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Cuando se habla de las rémoras del pasado que impiden la renovación del Poder Judicial y bloquean el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura surge su nombre como uno de los protagonistas de tales enclaves detenidos en el tiempo. El fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica, a quien apodan “el Potro”, pertenece a la rama más conservadora de la corporativa familia judicial, por eso se junta con defensores de represores como el ex camarista Alfredo Bisordi a rumiar su bronca por los vientos progresistas que soplan en estos días, y se filtran, de a ratos, por los pasillos de Tribunales. Cuando los aires llegan al quinto piso de Comodoro Py provocan la alergia del ocupante de la fiscalía de Cámara 1.

Un cruce de palabras en un estudio de televisión, que derivó en un juicio por calumnias, resume con precisión al personaje. Había pasado un mes de la desaparición de Jorge Julio López, en octubre de 2006, cuando Romero Victorica fue mencionado por el legislador Marcelo Parrilli (MST-Nueva Izquierda) como “partícipe necesario de los secuestros, torturas y desapariciones” de la dictadura. El propio Parrilli recuerda cuáles fueron sus palabras en el blog de Cadhu (Centro de Abogados por los Derechos Humanos): “Dije que muy poco protegidos podían sentirse los testigos que declaran en las causas por violaciones a los derechos humanos si, por ejemplo, tenemos en cuenta que en la Cámara de Casación hay gente directamente vinculada al aparato judicial y a las fiscalías de la dictadura, y aclaré que los casos eran los de Romero Victorica, el ex juez de la dictadura; Pedro Narvaiz, también fiscal de Casación, y del ex juez Alfredo Bisordi”. Según Parrilli, “todos ellos desde la función que cumplían resultaron partícipes necesarios” de los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.

Romero Victorica lo querelló y pidió que el letrado cumpliera cuatro años de prisión. Lejos de retractarse, Parrilli consideró que el proceso era una buena oportunidad de poner de manifiesto el rol de “la pata judicial” del gobierno militar. En sentido contrario a lo expresado por la Corte y los tribunales del país sobre la imprescriptibilidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, el Potro Victorica sigue sosteniendo que esos delitos que cometieron los militares y demás sicarios del Estado están prescriptos, es decir, que no deben ser juzgados. Por eso pidió que se anulara una condena al represor Miguel Etchecolatz y al médico policial Jorge Bergés en la causa de una joven uruguaya secuestrada y dada en adopción a represores. Parrilli también recordó que Romero Victorica es amigo de Gustavo Adolfo Eklund, alias “el Alemán”, ex miembro de la Triple A, probable integrante de la patota que asesinó a Ortega Peña y detenido por violaciones a los derechos humanos. Eklund lo visitaba en su despacho en los años 1979 y 1980, cuando Romero Victorica era secretario de un juzgado de instrucción y “la máquina de secuestrar, torturar y matar funcionaba día y noche”.

“No puedo creer que a Jimmy le imputen esos hechos, no sé qué hace esta causa acá, si yo estoy de acuerdo con la excarcelación”, bramó el fiscal de Casación en junio de 2009, cuando ese tribunal trataba los recursos presentados por el ex ministro de gobierno de facto Jaime Lamont Smart. “Esos hechos” son 60 privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos que sufrieron, entre otros, el periodista Jacobo Timerman en el marco del circuito Camps. La Secretaría de Derechos Humanos denunció a Romero Victorica por tal demostración de familiaridad con el imputado y porque consideró que “si el elenco estable de funcionarios judiciales que defiende a civiles y militares procesados por crímenes de lesa humanidad representara los intereses de la sociedad, la democracia estaría en problemas”. La secretaría lo denunció ante su jefe, el procurador Esteban Righi, quien le aplicó un llamado de atención. Ese año el fiscal habría celebrado el triunfo de Unión PRO con la esperanza de que “oxigene la Justicia”.

En 1992, Romero Victorica ya ostentaba una meritoria trayectoria como abogado, a la que sumó el respaldo del ex presidente Carlos Menem para postularse como juez de Casación. Pero el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo impugnó, junto a otros siete postulantes, ante la Comisión de Acuerdos del Senado, y lo describió como “un hombre de convicciones autoritarias, nunca ocultadas”. Romero Victorica había llamado “subversivo” al abogado asesinado Guillermo Díaz Lestrem, con lo cual el CELS consideró que era un aval implícito al terrorismo de Estado. Otra de sus frases célebres fue la que pronunció sobre el copamiento al cuartel de La Tablada, en enero de 1989. “En 1970 se libró una guerra que hoy se reinicia en la batalla de La Tablada”, dijo ante políticos y legisladores de la incipiente democracia. Respecto de los indultos dijo: “Menem sabe que entendí el mensaje de conciliación, pese a que me tuve que tragar el sapo del indulto a (Mario) Firmenich, claro que con el indulto liberaron a muchos amigos míos, del bando contrario al de Firmenich”.

Sin embargo, de quien llegó a ser amigo fue de otro ex jefe montonero, Rodolfo Galimberti, a quien investigó por el secuestro del empresario Jorge Born. Romero Victorica intervino en la causa y con Galimberti consiguieron que la familia Graiver se desprendiera de unos cuantos millones en concepto de “devolución” a Born, de quien Galimba luego terminaría como socio. Quedaron todos íntimos.

Romero Victorica no fue juez de Casación, pero llegó igual al quinto piso de los tribunales federales de Retiro, donde ocupa la Fiscalía de Cámara 1. Para ello no necesitaba los votos de los senadores. Una de sus primeras iniciativas fue denunciar por corrupción al ex ministro de Economía de Raúl Alfonsín, Bernardo Grinspun. No la pudo probar pero la difundió, y los familiares del ex funcionario lo querellaron a él por calumnias e injurias.

Tampoco fue feliz su participación en el caso García Belsunce. En su condición de integrante del entorno familiar terminó diciendo que los parientes de la asesinada María Martha mintieron. No acudió a declarar cuando lo convocaron y calificó al fiscal Diego Molina Pico de “mocoso imberbe”.

El extrovertido Romero Victorica es un notorio representante de esa rancia estirpe conservadora que resiste en Tribunales. No es el único, pero es uno de los más notorios.