Martes, 29 de marzo de 2011 | Hoy
SOCIEDAD › OPINIóN
Por Esteban Ignacio Viñas y Adriana Lucía Nannis
A medida que avanza el proceso para la destitución del juez de garantías Rafael Sal Lari, propulsado de manera ostensible por el intendente municipal de San Isidro, quien encabeza una verdadera cruzada contra el magistrado, se compromete la función republicana de una judicatura que debería estar exenta de este tipo de presiones indebidas.
En efecto, como es notorio, el intendente Gustavo Posse lidera al grupo de acusadores privados que imputan el mal desempeño del juez, centralmente, por las excarcelaciones concedidas en el marco de varias causas penales y, en general, por la aplicación de criterios garantistas que los denunciantes rechazan.
Sin embargo, esos obstinados detractores de Sal Lari no reparan que por imperativo constitucional la libertad ambulatoria durante el proceso debe ser la regla, y que la prisionización preventiva no es una pena anticipada que pueda encerrar y segregar –antes de la sentencia de condena– a quienes el propio ordenamiento jurídico les reconoce el estado jurídico de inocencia. Tampoco advierten, con seguridad, que las simples diferencias de criterio no pueden ser consideradas causales de mal desempeño. Ni, en fin, que el avance de este jury implica un claro retroceso para quienes nos desempeñamos en un Poder Judicial que debe seguir siendo independiente, tanto de las intolerables injerencias de la política, como de las de grupos de presión (mediáticos y/o sectoriales).
En síntesis, bajo la causal alegada del “mal desempeño” se está encubriendo no sólo una verdadera persecución política e ideológica contra el juez Sal Lari, tal como la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró configurada en el caso “Apitz Barbera y otros vs. Venezuela”, sino también se está ejerciendo una presión indebida sobre el resto de los magistrados del Poder Judicial, la que impugnamos por esta vía dada su manifiesta incompatibilidad con los principios de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
* Presidente y vicepresidenta de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires.
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