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La mayoría de los bloques opositores en la Cámara de Diputados citaron para mañana a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para que explique a los legisladores por qué no disolvió el bloqueo que el domingo impidió la distribución del diario Clarín y demoró el de La Nación. Los diputados opositores acordaron este paso después de evaluar que sería difícil avanzar con la interpelación a la ministra o un pedido de juicio político. También redactaron un comunicado de repudio y una denuncia por “ataques a la libertad de expresión” que enviarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Garré emitió un comunicado asegurando que “cumplió las directivas” que recibió de la Justicia durante el bloqueo a la planta y que ninguno de los fueros intervinientes –el correccional, el federal y el contravencional porteño– dieron órdenes de despejar la zona. Además, destacó que se trata de “un conflicto gremial” y rechazó que ese hecho haya configurado un ataque a la libertad de prensa.

La reunión de los diputados opositores se realizó ayer a primera hora de la tarde y a puertas cerradas en el despacho de la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, la radical Silvana Giúdici. Después de una hora de deliberaciones, tampoco se realizó la prometida rueda de prensa, aunque los legisladores difundieron lo acordado por separado. El jefe del bloque de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, afirmó que se resolvió notificar la denuncia a la relatoría de la CIDH y citar a Garré al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Libertad de Expresión y de Justicia –todas presididas por opositores– que se convocó para mañana a las 10. “La Constitución dice que los ministros deben concurrir a informar a las comisiones”, insistió el ex camarista federal. Del encuentro para unificar posturas entre las distintas propuestas opositoras participaron diputados de la UCR, el PRO, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica y el socialismo. Allí también se firmó una declaración de repudio al bloqueo que asociaron –en sintonía con las empresas denunciantes– como un ataque a la libertad de expresión.

Un poco más tarde, desde el Ministerio de Seguridad difundieron un extenso comunicado donde afirmaron que se “cumplieron estrictamente las directivas que recibió de los magistrados actuantes”, a través de un relato cronológico que arranca a las 2 de la madrugada del domingo. Allí describe los contactos de la Policía Federal con distintos funcionarios judiciales. Según el comunicado, ni la Fiscalía Correccional 3 –que pidió la intervención de la Justicia federal–, ni la Fiscalía Federal 7 –que no respondió a los llamados– y tampoco la Fiscalía Contravencional porteña –que levantó una infracción por “obstrucción en la vía pública”– ordenaron que se despejara la zona.

Incluso, que la Justicia correccional –que finalmente siguió el episodio– tomó conocimiento de que el delegado de los trabajadores en conflicto, Luis Siri, iba a realizar una asamblea el domingo a las 11 para ver si se levantaba el bloqueo, y quedó a la espera de esa definición. También hace referencia al fallo del juzgado civil 64, que concedió un amparo a la empresa AGEA contra Siri y sus compañeros. “En este sentido –dice el comunicado–, el ministerio ordenó a la policía impulsar a los demandados, a través de una acción ejercida con prudencia, al retiro pacífico, teniendo en cuenta que en el escenario del conflicto se hallan presentes sus familiares: mujeres y niños”. Por eso el ministerio concluye que “de ninguna manera quedó afectada la libertad de expresión como se sostiene, con la evidente mala intención de dramatizar el episodio y de victimizarse” y que “simplemente se trata de un conflicto gremial de larga data, que se desarrolla entre la empresa AGEA y sus trabajadores”.