Mientras el Superior Tribunal de Justicia de Chubut comienza a deliberar para decidir si convocará o no a elecciones complementarias por las seis mesas anuladas en los comicios provinciales del 20 de marzo, la fiscal general de Rawson, Graciela Suárez García, comenzó a actuar con el fin de determinar si hubo o no fraude en el proceso electoral y el escrutinio, tal como denunció el Frente para la Victoria. Con esa finalidad, ordenó incautar las más de mil cien urnas utilizadas para evitar que se destruyan (tal como se suele hacer cuando no se detectan irregularidades) y ya anticipó que solicitará la apertura de al menos 23 de ellas para comenzar a indagar, aunque esto se llevará a cabo sólo una vez que haya concluido el proceso electoral y la provincia tenga un nuevo gobernador.

“Hemos pedido que se abran 23 urnas, aunque hay denuncias por otros casos, y además se procurará tener el testimonio de la gente responsable de las mesas electorales para que cuenten cómo se confeccionó el acta, si hay falsificación parcial o total de los datos”, anticipó Suárez García. “Ya di cuenta al tribunal para que no destruyan la documentación ni las urnas como suele ocurrir cuando se da por cerrado el proceso electoral, sino que se mantengan en custodia y pueda acceder a la revisión –justificó–. Tengo denunciada la falsedad documental, y con los datos aportados por los denunciantes más otras acciones que realizamos en el marco de la investigación debo requerir la apertura de las urnas para saber lo que hay adentro.”

El resultado de estas investigaciones, que afectan a más de diez mil votantes, no podrán modificar el llamado a elecciones complementarias, que se hará, si así lo decide el STJ, sobre las seis que fueron requeridas por el FpV y anuladas por la Justicia. “Las otras ya fueron habilitadas por nuestros fiscales dos veces, en el escrutinio provisorio y en el definitivo, por lo que no podemos solicitar ahora que vuelva a votarse”, le explicó a Página/12 el apoderado del PJ nacional, Jorge Landau, encargado de seguir el caso por orden de la presidenta Cristina Kirchner. Sin embargo, estas acciones refuerzan las denuncias de fraude y suman argumentos a favor de que se repita la votación en las mesas impugnadas, ya que “queda cada vez más claro que hubo irregularidades que apuntaron a beneficiar a uno de los dos lados”.

La decisión sobre si se llevarán a cabo o no nuevas elecciones para las seis urnas anuladas la tomará esta semana el STJ, luego de que el Tribunal Electoral provincial (con mayoría designada por el gobernador Mario Das Neves) rechazara ese pedido y el kirchnerismo apelara la decisión. El apoderado del FpV chubutense, Blas Meza Evans, observó que ese espacio se reserva “llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación” en caso de no estar conformes con la decisión, algo que seguramente hará también la otra lista si el STJ falla en el otro sentido. Sin embargo, es poco probable que el máximo tribunal del país acepte decidir sobre un tema que incumbe a la vida institucional de una provincia, por lo que la decisión del tribunal provincial –que se conocería este jueves– sea definitiva.

Por otro carril corre la denuncia penal por fraude, presentada a principios de este mes para que se investigue el “cúmulo de irregularidades producidas en el proceso electoral convocado en la provincia” y que, entre otras desprolijidades, indica que “ha votado una cantidad indeterminada de personas sin derecho a voto por no estar empadronados en Chubut”. La actuación de la fiscal Suárez García busca determinar la veracidad de estas acusaciones.