha la Cámara baja.